La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Oficina Técnica Penal (OTP), Carolina Llanes, informó que el Poder Judicial se encuentra desarrollando un intenso trabajo de monitoreo y evaluación de la justicia penal especializada en delitos económicos, crimen organizado y corrupción pública, de cara a la próxima evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al Estado paraguayo.
Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema, la magistrada explicó que las tareas forman parte de una política criminal impulsada por el país y se enmarcan en el sistema de justicia penal especializada implementado desde 2020. Según indicó, los trabajos actuales apuntan a relevar y analizar los resultados obtenidos por los órganos jurisdiccionales especializados, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa.
Uno de los puntos resaltados por Llanes fue la obtención de sentencias inéditas relacionadas con el comiso de bienes, consideradas herramientas fundamentales para combatir las estructuras financieras del crimen organizado y el lavado de activos.
“Este monitoreo se realiza no solamente en cuanto al estado de las causas y al avance de las mismas, sino también respecto a la aplicación de institutos jurídicos novedosos, como el comiso en todas sus modalidades”, señaló la ministra ante el pleno de la Corte.
La magistrada sostuvo que estas decisiones judiciales tienen un peso significativo dentro de los criterios que serán analizados en la futura evaluación internacional, ya que reflejan la capacidad del sistema de justicia para privar a las organizaciones criminales de los bienes y recursos obtenidos de manera ilícita.
Llanes explicó además que la OTP viene trabajando en el seguimiento de causas vinculadas a delitos económicos, crimen organizado, corrupción pública y lavado de dinero, tipologías contempladas en la Ley N.º 6379/2019 y en el Código Penal paraguayo.
Como parte de este proceso, destacó la creación de una oficina especializada para la inscripción y seguimiento de bienes sujetos a medidas cautelares y eventuales comisos. Esta dependencia, que funciona dentro de la estructura judicial, brinda apoyo técnico a jueces y actuarios para la correcta registración de activos durante la tramitación de los procesos penales.
La ministra también señaló que uno de los desafíos actuales consiste en fortalecer la aplicación de figuras penales relacionadas con delitos precedentes y derivados, especialmente en materia de lavado de dinero, aspecto que había sido objeto de observaciones en evaluaciones anteriores.
Asimismo, informó que se vienen realizando reuniones permanentes con jueces y otros operadores del sistema de justicia para coordinar acciones y unificar criterios. “Es una tarea conjunta de todo el sistema judicial del Paraguay”, afirmó.
De acuerdo con lo expuesto por Llanes, los trabajos encarados por la Oficina Técnica Penal y la Sala Penal buscan consolidar los avances logrados por la justicia especializada y posicionar al país en mejores condiciones ante el próximo examen internacional.
Las sentencias inéditas en materia de comiso, junto con los mecanismos de aseguramiento y recuperación de activos, aparecen como algunos de los principales logros que Paraguay espera exhibir durante la evaluación, considerada clave para medir la efectividad de las políticas nacionales de combate al lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado.
