La Cámara de Apelación Penal confirmó la segunda imputación contra el usurero luqueño Ramón González Daher. Para los camaristas, no existe un doble juzgamiento a González Daher.

La cámara de apelaciones no considera nula la imputación presentada por el fiscal Silvio Corbeta contra el usurero por el robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú.

La defensa presentó un pedido de nulidad contra la admisión de la imputación, argumentando que su cliente ya fue procesado por el mismo hecho y cuenta con un sobreseimiento provisional.

Sin embargo, los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez dejan en claro que no existe un doble juzgamiento ni una errónea aplicación de la norma por parte del juez al rechazar el pedido de nulidad pretendido por la defensa.

«El acta de imputación no adolece de ningún defecto. Por el contrario, cumple con cada uno de los requisitos exigidos en la Constitución Nacional», sentenciaron los camaristas, con lo que queda firme la segunda imputación presentada contra RGD por el robo de más de 400 cheques. En esta causa también está imputada la abogada Emma González Ramos.

La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de José Luis Gómez Amarilla, cantante conocido como «OG Selú». Para la magistrada, sigue latente el peligro de fuga y obstrucción de la investigación.

Tanto el cantante como los demás imputados en la causa están sospechados de integrar una red internacional de trata de personas. Las mujeres eran llevadas bajo engaño desde Paraguay a España, donde eran explotadas.

En su momento, se realizaron allanamientos simultáneos en España y Paraguay, y se logró rescatar a seis víctimas que habían sido llevadas bajo engaño al territorio español para ser explotadas sexualmente. Además, se detuvieron a doce personas que formaban parte de esta organización criminal, entre ellos se encontraba el cantante OG Selú, quien permanecerá privado de su libertad según la resolución de la jueza.

Durante los procedimientos, se incautaron varios elementos, como vehículos, dinero en efectivo, cheques, pagarés, títulos de propiedad y teléfonos celulares. El Ministerio Público tratará de convertirlos en evidencia del caso.

Los allanamientos en Paraguay se llevaron a cabo en las ciudades de Ñemby, Fernando de la Mora y Lambaré. La cooperación entre ambos países fue fundamental para lograr desbaratar esta red de trata de personas.

En 2022, más de 100 ciudadanas paraguayas fueron víctimas de este flagelo. La desarticulación de esta organización criminal es un paso importante en la lucha contra la trata de personas.

El senador Erico Galeano, imputado por prestar logística al crimen organizado según el Ministerio Público, continúa resistiéndose a presentarse ante la justicia para su audiencia de imposición de medidas.

Esta vez presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra la confirmación de la competencia del juzgado, ya que según la defensa, el magistrado no debió admitir la imputación debido a que el imputado fue electo senador.

«La defensa comunicó al juzgado que presentaron dos acciones de inconstitucionalidad, uno contra la excepción de falta de acción y otra contra la excepción de incompetencia de jurisdicción. Estoy oficiando a la Corte Suprema de Justicia para confirmar lo referido por la defensa y verificar el estado procesal del expediente. En estas condiciones, estoy imposibilitado de llevar a cabo la audiencia porque se cuestiona mi competencia», afirmó el juez Gustavo Amarilla a ABC TV.

Los fiscales del caso, Denny Yoon Pak y Silvio Corbeta, solicitaron la prisión preventiva del imputado teniendo en cuenta la expectativa de pena a la que se expone el acusado, que podría llegar a 22 años de cárcel, y además, porque según el Ministerio Público existe el peligro de fuga considerando el poder adquisitivo del senador.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal para el tráfico de drogas. Se le atribuyen presuntos vínculos con los investigados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo y a quienes Erico Galeano supuestamente prestó logística al brindarles el uso de su avioneta a los líderes de una estructura criminal organizada.

Erico Galeano pudo ser procesado por la justicia cuando aún era diputado, pero a partir de entonces se desencadenó una serie de incidentes que llevaron a trabar la audiencia donde debe imponerse la medida para el acusado, quien reiteró en varias ocasiones que no tenía garantías y, por ello, quería evitar someterse a la justicia.

El juez José Agustín Delmás, una vez más no hizo lugar al pedido de revisión de la prisión preventiva solicitada por la defensa del exministro de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, imputado por soborno agravado y lavado de dinero, quien continuará recluido en la cárcel de Emboscada al ratificarse su prisión preventiva.

El magistrado considera que aún sigue latente el peligro de obstrucción de la investigación que se encuentra en etapa inicial por ende no podría modificar la medida dispuesta inicialmente por su juzgado.

La imputación formulada por el Ministerio Público señala que Roa Burgos habría otorgado millonarias licitaciones a empresas vinculadas a Koube Ayala a cambio de bienes materiales, incluyendo una embarcación de la marca «Azimut» valorada en 450.000 dólares.

El exministro también habría convocado a licitaciones públicas utilizando la Ley de Emergencia Nacional para beneficiar económicamente a Koube Ayala y a sí mismo, direccionando las contrataciones directas siempre en beneficio del mismo empresario y sobrefacturándolas, lo que representó un perjuicio al patrimonio de la institución.

Las empresas beneficiadas por las licitaciones otorgadas por el exministro fueron Tapiracuai S.A, Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol S.A, JPA Logística y Katherine Ayala, todas vinculadas a Koube Ayala. La Cámara de Apelación Penal, también ratificó la medida dispuesta por el magistrado José Agustín Delmás, recientemente.

El exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, fue condenado a 3 años de cárcel por un pedido de coima. Él afirmó que la sentencia condenatoria en su contra carece de fundamento jurídico.

Mencionó que la resolución injusta dada a conocer por el tribunal, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Inés Galarza y Juan Francisco Ortiz, es injusta, ya que no existe ninguna prueba que lo vincule con el pedido de dinero. Agregó que no hay ningún testigo, documento, grabación o filmación que sirva como prueba en su contra, y que el fallo carece de asidero jurídico, por lo que será apelado.

«Con mucho respeto y vergüenza, me dirijo a todos ustedes sin distinción, con el fin de poner en su conocimiento la injusta resolución donde me condenan a 3 años de prisión. La misma carece de cualquier fundamento jurídico», afirmó en su comunicado el exministro de la Corte, Miguel Óscar Bajac.

El tribunal de sentencia, integrado por Rossana Maldonado, Inés Galarza y Juan Francisco Ortiz, condenó al exministro de la Corte a 3 años de prisión por un pedido de coima de 50.000 dólares americanos a cambio de su voto, que según la defensa no es tal, ya que en el momento de la denuncia, el voto del entonces ministro ya estaba emitido, por ende, no pudo haberse solicitado dinero alguno, pues ya existía un voto en mayoría contraria a las pretensiones del denunciante.