El juez José Villalba resolvió rechazar la demanda promovida por los hijos del exfutbolista Salvador Cabañas, quienes pretendían que se declare su incapacidad mental para administrar sus bienes. La decisión judicial representa un respaldo a la autonomía del histórico ídolo del fútbol paraguayo, poniendo fin al menos en Primera Instancia a una disputa familiar que había ganado amplia repercusión pública.

Los hijos del exdelantero, Mía y Santiago, de 21 y 24 años, habían solicitado ante el Poder Judicial la curaduría legal de los bienes de su padre, alegando que Cabañas no estaría en condiciones mentales de manejar su patrimonio ni de tomar decisiones legales, especialmente relacionadas con propiedades de alto valor.

El punto más sensible del conflicto gira en torno a un complejo deportivo ubicado en Villa Elisa, valuado entre 5 y 6 millones de dólares, actualmente en proceso de venta. Los demandantes sostuvieron que su padre podría ser manipulado o inducido a tomar decisiones contrarias a su propio interés debido a su supuesta vulnerabilidad mental.

«Desestimar sin más trámite la declaración de insania contra Salvador Cabañas, dada su notoria y manifiesta improcedencia», señala parte de la decisión del magistrado Villalba.

La resolución del juez Villalba ratifica que Salvador Cabañas mantiene plenas facultades mentales y, por tanto, puede seguir administrando sus bienes sin restricciones legales.

Este caso vuelve a poner en debate el manejo del patrimonio de figuras públicas retiradas y cómo las disputas familiares pueden derivar en procesos judiciales que exponen la intimidad y la confianza entre padres e hijos.

Dentro del proceso penal abierto por el denominado esquema de la “mafia de los pagarés”, la jueza Nathalia Garcete, titular del juzgado de Paz de la Catedral (Segundo Turno), se convirtió en la primera magistrada de Paz en enfrentar audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, en el marco del proceso que investiga una presunta red de corrupción judicial vinculada a la tramitación irregular de juicios ejecutivos.

La audiencia busca determinar si la jueza Garcete y otros procesados entre ellos funcionarios judiciales y abogados litigantes que litigaban en su juzgado irán a juicio oral por su supuesta participación en maniobras fraudulentas que afectaron a miles de ciudadanos.

Garcete está acusada por los presuntos hechos punibles de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la jueza habría dictado resoluciones judiciales con base en informes falsos elaborados por ujieres notificadores y actuarios, y en algunos casos emitió decisiones sin consignar fechas.

La investigación sostiene que estas actuaciones formaban parte de un entramado delictivo orientado a defraudar a jubilados y funcionarios públicos, a través de la ejecución de pagarés falsificados o por deudas inexistentes, algunas de ellas ya canceladas. Incluso se detectaron pagarés que no cumplían los requisitos legales mínimos para iniciar un proceso ejecutivo, lo que pone en evidencia una grave distorsión en la aplicación de la justicia de Paz.

La acusación fiscal comprende a unas 70 personas entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranza. El caso ha sido descrito por los investigadores como uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en la historia reciente, debido a la forma irregular y masiva en que se gestionaban los expedientes.

Según la investigación, miles de causas judiciales habrían sido trasladadas o almacenadas en oficinas privadas, en abierta violación de las normas procesales, lo que permitía manipular los expedientes y avanzar en embargos sin conocimiento de los supuestos deudores. Estas prácticas ocasionaron descuentos indebidos en salarios y haberes jubilatorios durante años.

Además del proceso penal, la jueza Garcete enfrenta un expediente disciplinario ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En esa instancia, el fiscal acusador solicitó su destitución, argumentando que la magistrada ordenó embargos en cerca de 60 causas sin fecha, beneficiando directamente a las empresas que promovían los juicios.

El JEM analiza las actuaciones de la magistrada bajo el criterio de graves irregularidades funcionales y violación del deber de imparcialidad judicial, lo que podría derivar en su separación definitiva del cargo si se confirman las sospechas.

