La Cámara de Apelación confirmó la resolución del juez José Agustín Delmás, quien admitió la imputación contra Óscar Boidanich en el caso Messer, procesándolo por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal.

El imputado está sospechado de haber cajoneado reportes de la Red de Control de Operaciones con Darío Messer, motivo por el que enfrenta la imputación.

Con esta decisión de alzada, el magistrado está nuevamente habilitado para fijar una nueva fecha para la imposición de medidas para todos los imputados. El Ministerio Público solicita la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Óscar Boidanich, exministro de Seprelad, y los demás imputados.

Boidanich, Raquel Cuevas Arzamendia y Melissa Parodi han sido imputadas por los mismos delitos relacionados con el ex titular de la Secretaría de Estado. Según los cinco agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso de límite operativo autorizado y falta de documentación suficiente.

El abogado Guillermo Duarte, defensor de Miguel Cuevas, cuestionó que el Ministerio Público haya incluido como prueba pericial el trabajo técnico realizado por un veterinario que declaró en el juicio contra su cliente.

El propio testigo aclaró durante su declaración ante el tribunal de sentencia que no es perito; su trabajo técnico consistió en analizar el sistema de ingreso y egreso de animales para determinar la cantidad de ganado que posee el enjuiciado.

“El informe técnico que realicé fue en base a las planillas SIGOR. Como ya les había comentado, aquí está todo el movimiento de animales, entradas y salidas, registrado en SENACSA. Lo que se asienta es un movimiento obvio que se corre por fuente y cargo del propietario, porque es el que tiene que tener el control de los animales, ya que no puede sacar más de lo que figura acá”.

“Este documento que me pasaron para hacer el informe técnico asume desde ya que tiene la totalidad de los movimientos del ganado. No trabajé sobre guías de traslado. Quiero aclararles que mi trabajo no fue una pericia, ya que no tengo formación en pericias; mi formación es en el manejo de planillas de ganado, en entradas y salidas. No estoy matriculado en la Corte Suprema de Justicia. Mi trabajo es un informe técnico, pero obviamente este SIGOR refleja todo lo que entró y salió, entonces no sé con qué objeto viene la presentación de una guía”, señaló el testigo Gregorio durante su testimonio ante el tribunal.

El abogado cuestiona la seriedad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público, ya que en base a este trabajo se sostiene la acusación de la fiscalía contra Miguel Cuevas.

La fiscalía, a cargo de Luis Piñanez, afirma que Miguel Cuevas no pudo justificar la suma de G. 5.494.829.490 en su patrimonio, correspondiente a las ganancias obtenidas entre los años 2009 y 2019, por lo que lo acusó de enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa.

Por otro lado, la defensa insiste en que la cifra por la cual fue imputado y procesado el legislador es de G. 1.705.315.135.

El tribunal de sentencia que juzga el caso desde hace meses está integrado por la jueza Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera.

El fiscal Deny Yoon Pak imputó a dos personas que serían los encargados de brindar la logística para enviar desde Paraguay más de 10 toneladas de mercancía ilícita que finalmente fue incautada en Alemania.

Los imputados son Gonzalo Aparicio Sosa Izaguirre, quien usó la identidad falsa de Víctor Miranda. También fue identificado e imputado el paraguayo Guillermo Federico Rey Torres. Ambos ya cuentan con órdenes de captura.

Según se confirma desde la Senad, se vienen realizando pesquisas conjuntas con el Ministerio Público desde el pasado 15 de julio, día que cayó la carga. Agentes especiales están trabajando bajo la coordinación con el fiscal Deny Yoon Park.

Se realizaron 9 procedimientos (allanamientos y constituciones) en viviendas, oficinas, escribanías y depósitos en diferentes puntos. Con ello, fue posible identificar a un bloque responsable de organizar la logística empresarial para el envío de la carga de droga.

