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Para Kronawetter, es claro que su mandato vence recién en tres años

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El abogado Enrique Kronawetter, en conversación con Judiciales Net, señaló que su mandato fenece al cumplirse los tres años en el cargo, es decir, el 12 de abril de 2026.

Señaló que fue designado por el poder Ejecutivo en abril pasado como titular del Consejo de la Magistratura y Carlos César Trapani como su suplente.

«Mi mandato constitucional es de tres años. Fui designado titular en abril de este año. Quiero mencionar que ya existen precedentes y se ha respetado el plazo de mandato del representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura», subrayó el doctor Enrique Kronawetter.

Agregó que, en una primera oportunidad, fue designado titular para completar el mandato de Edgar Olmedo, pero que luego ya fue designado como miembro titular, y el mandato, según dicta la Constitución Nacional, dura tres años.

La situación se encuentra en pleno debate en el seno del Consejo de la Magistratura y en el ámbito jurídico tras el anuncio del presidente electo Santiago Peña, quien anunció que la exministra Alicia Pucheta será la representante del Ejecutivo ante este órgano constitucional.

Resaltan uso de la mediación en el Ministerio Público

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En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el fiscal Aldo Cantero destacó los avances de la implementación de la Oficina de Mediación en el Ministerio Público. El proyecto, que comenzó en el año 2019 como piloto en la Barrial 5, ha mostrado resultados positivos y actualmente se está replicando en otras zonas del país.

«Nosotros en el 2019 vinimos implementando lo que se llama la oficina de mediación y comenzamos en la barrial 5, donde yo era fiscal delegado. Era un proyecto piloto inicialmente, pero ya estamos replicando en central en Villa Elisa y ahora se abrió una nueva oficina en la ciudad de Caguazú para los efectos pertinentes», afirmó el fiscal Cantero.

El proyecto de mediación tiene como objetivo principal descomprimir la carga de trabajo en los tribunales penales y encontrar soluciones amistosas a los conflictos que puedan surgir entre los ciudadanos. Para ello, el fiscal Cantero ha trabajado en un proyecto de manual de procedimiento y funciones para la dirección de la oficina de mediación.

«Hice un proyecto de manual de procedimiento y de funciones de esa dirección o de esa oficina, el cual está pendiente todavía de resolución. Hice un trabajo también para el centro de estudios judiciales sobre la mediación en la fiscalía. Es un medio que sirve para descomprimir pero siempre bajo una figura procesal penal que nosotros le damos los fiscales. Es una oficina aparte que tenemos para solución de conflicto. Y cuando hablo de solución de conflicto me refiero a todo tipo de solución de conflicto, no solamente el área penal», explicó Cantero.

La oficina de mediación ha demostrado ser un recurso efectivo para resolver una amplia gama de conflictos, desde disputas entre vecinos hasta asuntos más complejos. El proceso de mediación permite que las partes involucradas encuentren un terreno común y lleguen a acuerdos mutuamente beneficiosos.

«Solucionamos y llegamos a acuerdos entre vecinos, los que no se quieren acercar hacemos que se acerquen y la verdad es que tiene sus beneficios y hay cosas que no se pueden solucionar, obviamente. Pero sí estamos implementando y estamos en la fase todavía de expansión ahora y el proyecto de implementación del protocolo y el manual de procedimientos», añadió el fiscal Cantero.

La mediación se presenta como una herramienta prometedora en el sistema judicial paraguayo, no solo para reducir la carga de trabajo en los tribunales, sino también para fomentar una cultura de diálogo y resolución pacífica de conflictos en la sociedad.

Con esta iniciativa en marcha y el apoyo del fiscal Aldo Cantero, Paraguay da un paso importante hacia una justicia más accesible y cercana a los ciudadanos, brindando una opción efectiva para resolver disputas y conflictos de manera equitativa y consensuada.

La Corte audita a jueza y sumaria a su esposo tras presunta coima

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La Corte Suprema de Justicia dispuso una auditoría en el juzgado de la magistrada de Capiatá, Norma Salomón, y un sumario administrativo a su esposo, Farid González, detenido la semana pasada e imputado por un pedido de coima.

Ambos pedidos fueron firmados por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Eugenio Jiménez, quien a su vez es el superintendente de la Circunscripción de Central. El ministro señala que, considerando que los hechos podrían ameritar medidas disciplinarias debido al supuesto caso de extorsión a cambio de acuerdos judiciales que afectan al juzgado, se ordena la auditoría.

