El camarista Jesús Riera Manzoni se apartó del criterio aplicado en primera instancia en la querella promovida por el empresario Christian Chena contra la plataforma «Despierta Paraguay», al considerar que la complejidad del caso exige una interpretación más amplia del auxilio judicial previo previsto en el Código Procesal Penal.

En un extenso voto, el magistrado sostuvo que la jueza de Sentencia Mesalina Fernández realizó una interpretación «válida, lógica y jurídicamente fundada» de la normativa procesal. Sin embargo, afirmó que las particularidades del expediente permitían adoptar un «mejor criterio a la luz de las cuestiones fácticas que se han planteado».

La controversia surgió luego de que la abogada Alejandra Peralta Merlo, representante de la querella autónoma, solicitara diversas diligencias bajo la figura del auxilio judicial previo con el objetivo de identificar plenamente a los responsables de publicaciones consideradas difamatorias por Christian Chena.

Inicialmente, el Tribunal Unipersonal de Sentencia fue concediendo varios de los pedidos formulados por la querella. No obstante, posteriormente rechazó nuevas diligencias solicitadas e intimó a la parte acusadora a completar su acusación en el plazo de cinco días previsto en el artículo 423 del Código Procesal Penal, argumentando que ya se habían cumplido los requisitos esenciales para continuar con el proceso.

Para Riera Manzoni, sin embargo, la situación dista de estar esclarecida.

El camarista describió el expediente como una causa de «complejidad inusual», marcada por obstáculos tecnológicos, jurídicos e incluso internacionales que dificultan la identificación de los presuntos responsables detrás de la plataforma digital.

Según expuso, la investigación obliga a rastrear identidades reales ocultas tras perfiles informáticos, requerir información a empresas radicadas en el extranjero y enfrentar barreras derivadas de políticas de privacidad aplicadas por plataformas digitales y proveedores de servicios tecnológicos.

A ello se suman herramientas informáticas que dificultan la trazabilidad de los usuarios, como redes privadas virtuales (VPN), servidores proxy, direcciones espejo y otros mecanismos destinados a ocultar la ubicación o identidad de quienes operan en internet.

«Nos hallamos ante un cuadro de complejidad inusual que evidentemente no estaba contemplada en la redacción de la norma procesal», sostuvo el magistrado, al advertir que el artículo 423 fue concebido en una época muy distinta al actual ecosistema digital.

Uno de los puntos centrales de su desacuerdo radica en que la existencia de una persona identificada durante la investigación no implica necesariamente que el proceso haya cumplido con el objetivo de individualizar a todos los posibles responsables.

En ese sentido, Riera Manzoni señaló que la aparición de una mujer vinculada a un número telefónico utilizado por la página cuestionada no permite concluir automáticamente que sea autora de los hechos denunciados.

Por el contrario, afirmó que ni siquiera está claro cuál habría sido su grado de participación y que obligar a la querella a acusarla sin contar con mayores elementos podría generar un perjuicio tanto para esa persona como para la propia investigación.

«De dicha persona no se sabe nada aún», sostuvo el camarista, quien consideró prematuro dar por satisfecho el requisito legal de identificación del autor.

Asimismo, observó que uno de los domicilios obtenidos durante las diligencias tampoco aparece, hasta el momento, como una dirección confiable o directamente vinculada con los hechos investigados. Según indicó, incluso existirían elementos que hacen presumir que podría tratarse de una dirección engañosa, circunstancia que justificaría nuevas averiguaciones.

Para el magistrado, estas circunstancias demuestran que los tres objetivos que habilitan el auxilio judicial previo identificar a los autores, individualizar domicilios y reunir información circunstanciada para sustentar la acusación todavía no fueron plenamente alcanzados.

Otro aspecto relevante del voto es la interpretación que realiza sobre la duración del auxilio judicial previo.

