El juez Humberto Otazú rechazó el pedido de suspensión condicional del procedimiento presentado por los ujieres Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala, a pesar de que la fiscal del caso, Belinda Bobadilla, se había allanado a la solicitud. La decisión final sobre esta salida procesal queda ahora en manos de la Fiscalía General del Estado, que deberá pronunciarse al respecto.
El magistrado resolvió no conceder el beneficio y remitir el expediente a la Fiscalía General para que emita su dictamen. En caso de ratificación, los acusados podrían acceder a esta salida alternativa en esta etapa del proceso. Otazú ya había elevado a juicio oral a un primer grupo de procesados, entre ellos la jueza Nathalia Garcete.
Desde el Ministerio Público explicaron que la estrategia busca que algunos funcionarios reconozcan los hechos y puedan posteriormente declarar como testigos en el juicio principal contra los magistrados imputados.
Según la acusación fiscal, la jueza Nathalia Garcete está procesada por los delitos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Se la señala por haber dictado resoluciones judiciales basadas en informes adulterados elaborados por actuarios y ujieres, e incluso por haber emitido decisiones sin fechas consignadas, vulnerando garantías procesales básicas.
La investigación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red delictiva destinada a defraudar a jubilados y funcionarios públicos mediante la ejecución de pagarés falsos o de deudas inexistentes, algunas ya canceladas. En varios casos, los documentos presentados carecían de los requisitos legales mínimos para iniciar procesos ejecutivos, lo que evidencia una grave manipulación del sistema judicial.
Considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial de los últimos años, el caso involucra a unas 70 personas, entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranza.
Las investigaciones revelaron que miles de expedientes judiciales fueron trasladados o almacenados en oficinas privadas, en abierta violación de las normas procesales. Este esquema habría permitido alterar documentos, ejecutar embargos ilegales y generar descuentos indebidos en salarios y jubilaciones durante años.
La causa, conocida como la “mafia de los pagarés”, expuso así una estructura ilícita interna en el Poder Judicial, que habría operado durante largo tiempo para el cobro fraudulento de deudas, afectando a miles de ciudadanos en todo el país.
