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El cuidado: una carga desigual que sigue recayendo sobre las mujeres

La distribución de las tareas de cuidado continúa reflejando profundas desigualdades de género. Así lo sostuvo la doctora Lorena Segovia durante una entrevista con Judiciales Net, en la que analizó los desafíos que plantea el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado y su impacto en la vida de las mujeres.

Para la especialista en derechos humanos, la evidencia es contundente: las responsabilidades vinculadas al cuidado de niños, personas mayores, familiares enfermos y las tareas domésticas siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres.

“Hay una enorme brecha de género en ese sentido”, afirmó Segovia al ser consultada sobre la distribución de estas labores en la sociedad actual.

La entrevistada explicó que esta realidad responde a una persistente división sexual del trabajo, que asigna a las mujeres el rol principal en las actividades de cuidado, mientras los hombres continúan concentrando una mayor proporción de su tiempo en actividades remuneradas.

“Las tareas de cuidado y las tareas domésticas siguen estando mayoritariamente en cabeza de las mujeres”, señaló.

Segovia advirtió que esta distribución desigual tiene consecuencias directas sobre la autonomía económica femenina y limita las oportunidades de desarrollo profesional.

Según explicó, cuando surge una situación de cuidado dentro del hogar, como la enfermedad de un hijo o hija, suele ser la mujer quien interrumpe sus actividades laborales para asumir esa responsabilidad.

“Muchas veces existe una grave merma o dificultades para el acceso al trabajo, para la permanencia e inclusive para los ascensos”, indicó.

La especialista sostuvo que estas barreras no siempre se presentan de manera explícita. En muchos casos, las condiciones exigidas por determinados empleos terminan afectando de forma desproporcionada a las mujeres.

“Las empresas no dicen abiertamente que no contratarán mujeres, pero las extensas jornadas laborales o la necesidad de realizar viajes frecuentes pueden convertirse en formas de discriminación indirecta”, explicó.

Una brecha que reflejan los datos

Los números también evidencian esta desigualdad. De acuerdo con los datos citados por Segovia, los hombres destinan cerca del 75 % de su tiempo laboral a actividades remuneradas y el 25 % a tareas no remuneradas. En contraste, las mujeres dedican aproximadamente el 61 % de su tiempo al trabajo no remunerado y apenas el 39 % a actividades remuneradas.

Para la investigadora, esta diferencia no solo refleja una distribución injusta de las responsabilidades familiares, sino que constituye un factor de exclusión económica.

“El trabajo de cuidado se convierte en una situación que limita la participación de las mujeres en el mercado laboral y restringe sus posibilidades de desarrollo”, advirtió.

El desafío de reconocer el trabajo de cuidado

A criterio de Segovia, avanzar hacia una distribución más equitativa exige tanto cambios culturales como la implementación de políticas públicas que reconozcan el valor social y económico de estas tareas.

Si bien consideró fundamental promover una mayor corresponsabilidad dentro de los hogares, remarcó que el Estado también debe asumir un papel activo en la construcción de sistemas de cuidado más inclusivos.

“No basta con promover que las tareas domésticas y de cuidado sean compartidas. También es necesario adoptar medidas que permitan reconocer y valorar el trabajo de cuidado”, sostuvo.

En ese contexto, la reciente Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un paso relevante para instalar en la agenda pública y jurídica un debate largamente postergado.

Se trata de una actividad históricamente invisibilizada, pero indispensable para el sostenimiento de la vida cotidiana, el funcionamiento de la economía y el bienestar de toda la sociedad.

Publican padrón definitivo para las elecciones de abogados ante el Consejo de la Magistratura

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La Corte Suprema de Justicia dio a conocer el padrón definitivo de abogados habilitados para participar en la elección de representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura, un paso clave dentro del cronograma electoral que culminará con los comicios previstos para el 28 de noviembre de 2026.

La nómina fue remitida oficialmente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el 9 de junio, en cumplimiento de los plazos legales establecidos para el proceso. Con esta publicación, los profesionales del Derecho ya pueden verificar su inclusión en el registro definitivo que será utilizado durante la jornada electoral.

La información se encuentra disponible a través de los canales oficiales del Poder Judicial, permitiendo a los abogados consultar sus datos y conocer los detalles relacionados con su participación en la elección de quienes representarán al sector ante uno de los órganos fundamentales del sistema de administración de justicia.