Mientras la jueza Fernández entendió que correspondía aplicar el plazo de cinco días para completar la acusación, Riera Manzoni sostuvo que la propia norma establece que esta etapa puede extenderse hasta obtener la información faltante necesaria para formular adecuadamente la acción penal.

«Hay información faltante», concluyó el camarista, al considerar que las diligencias aún pueden continuar mientras subsistan elementos esenciales pendientes de esclarecimiento.

No obstante, el magistrado también coincidió con la jueza de primera instancia respecto a la improcedencia de algunas medidas solicitadas por la querella, como citaciones a indagatoria, convocatorias testimoniales anticipadas, allanamientos, secuestros de bienes o determinadas pericias que no guardan relación directa con los hechos investigados.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de admitir nuevas diligencias siempre que sean debidamente fundamentadas y estén orientadas a cumplir los objetivos previstos en la ley.

El voto de Riera Manzoni pone de relieve el desafío que enfrenta la Justicia para aplicar normas procesales concebidas décadas atrás a investigaciones vinculadas al entorno digital, donde la identificación de autores y responsables suele requerir procedimientos técnicos complejos, cooperación internacional y tiempos de investigación muy distintos a los previstos originalmente por la legislación.

La investigación sobre el ingreso de una importante carga de droga a Paraguay entró en una etapa clave con la realización de una pericia técnica integral al jet privado que habría sido utilizado para transportar más de 260 kilogramos de cannabis tipo hachís desde Estados Unidos.

La diligencia es encabezada por la fiscal Ingrid Cubilla, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos, quien busca reconstruir cada detalle del recorrido y las operaciones realizadas por la aeronave Challenger 604, matrícula N116HL, desde su salida del extranjero hasta su arribo al país.

El procedimiento se desarrolla con la participación de peritos especializados en aeronáutica, además de representantes de las defensas técnicas, quienes acompañan la verificación de los distintos componentes del avión. Los investigadores consideran que los resultados podrían aportar información determinante para esclarecer cómo se concretó el traslado de los 261,6 kilogramos de hachís hallados a bordo.

La inspección incluye un análisis minucioso de la estructura de la aeronave, así como la extracción de información almacenada en los sistemas electrónicos de navegación y posicionamiento global. Los especialistas buscan recuperar datos sobre rutas de vuelo, escalas realizadas, tiempos de permanencia en distintos aeropuertos y otros registros técnicos que permitan reconstruir con precisión los movimientos del jet.

De acuerdo con la investigación fiscal, la aeronave aterrizó en Paraguay el pasado 29 de mayo tras despegar de Estados Unidos y realizar una escala en Panamá antes de llegar a Luque. La hipótesis que maneja el Ministerio Público sostiene que varias personas habrían participado en el transporte y posterior posesión de la carga ilícita detectada durante el operativo.

Los elementos obtenidos durante la pericia serán incorporados al expediente y confrontados con otras evidencias recolectadas por los investigadores, entre ellas documentos de vuelo, registros migratorios, comunicaciones y testimonios.

Tres estadounidenses imputados

La causa ya derivó en la imputación de tres ciudadanos estadounidenses, señalados por su presunta participación en una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas.

Según los antecedentes del caso, la carga fue descubierta durante un operativo conjunto entre el Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con apoyo de organismos vinculados a la seguridad aeronáutica. La intervención permitió interceptar el jet privado poco después de su llegada al país.

Las autoridades estiman que la droga incautada tendría un valor cercano a los 2 millones de dólares en el mercado ilegal, mientras que el costo operativo del vuelo que trasladó la carga desde Estados Unidos hasta Paraguay rondaría los 120 mil dólares.

Con la pericia aeronáutica en pleno desarrollo, la Fiscalía apuesta ahora a determinar el nivel de participación de cada uno de los involucrados y a esclarecer si detrás de la operación existía una estructura criminal de mayor alcance dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes.