La fiscalía imputó al abogado Farid González, esposo de la jueza Norma Salomón, tras un operativo encubierto en el que recibió G 13.800.000 como parte del pago solicitado a cambio de que se decrete la prisión preventiva en un caso de violencia familiar, causa que está a cargo de su esposa, la jueza Norma Salomón.

La Corte inicia una investigación preliminar para conocer las condiciones de la causa en cuestión y las del propio despacho de la jueza, quien está en el ojo de la tormenta debido a lo ocurrido con su esposo.

Una vez que la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional concluya la investigación, la máxima instancia tomará la decisión correspondiente y adecuada respecto a la magistrada en cuestión.

FOTO: ABC COLOR.

Niña indígena fue rescatada por la Defensa Pública

Una niña indígena de apenas 2 años y 7 meses fue representada por la Defensa Pública de la Niñez, a cargo de la defensora Luz Chávez, quien solicitó la medida cautelar de protección para la pequeña, luego de recibir la denuncia de que la madre biológica permitía que la misma ingiriera bebidas alcohólicas.

Un hombre que acompañaba a la madre en la vía pública, es quien hacía ingerir la bebida alcohólica a la pequeña. A través de las gestiones de la Defensa Pública, se consiguió que la niña fuera protegida en un hogar de abrigo en tanto se contacte con algún miembro de su familia ampliada.

El hecho fue detectado por una representante de la Consejería Municipal por los derechos de la niñez y la adolescencia, Codeni, cuando una mañana transitaba por las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción, momento en que observó que la madre de la niña estaba bebiendo alcohol en compañía de un hombre, quien compartía de la misma bebida a la pequeña.

De inmediato la representante de la Codeni se acercó hasta ellos y verificó que el contenido del envase del cual bebía la niña era efectivamente alcohol.

La denuncia fue presentada ante la defensora Luz Chávez, quien acudió junto con la asistente fiscal hasta el lugar para verificar el hecho, pero ya no encontró a nadie. Al día siguiente, a través de otra denuncia que indicaba que la mujer en compañía de la pequeña se encontraba alcoholizada por las calles, la Comisaría 15° las trasladó hasta el Departamento de Criminalística en donde se confirmó mediante alcotest, el estado de la mujer, por lo que la defensoría dispuso el traslado de la pequeña en un hogar dependiente del MINNA.

Luego del informe médico que indicaba que la pequeña sufría desnutrición, y tras la falta de colaboración de la madre para brindar datos de familiares, la defensora solicitó al juzgado reconocer su actuación ante el caso, confirmar la medida de abrigo para la niña, y dar intervención a DICUIDA, para iniciar la búsqueda y localización de familiares que pudieran hacerse cargo de la pequeña. Mientras tanto, ella se encuentra siendo protegida en el hogar de abrigo.

Operadores deben humanizar cada expediente, afirman

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y encargada del área de Niñez y Adolescencia, Carolina Llanes, participó del “Cine Debate Internacional” actividad académica organizada por la AJP como panelista junto a otros referentes internacionales para debatir sobre la historia de Juan, un niño que fue adoptado por una familia francesa.

La ministra comentó que esta historia interpela profundamente a la sociedad y a todos los operadores de justicia, instándolos a observar el drama humano que se encuentra detrás de cada expediente, a investigar exhaustivamente la situación en cada caso y a no limitarse al cumplimiento meramente «formal» de los requisitos, sino a humanizar el conflicto.

En última instancia, esta es la razón por la cual estudiamos y nos comprometemos como abogados y jueces: la defensa y realización de los derechos humanos fundamentales como principio básico de nuestra existencia.

“La historia de Juan se desarrolla en un contexto sociocultural marcado por la pobreza, la ignorancia, los prejuicios y la corrupción, en el cual se relativizan y minimizan los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a nacer y crecer en una familia natural”, afirmó.