En su descargo, Nathalia Garcete negó haber actuado con mala fe y alegó que, al detectar irregularidades en algunos procesos, ordenó frenar los embargos decretados. Su defensa sostiene que la jueza no participó deliberadamente del esquema y que su actuación se limitó a resolver causas dentro del marco de la información que obraba en los expedientes.

La investigación de la “mafia de los pagarés” ha puesto al descubierto una estructura ilícita dentro del sistema de justicia, que durante años habría permitido la ejecución de juicios falsos para el cobro indebido de deudas, afectando a miles de personas en todo el país.

El Poder Judicial dio a conocer un hallazgo de gran magnitud dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, al detectar más de 23.000 juicios ejecutivos fraudulentos tramitados en juzgados de Paz de Asunción y del Departamento Central. Como resultado, se dispuso el levantamiento inmediato de las medidas de embargo que afectaban a miles de personas en todo el país.

Durante la sesión plenaria de la Corte, se presentó un informe elaborado por la Oficina Técnica de la Justicia de Paz, que detalla los casos en los cuales se ha dispuesto la caducidad, nulidad o finiquito de los procesos. El relevamiento confirma la existencia de un patrón de irregularidades procesales en la tramitación de estos juicios, que derivaron en embargos indebidos de salarios y haberes jubilatorios.

“Es un número muy significativo: 23.000 causas revisadas y depuradas. Esta labor responde a la Acordada N° 1800/2025, dictada para fortalecer el control y la gestión de los juzgados de Paz”, destacó el ministro Alberto Martínez Simón, al subrayar el impacto de esta resolución que libera a miles de ciudadanos de deudas originadas en procesos irregulares.

Detalles del informe que el Departamento Central, se revisaron causas de 21 juzgados de Paz, con los siguientes resultados:3.433 expedientes finiquitados, 6.653 caducados, 177 expedientes donde se declaró la nulidad y, en 2.700 casos se han ordenado el levantamiento de medidas cautelares.

Mientras que la Capital, el informe abarca seis juzgados de Paz, con excepción del de la Recoleta, y arroja: 5.764 expedientes finiquitados, 2.309 caducados,b319 anulados, y 1.624 levantamientos de embargos.

En total, más de 23.000 causas fueron revisadas, beneficiando a una cantidad equivalente de personas que sufrían descuentos ilegales desde sus salarios o jubilaciones.

En el ámbito penal, el Ministerio Público también avanzó en las investigaciones, recientemente se formuló la acusación formal contra magistradas y exmagistrados presuntamente involucrados en esta red delictiva.

Entre los acusados figuran las juezas Analía Cibils (Juzgado de Paz de La Encarnación) y Nathalia Garcete (Catedral Segundo Turno); los exjueces Víctor Nilo Rodríguez (Recoleta) y Liliana González de Bristot (San Roque); además de actuarios judiciales, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranzas.

Según la acusación presentada por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, las empresas de cobranzas, con apoyo de funcionarios judiciales, fabricaban pagarés y promovían juicios ejecutivos falsos. En estos procesos, se simulaban notificaciones, se falsificaban informes y se dictaban resoluciones sin conocimiento de los supuestos deudores, permitiendo embargos ilegales durante años.

La Corte Suprema de Justicia reafirmó su compromiso de depurar el sistema judicial y restituir los derechos de las víctimas. El operativo de revisión masiva constituye uno de los mayores procesos de saneamiento judicial de los últimos años, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción y la protección de los ciudadanos ante el abuso de los mecanismos judiciales que nació en la misma justicia.

Con el objetivo de fomentar la reintegración social y brindar oportunidades de formación a adolescentes en conflicto con la ley, el juez Penal Adolescente, doctor Ubaldo Matías Garcete Piris, encabezó un taller de barbería desarrollado en el Salón “Dr. Luis Escobar Faella” de la Casa del Magistrado Judicial, perteneciente a la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.

