La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena impuesta al excomisario Eusebio Torres Romero por hechos de tortura cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en una decisión considerada histórica para las víctimas de violaciones de derechos humanos y para el proceso de memoria, verdad y justicia en Paraguay.
Con su resolución, los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón rechazaron los planteamientos de la defensa y confirmaron la máxima pena aplicada al exjefe policial, sentando un precedente en materia de juzgamiento de crímenes vinculados a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen stronista.
En su análisis, los integrantes de la Sala Penal sostuvieron que los hechos de lesa humanidad no pueden quedar impunes mediante argumentos procesales o interpretaciones que obstaculicen el acceso a la justicia. Los magistrados remarcaron que el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar este tipo de conductas, además de garantizar a las víctimas el derecho a obtener una respuesta judicial efectiva.
Durante el proceso quedó acreditado, mediante testimonios, documentos y otros elementos probatorios, que Torres Romero, quien integraba la Policía de la Capital, participó en las torturas infligidas a Carlos Casco, a su esposa Teresa de Jesús Aguilera quien se encontraba embarazada al momento de los hechos y a Luis Casco, hermano del primero. Por estos hechos fue declarado coautor de tortura.
Los hechos juzgados ocurrieron en abril de 1976, cuando los hermanos Casco y Teresa de Jesús Aguilera fueron detenidos por organismos de seguridad del régimen bajo sospechas de mantener posiciones contrarias a la dictadura. Según quedó probado en juicio, las víctimas fueron sometidas a severos apremios físicos y psicológicos durante su cautiverio.
La decisión de la Corte representa uno de los fallos más relevantes en materia de derechos humanos dictados en los últimos años en Paraguay. Para las víctimas y sus familiares, la resolución constituye el cierre de una larga búsqueda de justicia que se extendió durante décadas y el reconocimiento judicial del sufrimiento padecido durante uno de los períodos más oscuros de la historia nacional.
Más allá del caso particular, la confirmación de la condena reafirma el compromiso del sistema judicial con la persecución de graves violaciones a los derechos humanos y envía un mensaje de que los crímenes cometidos durante la dictadura no quedarán al margen de la justicia, aun cuando hayan transcurrido varias décadas de los hechos.
