El juez José Agustín Delmás resolvió dar trámite de oposición en la causa abierta a líderes camioneros, quién según la acusación del Ministerio Público, pidieron una millonaria suma de dinero para levantar cortes de ruta.

El agente fiscal del caso, Francisco Cabrera, se allanó al planteamiento de la defensa y aceptó la aplicación de la salida procesal con la aplicación del procedimiento abreviado, “Asimismo conforme al relato factico anteriormente fundamentado con las pruebas ofrecidas nos encontramos ante un hecho que reúne los presupuesto de tipicidad antijurídica irreprochabilidad y punibilidad por lo tanto la sanción de dos años de pena privativa de libertad se encuentra plenamente justificada con relació‌n a la suspensión de la ejecució‌n de la condena esta fiscalí‌a también considera aplicable dicho instituto puesto que como ya se mencionó‌ anteriormente la pena de dos añ‌os es la que se expectativa por la conducta desplegada por los mismos tomando en consideración el marco legal previsto para el hecho punible de extorsión”, señaló el fiscal en la audiencia.

Pero el juez considera que es necesario un control por parte del superior del dictamen requerido por lo que remite a la fiscalía general para ratificar o rectificar el pedido del fiscal inferior.

En su momento, los fiscales anticorrupción Francisco Cabrera y Silvio Corbeta habían encabezado el operativo donde fueron detenidos los cinco líderes camioneros, quiénes habrían solicitado al propio ministro del Interior Federico González, el pago de un millón de dólares para levantar los cortes de ruta.

Los líderes camioneros pensaron que llegaron a un acuerdo para el pago inicial de 50 mil dólares, pero en realidad la entrega ya formaba parte de un operativo policial y fiscal, tras la denuncia presentada por el ministro González. 

Están acusados en esta causa, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho; el titular de Federación de Transportistas Autónomos Roberto Almirón, Vicente Medina; Juan Friedelieb, de Federación de Camioneros; y Julio César Solaeche, de la Asociación de Camioneros Ovetenses.

Los fiscales que investigan los procesos penales abiertos contra José Peirano Basso presentaron un pedido de prórroga ordinaria para presentar acto conclusivo.

En estos procesos, el Ministerio Público no ha podido tomar la indagatoria al imputado ya que se había dado a la fuga, lo que impidió que se presente el acto conclusivo, mientras éste se encontraba prófugo de la justicia.

El escrito presentado en uno de las casos a cargo del fiscal Francisco Cabrera, refiere que el señor José‌ Peirano Basso fue imputado en fecha 25 de febrero de 2003 por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoció‌n fraudulenta de inversiones, sin embargo, no se pudo iniciar el procedimiento contra el mismo en forma efectiva, debido a que abandono‌ el país, declára‌ndose su rebeldí‌a en esta causa el 25 de abril de 2003 por A.I. N.° 465, sin que se pueda realizar la audiencia de notificació‌n del acta de imputación e imposició‌n de medidas en el juzgado de Garantías.

Rebeldía que fue levantada el pasado 30 de mayo de este año, estableciendo como fecha límite de presentación del requerimiento conclusivo el próximo 30 de julio, tiempo insuficiente para el Ministerio Público, ya que siguen realizando diligencias en la causa.

A la vez el fiscal menciona que se ha requerido cooperación internacional, cuyo resultado también está pendiente, por lo que requieren más tiempo para a fin de “conocer la verdad histórica de los hechos” concluye el escrito.

La audiencia para analizar el pedido de la fiscalía será el próximo viernes, a primera hora ante la magistrada, Clara Ruiz Díaz y en la misma mañana ante el juez Raul Florentín quien tiene otro de los casos.

El escándalo que envuelve al senador Erico Galeano, imputado por brindar logística al crimen organizado, según el Ministerio Público, insiste en resguardarse en sus fueros por supuesta falta de garantías para someterse a la justicia.

Galeano, soporta imputación por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico y asociación criminal para el tráfico de drogas, ha generado un debate acalorado sobre el uso de los fueros parlamentarios.

Expertos constitucionalistas han alertado en numerosas oportunidades que el fuero parlamentario es para proteger al legislador en el ejercicio de sus funciones como parlamentario, no así de blindaje o para que quede impune por la comisión de hechos punibles y en este caso, ilícitos considerados crímenes con una alta expectativa de pena que supera los 20 años de cárcel.

Tanto los fiscales de la cauda, como el magistrado han reiterado el pedido de suspensión de fueros de Erico Galeano, esta vez a la cámara donde pertenece actualmente para que lo despojen de la inmunidad y sea sometido a la justicia.