La actividad, contó con la participación de 18 jóvenes y se enmarcó en el enfoque de justicia terapéutica que promueve la Ley Nº 1680, orientada a la reinserción social de adolescentes infractores.

El doctor Garcete impulsó esta iniciativa junto con sus alumnos del tercer año de la carrera de Derecho de una universidad privada de Asunción, en el contexto de la cátedra de Derecho Penal. El taller buscó no solo ofrecer un espacio de aprendizaje práctico, sino también fortalecer valores como la responsabilidad y la superación personal.

“El propósito es brindarles una herramienta que les permita contar con un oficio digno y generar su propio sustento. La educación y el trabajo son pilares fundamentales para la reinserción efectiva”, destacó el magistrado.

Cabe señalar que esta no es la primera experiencia de este tipo. En ocasiones anteriores, los jóvenes ya participaron en un taller de panadería, con resultados alentadores.

El juez Garcete resaltó que se prevé replicar este tipo de propuestas en otros juzgados, dependiendo de la selección de participantes y la disponibilidad de espacios. A través de la Oficina Técnica Penal Adolescente del Poder Judicial, se continuará promoviendo actividades orientadas a la formación técnica y al desarrollo personal de los adolescentes, ampliando así el alcance de este valioso programa social que busca devolver a la sociedad a jóvenes con posibilidades de total readaptación.

La Oficina Técnica de Género del Ministerio Público, expresó su profunda preocupación por el manejo público de información sensible relacionada con niños, niñas y adolescentes involucrados en investigaciones penales, incluyendo casos de maltrato, violencia y abuso sexual.

Se enfatiza que la difusión de datos que permitan identificar a las víctimas y esto constituye un riesgo de revictimización, que puede dejar secuelas emocionales y psicológicas a corto y largo plazo. Por ello, se insta a todas las partes involucradas en los procesos judiciales sean familiares, abogados, operadores de justicia y funcionarios a resguardar la integridad física, emocional y psíquica de los menores de edad, respetando el principio del interés superior del niño.

La Oficina recordó que, los actos investigativos deben agotarse cumpliendo la ley y garantizando la protección de los derechos de los menores. Que, si se comprueba la existencia del hecho punible, el Ministerio Público debe perseguir la sanción correspondiente y brindar contención a las familias.

Mientras que en los casos en que se descarta la comisión del hecho, se debe garantizar acompañamiento psicológico para evitar secuelas derivadas de la revictimización.

La publicación o difusión de información sobre menores en situación de vulnerabilidad o víctimas de delitos es prohibida por ley, y su incumplimiento agrava la situación emocional de los afectados.

La Oficina denunció casos en los que funcionarios han accedido, manipulado o divulgado información de menores sin autorización y con fines políticos, generando daño a la intimidad y exponiendo a los niños y adolescentes a un estrés innecesario.

Finalmente, se reafirma que la protección de la identidad y los derechos de los menores es responsabilidad del Estado, y constituye un mandato constitucional que debe ser respetado por todos los actores del sistema de justicia. La Oficina Técnica de Género llama a actuar con responsabilidad, sensibilidad y respeto, evitando cualquier conducta que pueda agravar la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La agente fiscal Ruth Benítez obtuvo una condena de ocho años de prisión contra el abogado José Augusto Morales Araujo, hallado culpable por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes. Durante el juicio oral y público quedó demostrado que el procesado importó, reprodujo y exportó imágenes y videos de contenido sexual explícito en los que participaban niños menores de 14 años.

Según los antecedentes de la causa, la investigación se inició a partir de un reporte CyberTipline, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional VPN entre el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y el Ministerio Público de Paraguay.

El caso tuvo origen tras una ciberpatrulla internacional efectuada desde los Estados Unidos, mediante una herramienta de monitoreo digital que detectó descargas masivas desde Google de material pornográfico infantil.

El reporte fue remitido al Ministerio Público paraguayo, donde los investigadores verificaron que las descargas y reproducciones estaban vinculadas a dos cuentas de correo electrónico asociadas a un número telefónico registrado a nombre del ahora condenado.