El proceso se desarrolla conforme a las disposiciones de la Ley N.° 296/94, que regula la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La publicación del padrón definitivo constituye una de las etapas más importantes del calendario electoral, al consolidar la lista de profesionales habilitados para ejercer su derecho al voto.

Según las reglas establecidas para estos comicios, cada abogado podrá sufragar una sola vez y deberá hacerlo en una de las circunscripciones electorales habilitadas para el efecto.

La difusión anticipada del padrón busca garantizar transparencia, seguridad jurídica y una adecuada organización de las elecciones, brindando a los profesionales matriculados la posibilidad de corroborar oportunamente su situación registral antes de la convocatoria electoral de noviembre.

Con esta medida, la Corte Suprema de Justicia avanza en los preparativos de un proceso que definirá a los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, institución que cumple una función central en la selección y evaluación de magistrados y agentes fiscales del país.

Acceso real a la justicia con pruebas de ADN gratuitas

La posibilidad de acceder a una prueba de ADN sin costo y sin necesidad de viajar hasta la capital representa hoy un avance significativo para cientos de familias que enfrentan procesos de filiación en distintos puntos del país. Gracias a una política impulsada por la Corte Suprema de Justicia, equipos técnicos especializados se trasladan hasta las circunscripciones judiciales para realizar la toma de muestras, acercando un servicio esencial a quienes más lo necesitan.

En ese marco, se llevó a cabo una jornada de extracción de muestras para análisis genético en el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de San Pedro de Ycuamandyyú, a cargo del magistrado Lionel Bareiro. La diligencia contó con la participación de profesionales del Laboratorio Díaz Gill, representantes de las partes involucradas, el defensor público interviniente, la actuaria judicial Viviana Moreno y funcionarios judiciales.

La iniciativa forma parte de la aplicación de la Resolución N.° 9443/22 de la Corte Suprema de Justicia, que busca eliminar obstáculos económicos y geográficos que históricamente dificultaban el acceso a este tipo de estudios, especialmente para niños, niñas y adolescentes residentes en el interior del país.

Uno de los aspectos más valorados del programa es la gratuidad de las pruebas para personas que no cuentan con recursos suficientes para afrontar el costo de los análisis. De esta manera, se garantiza que la situación económica no constituya una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la identidad y la filiación.

Además, el traslado de los equipos especializados hasta las sedes judiciales evita que las familias deban asumir gastos de transporte, alojamiento y alimentación para viajar a Asunción, una situación que en muchos casos implicaba postergar o dificultar el avance de los procesos judiciales.

Las pruebas de ADN constituyen una herramienta científica determinante para esclarecer vínculos biológicos y aportar certeza en los juicios de filiación. Su utilización permite a los tribunales adoptar decisiones sustentadas en evidencia técnica objetiva, fortaleciendo la seguridad jurídica y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La medida se enmarca en las acciones desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia para dar cumplimiento a las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, promoviendo una justicia más cercana, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía.

Con la presencia de equipos médicos y técnicos en distintas regiones del país, el Poder Judicial continúa avanzando en la descentralización de servicios esenciales, permitiendo que derechos tan importantes como la identidad puedan ser garantizados sin que la distancia o la falta de recursos económicos se conviertan en un impedimento.

Corte Suprema confirma el comiso de bienes de Darío Messer por más de US$ 150 millones

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en todas sus partes la sentencia que dispuso el comiso autónomo de bienes vinculados a Darío Messer y a su hijo, Dan Wolf Messer, consolidando una de las decisiones patrimoniales más relevantes adoptadas en el marco de la lucha contra el lavado de activos en Paraguay.

La resolución fue adoptada por la Sala Penal integrada por los camaristas especializados Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Paublino Escobar, quienes ratificaron la Sentencia Definitiva N.º 3 del 3 de enero de 2024, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción.

Los bienes alcanzados por la medida superan los 150 millones de dólares e incluyen activos empresariales, inmuebles, bienes muebles, cuentas bancarias y otros patrimonios identificados durante el proceso judicial.

En su análisis, la máxima instancia penal consideró que la sentencia recurrida constituye una resolución «fundada, técnicamente sólida y jurídicamente correcta», al señalar que quedó debidamente acreditada la existencia de hechos antijurídicos precedentes, así como el vínculo causal entre esos hechos y los bienes sometidos a comiso.