“La madre de Juan representa un caso típico de una mujer con pocas o nulas posibilidades de decidir por sí misma y mucho menos de conocer y reclamar sus derechos. Ante su embarazo, se le cierran todas las posibilidades de quedarse con su hijo. La maquinaria perversa, conformada por la madrina, la asistente social, el abogado y el juez, pone en marcha un proceso que parece ser legal, pero que en realidad es una falacia a través de la cual le arrebatan a su hijo. Ella queda completamente impotente y desolada ante esta dura perversidad. A pesar de su dolor, producto de una sociedad autoritaria y excluyente, se conforma y resigna, y de manera resiliente sigue su vida, predestinada a la pobreza y con escasas posibilidades de alcanzar el bienestar integral que consagra la Constitución”, señaló la ministra.

Agregó que la historia de Juan es una repetición de las experiencias de muchas mujeres paraguayas que son víctimas de esta crueldad, y de niños y niñas que se ven condenados a crecer sin conocer sus orígenes. Sin embargo, en medio de esta tragedia, Juan tuvo la fortuna de ser adoptado por una familia que nunca le ocultó su condición, lo que le permitió conocer sus raíces y recuperar sentimientos y emociones humanas que podrían haberse perdido por completo.

La inédita actividad académica fue organizada por la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), fue todo un éxito, participaron exponentes internacionales y locales de primer nivel.

Acordada combatirá la impunidad basada en chicanas, afirma Víctor Ríos

Señaló que el proyecto de acordada en el que está trabajando la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo no solo evitar que los procesos penales de casos emblemáticos se extingan o prescriban y queden impunes, sino también prevenir la demora basada en maniobras procesales.

La medida tiene como propósito poner un freno definitivo a las artimañas presentadas con el único efecto de obstaculizar los procesos en ciertas etapas y llevar el caso a la extinción.

Comentó que este ambicioso proyecto de acordada refuerza todo lo contemplado en el Código Procesal Penal y brindará apoyo a todos los magistrados que trabajan en el ámbito penal, ya que podrán continuar con las diligencias en cualquier instancia aunque estén siendo recusados. La única restricción será que no podrán emitir una resolución hasta que se confirme su competencia.

“Hay casos muy evidentes, como por ejemplo cuando se recusa a los tres miembros del tribunal durante el juicio oral sin motivo aparente. Esto claramente constituye una maniobra dilatoria. Lo que establece este acuerdo es que deben continuar con el proceso, lo que motivará a quienes deben resolver la recusación a actuar con rapidez, ya que saben que el proceso sigue su curso y deben tomar una decisión en breve. De lo contrario, podrían enfrentar la extinción o la prescripción”, destacó el ministro Víctor Ríos.

Aclaró que la Corte Suprema de Justicia no legisla a través de estos acuerdos, sino que más bien refuerza lo que debe hacerse de acuerdo con la ley vigente.

Subrayó la importancia crucial de aprobar este acuerdo y de que los magistrados cuenten con el respaldo de sus superiores para tomar las decisiones pertinentes sin temor.

Habilitan dos centros de Mediación fiscal

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El Ministerio Público habilita dos centros de Mediación que funcionarán en Coronel Oviedo y Caaguazu, a fin de descongestionar las unidades penales.

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, lideró el acto protocolar de habilitación de los dos centros de Mediación fiscal que funcionarán en Coronel Oviedo y Caaguazú, correspondiente a la Fiscalía Adjunta del Área VI.

Con la apertura de estas oficinas se busca darle la debida importancia a la resolución alternativa de conflictos y no judicializar todos los casos que lleguen al Ministerio Público.

El acto contó con la presencia de la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) Dra. Maria Victoria Rivas, la fiscal adjunta del área Dra. Gilda Villalba, la coordinadora del Centro de Mediación Fiscal Marta Rivas, agentes fiscales, directores y autoridades de la zona.

Los eventos se enmarcan dentro de las Políticas de Justicia Restaurativa y Acceso a Justicia del Ministerio Público, y del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio Público (MP) y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) en el contexto del Proyecto “Derechos y acceso a justicia en nuestra comunidad”, con el apoyo y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Proyecto que tiene como objetivo general contribuir a la ampliación de los servicios de acceso a justicia para población en situación de vulnerabilidad en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Cordillera. Y, como objetivo específico, el fortalecimiento de los servicios de Mediación en el Ministerio Público (MP), mediante la instalación de seis (6) Centros de Mediación Fiscal.

El Ministerio Público aborda la implementación de otros centros de Mediación fiscal en la fiscalía Barrial de Zeballos Cue y luego, en la Fiscalía Zonal de Villa Elisa y Ñemby.

