Según el acta de imputación del Ministerio Público el proceso licitatorio para adquirir los 25.000 kits de víveres en pandemia, fue una simulación, un montaje documental para ocasionar un perjuicio patrimonial de G 1.769.790. 000 al Municipio.
Para la fiscalía, Tía Chela SRL, empresa beneficiada con el contrato para la provisión de víveres no contaba en su stock con estos productos (víveres), tampoco tenía la capacidad para técnica para dichas operaciones, por ende, la cantidad de kits estipulada en las notas de remisiones y documentaciones oficiales incautadas de la Municipalidad no se habrían entregado al Municipio, a pesar de que los documentos señalan la supuesta la entrega de 25.000 kits.
“De acuerdo a las sospechas iniciales se habría utilizado la estructura jurídica de la firma Tía Chela, para justificar la erogación de recursos del municipio para simular la adquisición y provisión de estos kits de alimentos, convirtiéndose el proceso licitatorio por la vía de la excepción en un montaje documental para ocasionar un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de G 1.769.790.000”, señala parte de la imputación al intendente de CDE, Miguel Prieto.
La fiscalía busca confirmar la inexistencia de la operación de compra-venta de víveres por la parte de la Municipalidad de Ciudad del Este con la firma Tía Chela, ya que según la fiscalía solo fue una simulación de compra para justificar la salida del dinero de las arcas de la comuna.
Como resultado de la investigación, tanto Miguel Prieto como Francisco Raimundo Arrúa fueron imputados por lesión de confianza en calidad de autores, mientras que otros funcionarios, entre ellos Maggi Fariña, Sebastián Martínez, José Félix Cáceres, Julián Benítez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emili Vanessa Florentín, fueron imputados por lesión de confianza en calidad de cómplices.
