El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) contabilizó al cierre de mayo un total de 2.335 personas inscriptas por incumplimiento de la prestación alimentaria, de las cuales 2.300 son varones y 35 mujeres, según datos oficiales del Poder Judicial. La cifra refleja un incremento sostenido de personas incorporadas al sistema de control creado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de niños, niñas y adolescentes.

El REDAM fue creado mediante la Ley N.º 5415/2015 y funciona bajo la administración del Poder Judicial como un mecanismo destinado a registrar a las personas que incumplen una obligación alimentaria establecida por sentencia judicial firme o por un acuerdo homologado judicialmente. La normativa establece que una persona puede ser incluida en el registro cuando adeuda tres o más cuotas alimentarias, sean estas sucesivas o alternadas, previa resolución judicial.

La evolución de las estadísticas evidencia un crecimiento progresivo del número de inscriptos. En marzo de 2024 el registro contabilizaba 723 personas; posteriormente superó los 1.800 registros y actualmente sobrepasa las 2.300 inscriptos.

La inclusión en el REDAM no constituye una sanción penal, pero sí genera una serie de limitaciones administrativas orientadas a promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Entre las principales consecuencias figura la exigencia del certificado de libre deuda alimentaria para la apertura de cuentas corrientes o cajas de ahorro, así como para el acceso a tarjetas de crédito y préstamos en entidades financieras. La información del registro también puede ser consultada por instituciones financieras y organismos que requieran verificar la situación del solicitante.

Asimismo, desde abril de 2024 se encuentra plenamente implementada la disposición que impide la expedición o renovación de licencias de conducir a las personas registradas como deudores alimentarios morosos. La medida se aplica mediante la interconexión entre el REDAM y los sistemas informáticos de las municipalidades del país.

Otra de las exigencias incorporadas en los últimos años es la presentación del certificado REDAM para diversos trámites relacionados con bienes registrables, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley N.º 6506/2020 y reglamentaciones posteriores.

Desde el Poder Judicial destacan que el REDAM constituye una herramienta de control y transparencia destinada a fortalecer el cumplimiento del deber alimentario. La plataforma digital permite a instituciones y ciudadanos verificar gratuitamente la existencia o no de antecedentes de mora alimentaria, mediante la expedición de certificados en línea.

La exclusión del registro solo puede concretarse mediante orden judicial, una vez acreditado el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Tras la resolución correspondiente, el Poder Judicial procede a eliminar la inscripción en los plazos establecidos por la ley.

Las estadísticas más recientes muestran que, si bien los casos involucran a personas de ambos sexos, la gran mayoría de los registros continúa correspondiendo a hombres, quienes representan alrededor del 98,5% del total de deudores alimentarios morosos actualmente inscriptos en el país.

Como parte de las iniciativas orientadas a fortalecer los procesos de reinserción social en el sistema penitenciario, juezas de Ejecución Penal de la Capital realizaron una jornada de asistencia y acompañamiento a mujeres privadas de libertad en el Complejo Penitenciario para Mujeres (COMPLE), actividad que incluyó además la entrega de equipos e insumos destinados a programas de formación laboral.

La actividad fue desarrollada en coordinación con el Ministerio de Justicia y contó con la participación de las magistradas Luz Rosanna Bogarín, Cynthia Sostoa y Sandra Kirchhofer, quienes mantuvieron entrevistas con las internas para verificar la situación procesal de cada una y brindar atención en el marco de las disposiciones establecidas en el Código de Ejecución Penal.

Durante la visita también se concretó una importante donación de materiales que serán utilizados en talleres de costura y otras actividades productivas desarrolladas dentro del establecimiento penitenciario. Entre los insumos entregados se encuentran máquinas de coser, telas, hilos, agujas, cierres, botones, cintas métricas, tijeras y diversos materiales para confección textil y trabajos artesanales.

La provisión de estos recursos permitirá ampliar los espacios de capacitación laboral destinados a las internas, promoviendo el aprendizaje de oficios y la adquisición de conocimientos prácticos que puedan convertirse en oportunidades de empleo una vez cumplidas sus condenas.

En ese contexto, las autoridades anunciaron la implementación de un programa de voluntariado enfocado en el área de costura, mediante el cual las propias mujeres privadas de libertad participarán en la confección de uniformes utilizados en distintos servicios internos del penal. La iniciativa busca fortalecer hábitos de trabajo, fomentar la responsabilidad y generar experiencia en tareas con potencial de inserción laboral.

Además de la formación en confección de prendas, las participantes accederán a capacitaciones vinculadas a la elaboración de accesorios, trabajos artesanales y técnicas de diseño textil, ampliando sus posibilidades de desarrollo personal y económico.

Desde el Ministerio de Justicia destacaron que este tipo de acciones contribuyen a consolidar una estrategia integral de reinserción social basada en la capacitación, el fortalecimiento de la autoestima y la generación de herramientas concretas para la construcción de proyectos de vida sostenibles.

La jornada contó además con la presencia de la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González, y de la directora del COMPLE, Judith Franco, quienes valoraron el compromiso asumido por las magistradas y resaltaron la importancia de la articulación institucional para promover oportunidades reales de transformación y favorecer procesos de reinserción más efectivos.

La Corte Suprema de Justicia informó que ya se encuentra abierto el proceso de inscripción para los profesionales interesados en acceder a un registro de escribano público a través del XVII Concurso de Méritos y Oposición para Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay.

Según comunicó la máxima instancia judicial, los postulantes ya pueden completar el formulario de inscripción y realizar el pago correspondiente mediante el Sistema de Ingresos Judiciales (SIJ), plataforma que habilitó el concepto específico para este concurso.

El proceso de recepción de documentos se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2026, en la Mesa de Entrada de la Planta Baja del Palacio de Justicia de Asunción. La atención se realizará de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00.

La convocatoria forma parte del mecanismo de selección establecido para la adjudicación de registros notariales, mediante un sistema de evaluación basado en méritos y oposición. El examen está previsto para el próximo 1 de septiembre de 2026, a las 16:00, en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes.

Por otra parte, la Corte recordó que los interesados deberán generar previamente la liquidación de inscripción a través del Sistema de Ingresos Judiciales, ingresando al perfil “Particular” y seleccionando la opción correspondiente al concurso de notarios.

La habilitación de estos trámites responde a la reglamentación aprobada por la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución N.° 12.898, que establece las disposiciones que regirán el desarrollo del certamen.

En cuanto al costo de participación, se informó que el arancel de inscripción fue fijado en el equivalente a un jornal y medio, conforme a las disposiciones vigentes.

Las autoridades judiciales señalaron que toda la documentación, requisitos y detalles relacionados con el concurso se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la Corte Suprema de Justicia para consulta de los profesionales interesados en participar del proceso, deberán ingresar a la plataforma web del Poder Judicial o acudir presencialmente a tribunales.