En una segunda fase ya se han abocado a las jornadas de Mediación propiamente. Desde el centro se ha informado que con esta segunda fase de implementación que abarca los servicios de Mediación, ya han concluido el 80% de los acuerdos entre las partes en un tiempo no mayor a 2 meses, denunciantes y denunciados, dando así agilidad y solución a la problemática de las personas que recurren al Ministerio Público, logrando un ahorro económico, y de tiempo, por la prontitud de las acciones.

Otro objetivo en el marco del Plan es seguir generando acciones que permitan trabajar con la comunidad, promover el respeto a los derechos humanos, con permanentes canales de comunicación e insertar campañas de concienciación y sensibilización, cuyo fin es la armonía y la paz social.

La fiscalía debe ser el «gran árbitro», señaló Emiliano Rolón

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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, participó hoy en la inauguración de la oficina de mediación de la fiscalía en Coronel Oviedo y en la ocasión habló con los medios de la zona para recalcar que la institución a su cargo debe trabajar y ser independiente.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo que el Ministerio Público no debe ubicarse jamás en posición muy distante ni cercana a nadie que deba ser un gran árbitro.

Que el Ministerio Público debe trabajar y generar la confianza de la ciudadanía, lo que ha levantado incluso la expectativa de los propios buenos funcionarios de la fiscalía.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señaló que existe mucha gente buena en el Ministerio Público que merece su respaldo y que tenga la motivación de que «el jefe se comporta como dice».

Fue durante el acto de habilitación de la sede de mediación del Ministerio Público en esa zona del país.

Fiscal general dispuso investigación tras denuncia de Cartes

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación y conformó un equipo de agentes fiscales que se encargarán de investigar la denuncia presentada por persecución de inocentes y otros cargos radicada por el expresidente de la República, Horacio Cartes.

Los representantes del Ministerio Público encargados de investigar el caso son Rodrigo Estigarribia, Daniela Benítez y Aldo Cantero, quienes trabajarán bajo la supervisión de la fiscal adjunta Patricia Rivarola.

Se remitió al equipo de fiscales los antecedentes presentados en la denuncia del exmandatario para que inicien formalmente la indagación de los hechos y corroboren si tienen relevancia penal para imputar, así como si pueden identificarse a los posibles responsables de los hechos mencionados en el planteamiento.

En el escrito de denuncia se menciona que Horacio Cartes fue objeto de persecución, con el intento de dañar tanto a él como al Partido Colorado. Se formularon denuncias por simulación de hecho punible, denuncia falsa, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.

Según el abogado Pedro Ovelar, desde 2018, grupos políticos han generado sistemáticamente información y denuncias falsas con oficinas extranjeras, lo que ha resultado en procesos y sanciones contra Cartes y sus empresas. Alegan que fue una confabulación para perjudicarlo políticamente y económicamente. El Ministerio Público evaluará si inicia una investigación con base en la información recibida.

Médico querellado por senadora afirma que su sentencia estaba cantada

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El médico Edilberto Rivarola, querellado por la senadora Lilian Samaniego, recusó a la jueza Lourdes Peña, argumentando que esta actuó con favoritismo hacia la parte querellante.

El médico fue querellado por difamación, calumnia e injuria por la legisladora. En su recusación, sostiene que es evidente el trato desigual que recibe en este proceso. Menciona la defensa que la senadora ingresa por el sector exclusivo de magistrados e incluso la jueza llegó a discutir con las personas que han ido a mostrar su apoyo al profesional de blanco. Además, prohíbe el ingreso de particulares al juicio, que en teoría es una audiencia oral y pública.

El escrito de recusación agrega que varias situaciones se han acumulado, lo que deja en evidencia la parcialidad de la magistrada. Aseguran que esto puede ser demostrado, para lo cual ofrecen videos y testigos con el fin de lograr que la magistrada sea apartada del caso.

También piden que la juez presidenta unipersonal de esta causa acceda al pedido de la defensa. En caso contrario, solicitan que la cámara decida apartarla y que otra persona continúe entendiendo en este juicio. Esto se debe a la preocupación de que la jueza se deje influenciar por la condición de senadora y política de la querellante.

Edilberto Rivarola fue querellado por la senadora Lilian Samaniego después de haberla denunciado por ejercer influencia en supuestos negociados en el IPS.

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