La confirmación comprende específicamente los activos de las empresas CHAI S.A., Matrix Realty S.A. y Pegasus Inversiones S.A., además de bienes personales atribuidos a Darío Messer y Dan Messer, detallados en la resolución judicial.

Respaldo a la política de combate al lavado de dinero

La decisión adquiere especial relevancia por el mensaje institucional que envía respecto a la persecución patrimonial de activos vinculados a operaciones ilícitas. Según el criterio sostenido por la Sala Penal, el alcance y contenido de la sentencia reafirma los esfuerzos del Estado paraguayo en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

El fallo también destacó un aspecto abordado por el Tribunal de Sentencia en primera instancia. Aunque, la consideración no forma parte central de la decisión, los magistrados habían recomendado al Ministerio Público investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF).

De acuerdo con lo señalado en la sentencia, las evidencias producidas durante el juicio indicarían que algunos funcionarios «habrían simulado cumplir con sus deberes de debida diligencia y compliance», limitándose a verificar la existencia formal de actividades comerciales en Paraguay sin profundizar en el verdadero origen de fondos transferidos desde el exterior.

La Sala Penal manifestó compartir plenamente esa observación y consideró que dicha recomendación refleja la responsabilidad institucional con la que el Tribunal de Sentencia analizó el caso.

Alcance de la decisión

Con esta resolución, la Corte deja firme el comiso autónomo dispuesto sobre los bienes identificados en Paraguay, cerrando una etapa fundamental del proceso judicial relacionado con la estructura patrimonial atribuida a Darío Messer, considerado durante años una figura central en investigaciones regionales vinculadas al lavado de dinero y operaciones financieras transnacionales.

La decisión fortalece además la aplicación de herramientas legales orientadas a privar de sus activos a organizaciones o personas vinculadas a hechos ilícitos, aun cuando el análisis judicial se concentre en el origen y la trazabilidad de los bienes más que en la responsabilidad penal individual de sus titulares.

Confirman audiencia para imposición de medidas a Stella Mary Cano

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Un Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la convocatoria a audiencia de imposición de medidas para la exfiscal Stella Mary Cano, procesada por un supuesto hecho de persecución de inocentes.

La decisión se produjo luego de que la defensa de la exagente fiscal presentara un recurso de reposición contra la providencia que dispuso su comparecencia a la diligencia judicial. Sin embargo, el planteamiento fue rechazado, por lo que el proceso continuará conforme a lo establecido por la justicia.

Tras la resolución del Tribunal, la jueza de Garantías Clara Ruíz Díaz deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia, instancia en la que se analizarán las medidas cautelares que podrían ser aplicadas a la imputada.

La causa se originó a partir de una imputación formulada por la fiscala de Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, quien atribuye a Cano una presunta actuación irregular durante la tramitación de un proceso que involucró al estilista italiano Ciro Panniello.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido mientras Panniello se encontraba privado de libertad. La imputación sostiene que la entonces fiscal habría impulsado la firma de un acuerdo conciliatorio mediante el cual el afectado debía transferir los bienes vinculados a la peluquería Diva Divini 2 a favor de su socia.

El Ministerio Público busca determinar si durante la intervención fiscal existió una actuación contraria a las garantías legales del denunciante y si se produjo un uso indebido de las facultades inherentes al cargo.

La causa se encuentra en etapa inicial y será en el transcurso de la investigación donde se reunirán los elementos necesarios para esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades.

Stella Mary Cano ya no integra el Ministerio Público, luego de haber presentado su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación.

Corte Suprema designa a Nancy Amarilla Guirlán como defensora adjunta

La Corte Suprema de Justicia resolvió designar a Nancy Amarilla Guirlán como defensora adjunta, decisión adoptada por mayoría de siete votos durante la sesión plenaria del máximo tribunal.

La propuesta fue impulsada por el ministro Víctor Ríos, quien respaldó la candidatura de Amarilla Guirlán para ocupar el cargo dentro del Ministerio de la Defensa Pública.

Durante el análisis de las postulaciones, varios ministros destacaron también el perfil y la trayectoria del defensor público Martín Muñoz, quien figuraba entre los candidatos considerados para la vacancia. En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, así como los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay, valoraron el desempeño profesional de Muñoz y señalaron que cuenta con las condiciones para asumir mayores responsabilidades dentro del sistema de justicia.