Para ello, utilizaron documentos fraudulentos. Están plenamente identificadas, imputadas y con órdenes de captura dos personas, de nacionalidad paraguaya y uruguaya, respectivamente. Son los primeros resultados en un lapso de diez días de investigación. La misma sigue abierta y apunta a todo el esquema en sus diversos bloques.

La magistrada Rosarito Montanía es la magistrada que fue sorteada para entender en el caso.

Los abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero presentaron sus alegaciones finales el día de hoy ante el tribunal de sentencia que juzga al exministro Miguel Oscar Bajac por un presunto pedido de coima.

La defensa sostuvo en sus casi tres horas de alegatos que no existen elementos probatorios que vinculen a Bajac con el presunto pedido de dinero a cambio de cambiar el sentido de un fallo en el que ya había emitido su voto contrario a las pretensiones del denunciante en el caso, Rafael Ramírez.

“Bajac no pidió sumas de dinero ni pudo haberlas pedido para votar o modificar el sentido de su voto, pues cuando se presentó la denuncia (2 de julio de 2018), ya había votado y el expediente estaba en el despacho del ministro Garay con dos firmas en el mismo sentido (voto de Torres, con la adhesión de Bajac)”.

“Es decir, desde el 18 de junio de 2018 (14 días antes de la denuncia y procedimientos), el expediente ya no estaba en poder de Bajac”, sostuvo la defensa ante el tribunal.

La defensa aseguró que no hay videos, audios, fotos, grabaciones con autorización judicial o sin ella, entre Bajac o cualquier otra persona (denunciante y/o otras personas imputadas) con relación al caso. Que el exministro Bajac no solicitó dinero a cambio de una resolución judicial, ya que la supuesta “contraprestación” es inexistente, ya que el voto fue en sentido contrario a las pretensiones del denunciante, siempre.

Por último, manifestaron que, de los 11 testigos, 10 dijeron que Bajac no tuvo relación en el caso o no les consta alguna actuación irregular. Solo la representante de Cal Agro afirma lo contrario, pero su testimonio, según la defensa, no tiene credibilidad, pues es parte interesada en el caso.

Para la defensa, no se ha probado la participación del exministro en el hecho investigado por el Ministerio Público, no solo por carecer de elementos de prueba que lo vinculen en el caso, sino porque el hecho de pedido de dinero por parte de Bajac nunca existió, por lo que corresponde su absolución.

Los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, anularon la decisión del tribunal en mayoría que absolvió a Danny Durand, según los camaristas el tribunal absolvió sin justificar expresamente los argumentos.

Señala el fallo de alzada que el tribunal en mayoría solo abocó a transcribir disposiciones legales y constitucionales, sin argumentar las razones por qué, se debe recordar que los jueces en la justificación de las resoluciones dictadas deben consignar y registrar las razones que les lleva tener por comprobadas o no las hipótesis fácticas de las partes con base en las pruebas aportadas y deben ser debidamente valoradas, la motivación de los jueces sobre las pruebas de cargo y de descargo debe ser de forma expresa, completa, exhaustiva, simple y lineal, cosa que no ocurrió en el fallo anulado.

Agrega que el tribunal, se limitó simplemente a expresar que “oídas las declaraciones de los testigos, producidas las pruebas, las circunstancias fáticas han sido analizadas a la luz de los requisitos del tipo legal, declaración falsa y, que al respecto han concluido que la conducta atribuida al acusado Dany Durand no reúne los requisitos suficientes para subsumir la conducta del mismo sin especificar cuál, o cueles pruebas les ha otorgado mayor o menor valor probatorio” dice una parte dela fallo de la cámara de apelaciones.

Con lo resuelto, Dany Durand deberá afrontar un nuevo juicio oral y público por declaración jurada falsa, por haber mentido al asentar su patrimonio, según la acusación del Ministerio Público.

Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel son los agentes fiscales que llevan el caso y presentaron en su momento la apelación contra la absolución del exministro del MUV y la cámara les dio la razón.