El Senado comunicó hoy al juez Gustavo Amarilla la suspensión de los fueros del imputado senador Erico Galeano, con lo que se allana el camino para marcar la audiencia de imposición de medidas para Erico Galeano, donde se estudiará el pedido de prisión preventiva.

Luego de varios meses de dilación, el juez Gustavo Amarilla podrá fijar la fecha de imposición de medidas para Erico Galeano, imputado por lavado de dinero y asociación criminal por brindar logística al crimen organizado según el Ministerio Público.

Los fiscales del caso, Denny Yoon Pak y Silvio Corbeta, solicitaron la prisión preventiva del imputado teniendo en cuenta la expectativa de pena a la que se expone el indiciado, que podría llegar a 22 años de cárcel, y además, porque según el Ministerio Público existe el peligro de fuga considerando el poder adquisitivo del senador.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal para el tráfico de drogas. Se le atribuyen presuntos vínculos con los investigados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo y a quienes Erico Galeano prestó logística según la imputación, al brindarles el uso de su avioneta a los líderes de una estructura criminal organizada.

Erico Galeano pudo ser procesado por la justicia cuando aún era diputado, pero a partir de allí se desencadenó una serie de incidentes que llegaron a trabar la audiencia donde debe imponerse la medida para el indiciado, quien reiteró en varias ocasiones que no tenía garantías y, por ello, quería evitar someterse a la justicia.

La ministra de Senad Zully Rolón confirmó durante una entrevista en ABC TV, que el operativo Pavo Real, es uno de los más grandes realizados en nuestro país contra una estructura dedicada al lavado de activos.

“Puedo decir con conocimiento que este es el operativo más grande que se ha hecho en nuestro país contra el lavado de activos, proveniente del narcotráfico”, mencionó Zully Rolón.

Comentó que es muy importante trabajar de manera científica para combatir el narcotráfico en nuestro país para bajar los índices de corrupción, teniendo en cuenta el poderío económico de las organizaciones criminales lo que hace permear todo el sistema.

Agregó que el narcotráfico corporativo quedó demostrado con el caso A Ultranza, ya que operaban como una división empresarial, con funciones específicas.

Dijo que es sumamente importante otorgar a las instituciones que combaten el crimen organizado de todo lo necesario en infraestructura para poder romper las estructuras criminales y no solamente uno se quede con la incautación y que el esquema siga operando.

Comentó que la Senad y el Ministerio Público trabajó sobre bases firmes y ciertas, con la información que se recibió de Brasil se indagó y cerró el proceso investigativo para finalmente concluir con la detención de varios partícipes y el comiso de los bienes, que fue llevada adelante por 100 agentes especiales.

Por último, comentó que se va con el deber cumplido y con las bases fortalecidas para combatir el crimen organizado.

Debió iniciar hoy el juicio oral y público para el comiso autónomo de bienes de Darío Messer y su hijo, Dan Wolf Messer. Como primera medida el tribunal de sentencia dio intervención a las abogadas de Messer y su hijo, la diligencia iniciará el próximo 1 de agosto.

Las abogadas Bettina Legal y Sara Parquet, tendrán la representación para ejercer la defensa de Messer y su hijo en este juicio. El patrimonio a ser comisado tiene un valor aproximado de 150 millones de dólares en bienes que pertenecen a Messer.

Ante el tribunal de sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, se dio inicio a la diligencia que tiene como único objetivo que los bienes pasen al Estado paraguayo para a su vez sea distribuido a los entes que combaten el crimen organizado en nuestro país.

En sus deposiciones ante las autoridades brasileñas, en el marco de los acuerdos de delación a los que arribó, Darío Messer expresó que invirtió́ en el Paraguay para blanquear los valores ilícitos que percibió por el monumental esquema transaccional de lavado y evasión que comandaba, a través de la formación de empresas, las que luego pasaron a tener aumentos voluminosos de capital, inversiones en el mercado financiero bursátil, adquisición de préstamos del mismo Darío Messer, lo que le genero capital suficiente para el desarrollo de sus actividades comerciales y permite justificar la gran cantidad de operaciones comerciales que realizaba.

El patrimonio de Messer en nuestro país está siendo administrado por la Senabico y oscila los 150 millones de dólares, en bienes muebles, inmuebles, empresas, vehículos y semovientes.

Los agentes fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia representan al Ministerio Público en esta audiencia de comiso de bienes adquiridos en nuestro país con dinero ilícito.

El abogado Guillermo Ferreiro asume la defensa de Miguel Prieto imputado por lesión de confianza por un perjuicio patrimonial estimado por la fiscalía de 1.700 millones de guaraníes por la presunta compra irregular de víveres durante la pandemia.