No obstante, los integrantes del máximo tribunal optaron finalmente por la designación de Nancy Amarilla Guirlán para el cargo de defensora adjunta. En el debate, algunos ministros dejaron abierta la posibilidad de respaldar una eventual postulación futura de Martín Muñoz para otras funciones de mayor jerarquía.

La nueva defensora adjunta es hermana del senador Dionisio Amarilla. Su nombramiento se concretó tras la deliberación y votación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Jueza ordena restitución de inmueble a adulto mayor

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La jueza de Paz de Santísima Trinidad, Lourdes Piñeiro, dispuso la restitución de la posesión de un inmueble a un hombre de 70 años, quien había permanecido alejado de su propiedad durante aproximadamente tres meses en el marco de una causa iniciada por una denuncia de supuesta violencia doméstica.

La resolución dejó sin efecto las restricciones que impedían al propietario regresar a su vivienda y permitió que recuperara la posesión del inmueble, según informó su defensa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre tomó conocimiento en marzo pasado de una denuncia presentada en su contra por una mujer con quien habría mantenido una relación de carácter ocasional. A raíz de la presentación, el juzgado de Paz dictó medidas de protección que incluyeron una orden de alejamiento, lo que le impidió acceder a su casa en cuestión mientras se tramitaba el expediente.

La defensa del afectado, encabezada por la abogada Alejandra Peralta, sostuvo que la denunciante señaló como domicilio propio una propiedad perteneciente al denunciado, situación que derivó en la exclusión de este último del inmueble. Asimismo, indicó que posteriormente se promovieron otras acciones judiciales con la misma finalidad.

«Se utilizan este tipo de denuncias para acortar el camino de juicios que por su naturaleza deben tramitarse en el ámbito civil. Por ejemplo, juicios para dividir los bienes, como la disolución de la comunidad conyugal. Entonces, todos quieren llevar a la medida de protección y que el juez de Paz dicte fuera de su competencia decisiones. Los jueces de Paz no pueden disponer ni sobre los autos ni sobre las casas ni sobre el dinero ni cuentas bancarias, y, eso es lo que también están buscando», subrayó Alejandra Peralta.

Tras analizar los antecedentes y las circunstancias expuestas en el expediente, la magistrada Piñeiro resolvió restituir la posesión del inmueble al propietario. Además, rechazó una nueva solicitud de medidas presentada por la denunciante sobre los mismos hechos ya analizados por la justicia.

Según la resolución, la jueza consideró los elementos reunidos durante la tramitación de la causa para adoptar la medida, que permitió el retorno del adulto mayor a la vivienda.

El caso ha generado debate en torno a la aplicación de las medidas de protección previstas en la Ley N.º 5777/16 «De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia», así como sobre la necesidad de garantizar el debido proceso y la adecuada valoración de los hechos en cada situación sometida a consideración judicial.

Santander destaca la ética como base de la función judicial

La ética constituye un pilar fundamental para el ejercicio de la función jurisdiccional y para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, afirmó el vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gustavo Santander Dans, durante un conversatorio sobre valores y compromiso institucional dirigido a magistrados y funcionarios judiciales.

El encuentro, denominado “Ética, conciencia y disciplina: el rostro humano de la justicia”, reunió a representantes de la Oficina de Ética Judicial, miembros del Tribunal de Ética y jueces de distintas jurisdicciones, con el propósito de promover una reflexión sobre los principios que deben guiar la labor judicial.

En su intervención, el ministro Santander destacó la necesidad de consolidar una cultura ética dentro del Poder Judicial, señalando que quienes integran el sistema de justicia comparten la responsabilidad de actuar con integridad y apego a los valores institucionales. Asimismo, sostuvo que la ética debe estar presente en cada etapa de la interpretación y aplicación de las normas, orientando las decisiones jurisdiccionales y contribuyendo a una justicia más transparente y confiable.

La actividad fue organizada por el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) y la Oficina de Ética Judicial, con el respaldo del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ). Participaron además la presidenta del Tribunal de Ética Judicial, doctora Miryam Peña; la directora de la Oficina de Ética Judicial, Gabriela Gill Ríos; y la integrante del Tribunal de Ética para Funcionarios, doctora María Lilia Pusineri.

Durante la jornada, los expositores coincidieron en la importancia de generar espacios de intercambio que permitan fortalecer los principios éticos y la responsabilidad profesional dentro del ámbito judicial. En ese contexto, la doctora Miryam Peña resaltó que la formación ética debe asumirse como un compromiso permanente vinculado a la esencia misma de la función judicial y no únicamente como una exigencia normativa.

