El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de incrementar los recursos destinados al Ministerio Público, al advertir que la institución enfrenta una carga de trabajo cada vez mayor como consecuencia del constante aumento de denuncias que ingresan a nivel nacional.
Según expuso, la realidad actual obliga a fortalecer la estructura operativa de la Fiscalía para evitar que el crecimiento de las causas termine afectando la capacidad de respuesta del sistema de justicia. En ese sentido, señaló que durante el año pasado fueron recepcionadas más de 215.000 denuncias y que, en lo que va del presente año, ya se superaron las 100.000 causas ingresadas.
Para Rolón, estas cifras reflejan una tendencia que demanda mayores inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos especializados, con el objetivo de garantizar investigaciones eficientes y oportunas.
El titular del Ministerio Público remarcó además que una de las principales limitaciones que enfrenta la institución es la situación edilicia de gran parte de sus dependencias. Explicó que cerca del 90 % de las sedes fiscales funcionan en inmuebles alquilados, muchos de ellos sin las condiciones adecuadas para responder a las exigencias que requieren actualmente las investigaciones penales.
En ese contexto, sostuvo que resulta indispensable contar con un presupuesto acorde a las necesidades institucionales, de manera a avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura y dotar a las unidades fiscales de mejores herramientas para el cumplimiento de sus funciones.
Rolón también destacó los avances en la construcción de la futura sede regional del Ministerio Público en Encarnación, una obra considerada estratégica para descentralizar servicios, concentrar áreas especializadas y ampliar la capacidad operativa de la institución en el sur y este del país.
Paralelamente, indicó que la Fiscalía viene implementando ajustes internos para optimizar el uso de los recursos disponibles. Entre estas medidas mencionó la reorganización de dependencias y la rotación funcional de agentes y funcionarios, buscando mejorar la capacidad de respuesta frente al creciente número de causas.
No obstante, advirtió que estas acciones administrativas deben ir acompañadas de una mayor inversión estatal. En esa línea, enfatizó que áreas claves como los laboratorios especializados, los sistemas tecnológicos y la capacitación permanente del personal requieren fortalecimiento para hacer frente a una demanda ciudadana que continúa en aumento.
El fiscal general insistió en que el crecimiento exponencial de las denuncias obliga a proyectar una expansión de la capacidad institucional, a fin de garantizar que el Ministerio Público pueda responder con eficacia a los desafíos que plantea la persecución penal en todo el país.
