La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó una aclaratoria presentada por la defensa del condenado Froilán Peralta, con esta decisión la condena de tres años de cárcel que pesa sobre el exrector de la UNA debe ser ejecutada.

Señala la máxima instancia que el peticionante pretende por la vía de la aclaratoria un nuevo examen de cuestiones ya resueltas en el recurso extraordinario de casación como ser los fundamentos por los cuales se declaró inadmisible el recurso de casación.

Agrega la Corte para el rechazo del pedido, que a través de la aclaratoria solo se pueden aclarar cuestiones oscuras, corregir errores materiales o suplir omisiones no así alterar por esta vía lo ya resuelto, por lo que se rechazó la pretensión de Peralta.

El exrector de la UNA, Froilán Peralta, fu condenado a purgar tres años de cárcel, por lesión de confianza. En su momento, el tribunal señaló que el condenado hizo gala de su amplia formación académica, sin embargo su conducta perjudicó el bien jurídico que se le fue confiado y no existe causa de justificación alguna que ampare la conducta del condenado exrector.

No hay justificación al perjuicio causado a la Universidad Nacional de Asunción ya que tanto Froilán Peralta como María del Carmen Martínez (condenada a tres años y seis meses por estafa) tienen una basta formación profesional, ambos condenados deberán cumplir su condena ya firme.

El Senado aprobó, por unanimidad, suspender los fueros al senador Erico Galeano, imputado por colaborar con el crimen organizado, según el Ministerio Público.

Finalmente, el Senado hizo lugar al pedido de la justicia de suspender los fueros al legislador para que sea sometido al proceso penal abierto contra Galeano, por brindar logística al crimen organizado, según la imputación.

Con esta decisión la justicia tiene vía libre para convocar al imputado legislador para la audiencia de imposición de medidas donde se analizará el pedido del Ministerio Público que solicita la aplicación de la prisión preventiva para Erico Galeano imputado por lavado de dinero y asociación criminal.

Una vez que el expediente baje de la Cámara de Apelaciones, el magistrado podrá fijar la audiencia de imposición de medidas para el procesado, de momento el caso se encuentra en alzada por un incidente de la defensa del imputado.

Los fiscales del caso Denny Yoon Pak y Silvio Corbeta, solicitaron la prisión preventiva del imputado teniendo en cuenta la expectativa de pena al que se expone el indiciado que podría llegar a 22 años de cárcel y además porque existe según el ministerio público el peligro de fuga teniendo en cuenta el poder adquisitivo del senador.

La imputación contra El legislador del Partido Colorado se basa en supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal para el tráfico de drogas. Se le atribuyen presuntos vínculos con los investigados en el caso «A Ultranza», Miguel Ángel Insfrán, alias «Tio Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo y a quienes Erico Galeano prestó logística según la imputación, al brindarle el uso de su avioneta a los líderes de una organización criminal organizada.

La presidenta de la Sala Penal la ministra Carolina Llanes, habló con Judiciales NET de la relevancia que tiene la firma de un acuerdo interinstitucional entre la máxima instancia y la fiscalía para fortalecer el sistema penal, saturado de casos.

Comentó que la iniciativa de firmar un convenio con el Ministerio Público, tiene como eje un nuevo esquema de gestión con miras a mejorar el proceso penal.

“El Convenio pretende instalar las bases de una colaboración interinstitucional entre Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público para implementar un nuevo esquema de gestión, tendiente a la optimización del proceso penal, comprometiéndose a fortalecer la política criminal. Todo ello encaminado a mejorar el servicio de justicia penal, reducir la mora e impunidad”.

Para llevar adelante lo pretendido, se instalarán mesas de trabajo para coordinar la elaboración de acordadas e instructivos respectivamente para los operadores del sistema y así llevar adelante el proyecto.

“Todo ello en aras de mejorar la calidad del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y el control Jurisdiccional por parte del Poder Judicial, tal como lo exige el sistema acusatorio vigente” acotó la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal.

