El juez Gustavo Amarilla resolvió otorgar arresto domiciliario a Gustavo Medina y a Víctor Paniagua Fretes Filho, imputados por participar en el presunto esquema de lavado de dinero montado en nuestro país por Jarvis Chimenes Pavao.

Tanto Medina como Paniagua están indiciados por el Ministerio Público de haber prestado colaboración para avalar las documentaciones presentadas por las empresas ante las instituciones estatales que están siendo investigadas por la fiscalía con lo que permitieron la circulación de capitales provenientes de fuentes ilícitas.

El arresto domiciliario des estos dos imputados, se suma a las otorgadas en su momento a Raquel Fernández, Renan Mora Benítez, Pedro Seal y Lilian Ayala. En esta causa también se encuentra procesado y en prisión preventiva el esposo de la fiscal Katia Uemura, Daniel Montenegro.

Se estima que el esquema criminal montado por Pavao, lavó 150 millones de dólares en nuestro país. Las estancias, empresas y otros bienes ya forman parte de bienes en proceso de comiso y ya están bajo administración de Senabico.

Los fiscales Fabiola Molas, Isaac Ferreira y Osmar Segovia, presentaron imputación contra las 41 personas por lavado de activos y asociación criminal, tras el operativo denominado pavo real, considerado uno de los operativos más grande contra el lavado de dinero.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dio instrucciones a su abogado Guillermo Ferreiro para presentar una denuncia penal ante la fiscalía por persecución de inocentes contra los fiscales que lo imputaron.

Esta mañana, el abogado Guillermo Ferreiro anunció que denunciará a los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alama Zayas y Rodrigo Estigarribia, por persecución de inocentes.

El intendente de CDE, imputado por lesión de confianza por el Ministerio Público debido a un perjuicio patrimonial de G 1.700 millones con la compra irregular de kits de alimentos según la fiscalía, ha anunciado que planteará una denuncia penal contra los fiscales que llevan su caso.

La defensa sostiene que el Ministerio Público basa su imputación en suposiciones y que no existe una descripción de los hechos durante el periodo en que no se encontraba en stock las mercaderías ofertadas por Tía Chela, así como la supuesta sobrefacturación, ya que la fiscalía no menciona en su acta los cuestionamientos referidos por la fiscalía que apuntan a la firma que ganó la licitación, una conducta que no puede atribuirse al intendente.

Sin embargo, para los fiscales Silvio Corbeta, Alama Zayas y Rodrigo Estigarribia, el intendente Miguel Prieto realizó un montaje legal para justificar la salida de los G 1.700 millones del municipio y afirman que los 25.000 kits de víveres nunca se recibieron.

El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajac, fue sentenciado a 3 años de cárcel por cohecho pasivo agravado. También, el funcionario Luis Rafael Ramírez recibió una pena privativa de libertad de 2 años y seis meses.

«Yo me retiro, si quieren pónganme la esposa, esto es una barbaridad, no existe ningún elemento en mi contra», señaló el exministro al retirarse de la sala de juicios antes de que termine la lectura del fallo.

Para el tribunal de sentencia, integrado por Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza, se probó en juicio oral el pedido de coima en el que los hoy sentenciados tuvieron participación.

El Ministerio Público, representado en este juicio por el fiscal Luis Piñanez, había solicitado una pena privativa de libertad de seis años de cárcel para el exministro, pero el tribunal consideró que la pena justa que debía aplicarse era la de 3 años.

La denuncia contra el exministro fue radicada el 2 de julio del 2018, ya que supuestamente Bajac había solicitado la suma de USD 50.000 a cambio de su voto en un caso.

Sin embargo, la defensa sostuvo durante todo el juicio que, además de la inexistencia de pruebas que incriminen al exministro, el hecho punible nunca existió y que jamás Bajac solicitó dinero alguno a cambio de una resolución judicial.

El delito de violencia familiar lidera las estadísticas del Poder Judicial, encabezando la lista de los diez delitos más judicializados en el país, con 4.596 causas ingresadas entre enero y junio de 2023. Hasta la fecha, este es el delito de mayor incidencia en el sistema de justicia durante el presente año. Le sigue el delito de incumplimiento del deber legal alimentario, con 2.727 casos ingresados en los primeros seis meses del año.

En tercer lugar se encuentra el delito de hurto agravado, que registra un total de 2.622 casos, seguido por 1.557 casos de exposición al peligro de tránsito, y 1.217 casos de hurto. También se ingresaron 1.149 casos relacionados con la ley 1.881/02, que modifica la ley 1.340.

El séptimo delito más común es la estafa, con 989 casos ingresados, seguido por 977 casos de robo agravado, 768 casos de abuso sexual en niños registrados en el año 2023, y 519 casos por resistencia.

Estos son los diez delitos más judicializados, según la Dirección de Estadística del Poder Judicial.

Según el acta de imputación del Ministerio Público el proceso licitatorio para adquirir los 25.000 kits de víveres en pandemia, fue una simulación, un montaje documental para ocasionar un perjuicio patrimonial de G 1.769.790. 000 al Municipio.

Para la fiscalía, Tía Chela SRL, empresa beneficiada con el contrato para la provisión de víveres no contaba en su stock con estos productos (víveres), tampoco tenía la capacidad para técnica para dichas operaciones, por ende, la cantidad de kits estipulada en las notas de remisiones y documentaciones oficiales incautadas de la Municipalidad no se habrían entregado al Municipio, a pesar de que los documentos señalan la supuesta la entrega de 25.000 kits.

“De acuerdo a las sospechas iniciales se habría utilizado la estructura jurídica de la firma Tía Chela, para justificar la erogación de recursos del municipio para simular la adquisición y provisión de estos kits de alimentos, convirtiéndose el proceso licitatorio por la vía de la excepción en un montaje documental para ocasionar un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de G 1.769.790.000”, señala parte de la imputación al intendente de CDE, Miguel Prieto.

La fiscalía busca confirmar la inexistencia de la operación de compra-venta de víveres por la parte de la Municipalidad de Ciudad del Este con la firma Tía Chela, ya que según la fiscalía solo fue una simulación de compra para justificar la salida del dinero de las arcas de la comuna.

Como resultado de la investigación, tanto Miguel Prieto como Francisco Raimundo Arrúa fueron imputados por lesión de confianza en calidad de autores, mientras que otros funcionarios, entre ellos Maggi Fariña, Sebastián Martínez, José Félix Cáceres, Julián Benítez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emili Vanessa Florentín, fueron imputados por lesión de confianza en calidad de cómplices.