La jueza en lo Civil y Comercial, Liz Carina Caballero, hizo lugar parcialmente a una demanda de indemnización por error judicial presentada contra el Estado paraguayo, ordenando el pago de G. 616 millones a favor de Lucía Sandoval Escobar, quien permaneció privada de libertad durante 3 años, 6 meses y 20 días antes de ser absuelta de los cargos que se le atribuían.

La mujer, quien actualmente ejerce la abogacía, fue injustamente privada de su libertad y hoy reclama ser resarcida por esta situación. Fue acusada de matar a su esposo, pero fue absuelta en el juicio oral y público.

La resolución judicial establece que el Estado deberá abonar la suma fijada en concepto de reparación por daños y perjuicios, luego de concluir que correspondía admitir la acción promovida por la afectada, quien había sido inicialmente acusada por la muerte de su esposo.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Sandoval Escobar fue sometida a proceso penal por el supuesto homicidio de su cónyuge, permaneciendo recluida durante más de tres años hasta que posteriormente fue absuelta por la justicia, al no encontrarse elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.

Tras su absolución, la mujer promovió una acción de indemnización contra el Estado por error judicial, argumentando los daños ocasionados durante el tiempo de privación de libertad. La magistrada analizó los fundamentos presentados y resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, disponiendo la reparación económica correspondiente.

El fallo dispone que la suma de G. 616 millones deberá ser incluida en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal siguiente, una vez que la sentencia quede firme.

Asimismo, la resolución impone las costas a la parte vencida y ordena las notificaciones correspondientes, además de su registro en el sistema documental del Poder Judicial conforme a las disposiciones vigentes.

Con esta decisión, la Justicia reconoce la procedencia de la reparación estatal en casos de privación de libertad injustificada, marcando un nuevo antecedente en materia de responsabilidad del Estado por error judicial.

La jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió mantener la prisión preventiva de Gianina García Troche en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada(COMPLE), al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron su encarcelamiento tras ser extraditada desde España.

La decisión fue adoptada luego de que la defensa de la acusada solicitara nuevamente la aplicación de medidas menos gravosas. Sin embargo, la magistrada concluyó que persiste el peligro de fuga, por lo que dispuso la continuidad de la medida cautelar más severa.

García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, enfrenta acusaciones por supuesto lavado de activos en el marco de la causa derivada del operativo A Ultranza Py, una de las investigaciones más importantes contra el crimen organizado y el narcotráfico desarrolladas en Paraguay.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la procesada habría cumplido un papel relevante dentro de la estructura liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, conocido como “Tío Rico”. La Fiscalía sostiene que la organización habría sido responsable de coordinar el envío de más de 17 toneladas de cocaína hacia mercados internacionales, principalmente de Europa y África.

Según los investigadores, García Troche habría intervenido en operaciones financieras destinadas a incorporar al sistema económico recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas. La acusación señala que, tras establecer residencia en Paraguay junto a Marset, la estructura criminal fortaleció sus actividades y desarrolló mecanismos para legitimar ganancias provenientes del narcotráfico.

Entre los hechos atribuidos figura la apertura de una cuenta bancaria en 2021, para cuya habilitación, según la hipótesis fiscal, se habrían presentado documentos laborales sin sustento real. Asimismo, el Ministerio Público menciona la constitución de la empresa Grupo San Jorge S.A., conocida comercialmente como Total Cars, que habría sido utilizada para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

La acusación sostiene que dicha firma formaba parte de un esquema destinado a canalizar y reinsertar dinero presuntamente vinculado al tráfico internacional de drogas dentro del circuito financiero formal.

Con la etapa investigativa ya concluida, la Fiscalía solicitó la apertura del juicio oral y público para que un tribunal de sentencia evalúe las evidencias reunidas y determine la eventual responsabilidad penal de García Troche en los hechos que se le atribuyen.

Mientras avanza el proceso, la Justicia considera que las circunstancias que motivaron su encarcelamiento preventivo permanecen inalterables, especialmente ante el riesgo de que la acusada intente sustraerse de la acción judicial.