Noticias

La aeronave fue localizada en un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi mediante un operativo de inteligencia coordinado entre la SENAD, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal de Brasil. El avión, relacionado con Daniel Vorcaro, estaba sujeto a medidas judiciales de carácter patrimonial en el vecino país.

Una resolución del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso hizo lugar al incidente de nulidad planteado por la defensora pública Leticia Casaccia y dispuso dejar sin efecto un embargo ejecutivo, además de retrotraer el proceso a una etapa anterior. La decisión beneficia a una mujer que también fue víctima del esquema conocido como la “mafia de pagarés”.

El abogado Gustavo González Planás cuestionó que el proceso contra el exministro Joaquín Roa haya quedado asociado públicamente a A Ultranza Py, pese a que, según sostiene, la acusación contra su cliente se refiere a presuntas inconductas en la administración pública y no a hechos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero. El defensor advierte que esa asociación pudo influir en la percepción del caso y denuncia vulneraciones de garantías procesales.

Jeova Leandro Da Silva, de 80 años, sostiene que canceló en 2015 un pagaré por USD 35.780. Una resolución judicial posterior reconoció que la obligación estaba extinguida, pero una ejecución iniciada en otro juzgado mantiene latente el riesgo de que su propiedad sea rematada. El caso fue presentado ante la Comisión Especial del Senado que investiga la denominada “Mafia de los Pagarés”.

En Paraguay, seis de cada diez personas privadas de libertad aún no tienen una condena. Un estudio impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) identifica obstáculos que van más allá de las normas procesales: falta de información confiable sobre el arraigo de los procesados y ausencia de una estructura institucional capaz de supervisar las medidas alternativas. Para María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, el problema exige revisar cómo funcionan las instituciones que sostienen al sistema de justicia.

Un Tribunal de Sentencia declaró, por unanimidad, penalmente responsable a un exalumno del Colegio Americano de Asunción (ASA), quien fue acusado por un hecho de abuso sexual contra personas indefensas. El joven era menor de edad al momento de los hechos, por lo que el proceso se desarrolla bajo las restricciones legales destinadas a proteger la identidad y privacidad de las personas involucradas.

La abogada Alba Zaracho, defensora de Hernán Rivas, sostuvo que los documentos vinculados al título de abogado de su cliente coinciden con los que fueron presentados durante el proceso y señaló que el exsenador responderá ante el Tribunal de Sentencia cuando llegue el momento de prestar declaración.

El Poder Judicial dispuso el apagado temporal de sus servidores como medida preventiva ante inconvenientes registrados en el sistema de climatización de su Data Center. La decisión busca proteger la infraestructura tecnológica y evitar afectaciones mayores en los servicios institucionales.

El juez de Sentencia Eduardo Velázquez afirmó que ejercerá sus nuevas funciones en la magistratura con apego a la honestidad, la Constitución y las leyes, al tiempo de destacar la responsabilidad que implica administrar justicia y garantizar el desarrollo adecuado de los procesos judiciales.

El juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán Rivas se reanudó este jueves con la declaración de la exsenadora Kattya González y del diputado Raúl Benítez, quienes expusieron ante el Tribunal de Sentencia distintos elementos vinculados a las investigaciones sobre el título presuntamente falso de abogado atribuido al acusado.