El Ministerio Público habilita dos centros de Mediación que funcionarán en Coronel Oviedo y Caaguazu, a fin de descongestionar las unidades penales.
El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, lideró el acto protocolar de habilitación de los dos centros de Mediación fiscal que funcionarán en Coronel Oviedo y Caaguazú, correspondiente a la Fiscalía Adjunta del Área VI.
Con la apertura de estas oficinas se busca darle la debida importancia a la resolución alternativa de conflictos y no judicializar todos los casos que lleguen al Ministerio Público.
El acto contó con la presencia de la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) Dra. Maria Victoria Rivas, la fiscal adjunta del área Dra. Gilda Villalba, la coordinadora del Centro de Mediación Fiscal Marta Rivas, agentes fiscales, directores y autoridades de la zona.
Los eventos se enmarcan dentro de las Políticas de Justicia Restaurativa y Acceso a Justicia del Ministerio Público, y del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio Público (MP) y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) en el contexto del Proyecto “Derechos y acceso a justicia en nuestra comunidad”, con el apoyo y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Proyecto que tiene como objetivo general contribuir a la ampliación de los servicios de acceso a justicia para población en situación de vulnerabilidad en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Cordillera. Y, como objetivo específico, el fortalecimiento de los servicios de Mediación en el Ministerio Público (MP), mediante la instalación de seis (6) Centros de Mediación Fiscal.
El Ministerio Público aborda la implementación de otros centros de Mediación fiscal en la fiscalía Barrial de Zeballos Cue y luego, en la Fiscalía Zonal de Villa Elisa y Ñemby.
En una segunda fase ya se han abocado a las jornadas de Mediación propiamente. Desde el centro se ha informado que con esta segunda fase de implementación que abarca los servicios de Mediación, ya han concluido el 80% de los acuerdos entre las partes en un tiempo no mayor a 2 meses, denunciantes y denunciados, dando así agilidad y solución a la problemática de las personas que recurren al Ministerio Público, logrando un ahorro económico, y de tiempo, por la prontitud de las acciones.
Otro objetivo en el marco del Plan es seguir generando acciones que permitan trabajar con la comunidad, promover el respeto a los derechos humanos, con permanentes canales de comunicación e insertar campañas de concienciación y sensibilización, cuyo fin es la armonía y la paz social.