Durante el allanamiento realizado en su vivienda se incautaron un teléfono celular, una computadora y una memoria externa, dispositivos en los cuales se encontraron imágenes y videos de abuso sexual infantil, con víctimas de entre 5 y 14 años de edad.

De acuerdo con el informe técnico de análisis digital, en una notebook marca Toshiba, modelo Satellite, se hallaron 417 imágenes y 166 videos de explotación sexual infantil, mientras que en un disco externo se localizaron 138 imágenes adicionales. El peritaje determinó que todo el material correspondía a menores de 14 años, conforme a los indicadores morfológicos y de desarrollo físico observados.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó numerosos elementos probatorios que acreditaron la autoría y responsabilidad penal del acusado, demostrando que el mismo importó, exportó y almacenó material pornográfico relativo a niños y adolescentes, conducta tipificada y sancionada por la legislación penal vigente.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Sonia Villalba e integrado por los magistrados Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee, resolvió por unanimidad condenar a José Augusto Morales Araujo a ocho años de prisión y ordenó su traslado inmediato a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplirá la pena impuesta.

Este lunes, un grupo de personas afectadas por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés” volvió a manifestarse frente al Palacio de Justicia para exigir respuestas más ágiles que permitan suspender los descuentos compulsivos de sus haberes, de los cuales continúan siendo víctimas.

Los manifestantes fueron recibidos por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien escuchó sus reclamos y se comprometió a dar seguimiento a las inquietudes planteadas.

Las víctimas piden que la Corte implemente mecanismos eficaces y urgentes para acelerar los procesos judiciales que permitan frenar los embargos indebidos, en lugar de mantener un sistema que, según denuncian, sigue favoreciendo la continuidad de las irregularidades.

Esta causa afecta a miles de personas que fueron perjudicadas por un sistema fraudulento presuntamente articulado con la participación de empresas de cobranzas, abogados, funcionarios judiciales e incluso jueces, cuyo objetivo habría sido despojar de sus ingresos a jubilados y empleados públicos de diversas instituciones del Estado.

De acuerdo con las denuncias, más de 17.000 personas habrían sido víctimas de este entramado delictivo. Algunas, incluso, se habrían quitado la vida como consecuencia del acoso constante de los supuestos acreedores, quienes en muchos casos reclamaban reiteradamente el cobro de un mismo pagaré.

El Ministerio Público investiga un amplio esquema de fraude judicial y financiero que habría operado principalmente en Juzgados de Paz de la capital. Hasta el momento, alrededor de 70 personas están procesadas por su presunta implicancia, entre ellas jueces, exjueces, funcionarios, ujieres, abogados y propietarios de casas de cobro.

Si bien las causas penales avanzan con el objetivo de sancionar a los responsables del fraude, los afectados insisten en que la prioridad debe ser la celeridad de los procesos ejecutivos en los Juzgados de Paz, para detener los descuentos que aún hoy continúan afectando a muchas víctimas.

En el ámbito judicial, la imputación incluye cargos por prevaricato, en calidad de autores, y por producción de documentos no auténticos, en calidad de cómplices. Entre los procesados figuran los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, entre otros.

Desde la Comisión Especial del Senado, que también investiga el caso y brinda acompañamiento legal a los afectados, se adelantó que podrían ampliarse las denuncias penales contra instituciones que obstaculizan la suspensión de los descuentos. En varios casos, los descuentos múltiples aplicados a jubilados se ejecutan de manera precaria, incluso mediante simples planillas de Excel, lo que evidencia la falta de control institucional.

El escándalo ha impulsado a la Corte Suprema de Justicia a presentar dos proyectos legislativos con el propósito de cerrar los vacíos legales que permitieron el funcionamiento de este esquema de estafa, y ofrecer una solución definitiva a un problema que se originó, según admiten las propias autoridades, en el seno mismo del sistema judicial.