Ferreiro, en conversación con Judiciales Net, confirmó que prepara una serie de incidentes tendientes a revertir la imputación por lesión de confianza que considera es un mamotreto, ya que la fiscalía se basa en suposiciones y lo imputa a Miguel Prieto por conductas hechas por terceras personas. Mencionó que esta imputación es una persecución penal de inocentes.

Agregó que planteará la nulidad del acta de imputación, ya que es nula por los vicios que tiene la presentación fiscal, a la vez planteará una reposición con apelación en subsidio contra la admisión de la imputación firmada por el juez José Agustín Delmás.

La defensa también presentará denuncia contra los agentes fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, adelantó el doctor Guillermo Ferreiro y a la vez presentará denuncia penal contra los mismos, también analizan si será incluido el juez de la causa en estas presentaciones.

La defensa busca con estos incidentes que serán planteados en el transcurso de la semana dejar sin efecto la imputación contra el intendente de Ciudad del Este quien según la defensa está siendo perseguido por ser solo de la oposición.

La fiscalía pide la aplicación del arresto domiciliario para todos los procesados, lo que le impediría al intendente acudir a las oficinas del Municipio, si la justicia hace lugar a dicho requerimiento.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac emitió un pronunciamiento a la opinión pública para mencionar que se encontraba apenado, anonadado y hasta sorprendido por la actitud «antijurídica y caprichosa» del fiscal Luis Piñanez quien solicitó 6 años de cárcel de manera «totalmente fuera de lugar, sin prueba», según el exministro.

“Quiero expresar a la opinión pública a quién me debo de que durante todo el juicio oral no se produjo ninguna prueba que me incrimine, sean testificales, documentales, filmaciones, grabaciones u otro tipo de pruebas por lo que yo nada tengo que ver en este juicio” señala el comunicado de Bajac.

En otra parte de su comunicado que el juicio oral y público injusto que soporta fruto de una denuncia por parte de un personaje indeseable, que ni se ha presentado a declarar en el juicio.

Agrega que la denuncia se realizó contra dos ministros de la Corte sin embargo solamente él fue imputado ante una evidente discriminación dice además que era prácticamente imposible, que exista un presunto pedido de coima porque los votos ya estaban elaborados y se trataba de un fallo unánime, de los ministros Garay,Torres y él.

La defensa técnica ejercida por los profesionales abogados Josefina Aguemo y Raúl Caballero deberán exponer sus alegatos finales el próximo martes ante el tribunal de sentencia que juzga el caso, y adelantaron a Judiciales Net, algunos argumentos sobre el caso debatido en juicio.

“Bajac no pidió sumas de dinero, ni pudo haberlas pedido para votar o modificar el sentido de su voto, pues cuando se presentó la denuncia el 2 de julio del 2018, ya había votado y el expediente estaba en el despacho del ministro Garay con dos firmas en el mismo sentido (voto de Torres, con la adhesión de Bajac”.

  “Es decir, desde el 18 de junio de 2018, 14 días antes de la denuncia y procedimiento fiscal, el expediente ya no estaba en poder de Bajac. No solicitó dinero a cambio de una resolución judicial (ya realizada o que realizará en el futuro), pues su supuesta contraprestación es inexistente” sostiene la defensa por lo que solicitarán la absolución del exministro de la Corte quien afronta juicio oral y público por un presunto pedido de coima.

La jueza Clara Ruiz Díaz, concedió dos meses más para investigar a José Peirano Basso. El 30 de septiembre próximo es la fecha en el que el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo respecto al caso de Fondos Mutuos.

La magistrada analizó el pedido del fiscal Francisco Cabrera, quien pidió cuatro meses más, pero la jueza entiende que dos meses son suficientes para colectar los elementos que según la fiscalía siguen pendientes.

A la vez mencionó el fiscal que se encontraba pendiente de contestación, lo requerido en calidad de cooperación internacional, por lo que requiere más tiempo a fin de “conocer la verdad histórica de los hechos”.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el señor José Peirano Basso fue imputado en fecha 25 de febrero de 2003 por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones, sin embargo, no se pudo iniciar el procedimiento contra el mismo en forma efectiva, debido a que abandonó el país, y se declaró su rebeldía en esta causa el 25 de abril de 2003 por A.I. N.° 465, sin que se pueda realizar la audiencia de notificación del acta de imputación e imposición de medidas en el juzgado de Garantías.

La jueza Ruiz Díaz, levantó el pasado 30 de mayo de este año la rebeldía del imputado, estableciendo como fecha límite de presentación del requerimiento conclusivo el próximo 30 de julio, tiempo insuficiente para el Ministerio Público, ya que siguen realizando diligencias en la causa.