La propuesta fue presentada en la sesión plenaria de la CSJ y fue circularizada entre los ministros para darle andamiaje a la iniciativa que busca descomprimir el sistema penal, mejorando la funcionalidad de cada institución encargada de la persecución penal.

El fiscal Luis Piñanez presentó hoy sus alegatos finales en el marco del juicio oral y público que se le sigue al exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajar, para quien pidió la condena de 6 años de cárcel, mientras que para el funcionario Rafael Luis Ramírez Doldán, pidió 4 años de prisión por presunta coima y tráfico de influencia.

Piñanez requirió la elevada pena para el exministro acusado como autor de un presunto pedido de coima, en base a lo que considera fue probado durante el debate oral.

La diligencia continuó esta mañana con los alegatos del Ministerio público. El exministro de la Corte Suprema Miguel Óscar Bajac está procesado por cohecho pasivo agravado (coima), porque supuestamente pidió la suma de USD 50.000 por un voto suyo en un caso.

La defensa del exministro a cargo de la doctora Josefina Aghemo expondrá sus alegatos finales el próximo martes 25 de julio.

Integran el tribunal de sentencia en esta causa como presidenta Rossana Maldonado y los miembros titulares, Juan Francisco Ortiz e Inés Galarza, quienes una vez cerrado el debate entrarán a deliberar para dar a conocer posteriormente su fallo.

Se pide arresto domiciliario para Miguel Prieto y otros implicados, por lesión de confianza por un perjuicio patrimonial estimado por la fiscalía, de G 1.700 millones.

El Ministerio Público ha imputado al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con varios funcionarios de la Municipalidad, por su presunta implicación en una compra irregular de víveres durante la pandemia de Covid-19, cometiendo así el delito de lesión de confianza y ocasionando un perjuicio patrimonial. La sospecha del Ministerio público es que los víveres no fueron entregados.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia han formulado la imputación en la capital del país, Asunción, tras investigar las actuaciones llevadas a cabo por Miguel Prieto y otros empleados municipales.

Según los hechos presentados por la fiscalía, Miguel Prieto, en su rol de intendente, y Maggi Fariña, responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, habrían realizado una convocatoria para la adquisición de cestas básicas destinadas a familias de escasos recursos, como parte de las medidas de emergencia implementadas debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el intendente utilizó esta situación de emergencia como una supuesta «urgencia impostergable» para adquirir los productos sin seguir los procedimientos requeridos.

La empresa Tía Chela SRL fue seleccionada para la licitación, siendo la única que presentó oferta tras recibir invitaciones de la Unidad Operativa de Contrataciones. Sin embargo, el Ministerio Público ha recopilado pruebas que indican que Tía Chela no tenía en su inventario la totalidad de los productos ofertados para el 23 de marzo del 2020, y tampoco presentó documentos que acrediten su capacidad material, técnica o financiera para cumplir con el contrato de un monto significativo de G 2.949.650.000.

Como resultado de la investigación, tanto Miguel Prieto como Francisco Raimundo Arrua fueron imputados por lesión de confianza en calidad de autores, mientras que otros funcionarios, entre ellos Maggi Fariña, Sebastián Martínez, José Félix Cáceres, Julián Benítez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emili Vanessa Florentín, fueron imputados por lesión de confianza en calidad de cómplices.

El intendente, recientemente imputado, ha negado categóricamente cualquier irregularidad en su gestión municipal durante una entrevista realizada por ABC TV esta mañana. «No me quedé con un guaraní, no tengo miedo, usando la justicia no nos van a amedrentar», afirmó.

En vista de las graves acusaciones y la imputación formal, se espera que la justicia siga su curso y se realicen los procedimientos legales pertinentes para determinar la responsabilidad de los implicados en este caso. Además, se ha solicitado el arresto domiciliario para el intendente y los demás imputados mientras continúa la investigación. La sociedad civil y las autoridades estarán atentas al desarrollo de este caso que involucra a altos funcionarios públicos de Ciudad del Este.