Por su parte, la doctora María Lilia Pusineri abordó la relación entre conciencia, ética y conducta humana, destacando que las decisiones de quienes administran justicia están estrechamente vinculadas a factores personales, emocionales y de integridad individual.

Los participantes reflexionaron además sobre la necesidad de fortalecer la disciplina ética, el equilibrio emocional y la responsabilidad institucional como elementos indispensables para el adecuado desempeño de la magistratura.

La actividad, declarada de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción.

Condenan a tres años de cárcel a acusado por lesión grave en la discoteca Kingfish

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Yolanda Portillo e integrado por Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, condenó a Elian López Torres a tres años de prisión por el hecho punible de lesión grave. Si bien el Ministerio Público había solicitado una pena de cuatro años de cárcel para el procesado, el colegiado consideró que la sanción impuesta es la adecuada al caso.

«Quedó ampliamente probado con todos los elementos aportados por el Ministerio Público y acercados al Tribunal que se trata de una lesión grave». Para el Tribunal, las pruebas médicas y las declaraciones de los profesionales de la salud confirman que las lesiones oculares de la víctima fueron causadas por el impacto directo del vaso lanzado, y no por un golpe con el codo. Asimismo, la trayectoria e intensidad del objeto eran compatibles con un proyectil cortante, señaló la presidenta del Tribunal de Sentencia al fundamentar su decisión.

Según el colegiado, el Ministerio Público logró demostrar que López Torres fue el responsable de lanzar una copa de vidrio durante una gresca registrada en el local nocturno, acción que derivó en graves lesiones para la joven Dahiana Monserrat Benítez.

De acuerdo con la acusación, la víctima fue impactada en el rostro por el objeto durante el incidente ocurrido el 10 de noviembre de 2024. Como consecuencia de las heridas sufridas, perdió el ojo derecho, una secuela permanente que motivó la calificación jurídica de lesión grave.

Durante los alegatos finales, la Fiscalía sostuvo que las pruebas producidas durante el juicio permitieron identificar al acusado como autor de la agresión que ocasionó el daño a la víctima. Con base en esos elementos, la representante del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de cuatro años. No obstante, el Tribunal entendió que correspondía imponer una condena de tres años de prisión.

La sentencia íntegra será entregada a las partes el próximo 17 de junio.

Corte impulsa mejoras en juzgados de Sentencia con evaluación integral

La Corte Suprema de Justicia puso en marcha un proceso de evaluación y reorganización de los espacios destinados a los juzgados Penales de Sentencia de la Capital, con el objetivo de optimizar las condiciones de trabajo y fortalecer la prestación del servicio judicial.

La iniciativa, impulsada por el Consejo de Superintendencia, comenzó este lunes con una serie de inspecciones técnicas en los juzgados correspondientes a los turnos primero al sexto, ubicados en los pisos quinto y sexto de la Torre Norte del Palacio de Justicia.

Los trabajos son coordinados por la Administración de Fueros y contemplan un diagnóstico integral de la infraestructura disponible, así como de los recursos materiales y tecnológicos con los que cuentan las dependencias. La intención es identificar necesidades y ejecutar adecuaciones que permitan un mejor aprovechamiento de los espacios físicos.

El administrador de Fueros, Fernando Insaurralde, explicó que la labor apunta a generar entornos más funcionales para magistrados, funcionarios y usuarios del sistema judicial. En ese sentido, se prevé la reorganización de oficinas y despachos, además de la implementación de mejoras orientadas a agilizar las tareas cotidianas de los juzgados de sentencia.

Como parte del relevamiento, se procedió a identificar mobiliarios y equipos informáticos fuera de uso para su posterior retiro, una medida que busca liberar áreas actualmente ocupadas por elementos obsoletos. Paralelamente, técnicos especializados verificaron las condiciones edilicias de cada dependencia para determinar las intervenciones necesarias.

Desde la máxima instancia judicial consideran que la adecuación de estos espacios constituye una herramienta importante para mejorar la eficiencia operativa de los juzgados y brindar una atención más adecuada a quienes acuden al sistema de justicia.

En las inspecciones participan además representantes de diversas áreas de la institución, entre ellas Infraestructura Física, Dirección Contable y Patrimonial, Suministros y Bienes, así como especialistas técnicos encargados de acompañar el proceso de modernización y reorganización de las dependencias.

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