El fuero parlamentario está diseñado para salvaguardar la independencia del poder legislativo y evitar persecuciones políticas infundadas contra los legisladores. Sin embargo, es importante recordar que esta inmunidad no debe convertirse en un escudo que proteja a los parlamentarios involucrados en delitos graves, en los que es imposible atribuir algún tipo de «persecución política» por su labor legislativa.

En el caso del senador Erico Galeano, las imputaciones se basan en delitos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico, actividades que están en flagrante contradicción con la función parlamentaria. Estos delitos, cometidos presuntamente antes de su designación como senador, no deberían estar amparados por los fueros parlamentarios, ya que se trata de conductas ajenas al ejercicio de su cargo.

La Constitución Nacional de Paraguay establece claramente las limitaciones del fuero parlamentario, excluyendo cualquier hecho punible cometido con anterioridad a la designación como legislador.

El caso del senador Erico Galeano pone de manifiesto la necesidad de una reflexión sobre los fueros parlamentarios y su aplicación en casos de delitos graves.

Es inminente que Erico Galeano, quede sin fueros en los próximos días y podrá finalmente ser sometido a la justicia, si no presenta de nuevo incidentes que no han permitido a la fecha que la justicia haga su trabajo.

En la causa se encuentra pendiente la audiencia de imposición de medidas donde el Ministerio Público ha requerido la aplicación de la prisión preventiva para el imputado.

El senador Erico Galeano, acusado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, compareció hoy ante la Comisión del Senado encargada de dictaminar sobre su desafuero. En su declaración, el legislador negó rotundamente cualquier relación con la delincuencia organizada y el lavado de dinero ilícito. Afirmó que explicará detalladamente los hechos y calificó de falsas las acusaciones en su contra.

Durante la audiencia, Galeano expresó sus disculpas por su presencia ante la comisión y señaló que la carpeta que pesa sobre él, relacionada con asociación criminal y lavado de dinero, es una carga muy pesada. De igual manera, mencionó que expondrá los pormenores que explican los eventos, como la venta de su casa en Aqua Village y el uso de su aeronave por personas posteriormente vinculadas con el narcotráfico.

El senador ha presentado diversas incidencias para obstaculizar el proceso de imposición de medidas y rehúsa acatar las órdenes judiciales. En este sentido, se espera que se evalúe el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

El juzgado encargado del caso notificó recientemente a los senadores sobre la imputación contra Galeano, con el objetivo de remover sus fueros. Se prevé que en los próximos días se trate su desafuero en el pleno del Senado, lo que permitiría avanzar en el proceso judicial.

Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak presentaron la imputación contra el senador del Partido Colorado, acusándolo de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico y asociación criminal para el tráfico de drogas. Se le atribuye tener conexiones con los investigados en el caso «A Ultranza», Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo prófugo Sebastián Marset, a quienes Galeano habría proporcionado logística según la imputación.

La Cámara de Apelación Penal Especializada en Delitos Económicos otorgó permisos para trabajar a las funcionarias fiscales del caso de coima en la unidad fiscal de San Lorenzo.

Griselda Beatriz Acha Alcaraz y Cristi Magali Ortega, quienes enfrentan un proceso junto a la fiscal Ana Girala, obtuvieron el permiso mediante una decisión de la cámara de apelaciones y hoy el juez José Agustín Delmás dio cumplimiento a lo resuelto por alzada.

El juez Delmás dio por cumplida la resolución de la alzada y concedió los permisos en horarios específicos. Acha podrá trabajar desde las 5:30 hasta las 17:30 horas, mientras que Ortega tendrá permiso de 06:00 a 18:00 horas.

La investigación del Ministerio Público revela un presunto esquema de coima dentro de la unidad fiscal liderada por la fiscal Ana Girala, quien se encuentra suspendida. Se sospecha que tanto Girala como sus funcionarias estaban involucradas en pedidos de coimas junto a otros abogados, con el fin de obtener «salidas» favorables en los procesos y direccionar el ingreso de causas durante su turno.

El fiscal Osmar Legal afirmó en su momento que Girala llevaba dos periodos ejerciendo en dicha unidad fiscal. Durante el análisis de un año de gestión, se encontraron más de diez casos en los que se solicitó dinero a cambio de una salida favorable en los procesos. Debido a esto, se planteó la imputación no solo contra la fiscal Girala, sino también contra otros implicados en este esquema de aprietes.

Los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel afirmaron en una entrevista que el Ministerio Público se enfocará en probar el lavado de activos en el caso relacionado con el juicio oral que sentenció a Ramón González Daher y Fernando González Karajallo por usura.

En el programa Expediente Abierto de ABC TV, los fiscales destacaron que la existencia de la usura ya ha sido probada en el juicio anterior, por lo que en esta causa se centran en demostrar la participación de Delcia Karjallo, Fernando González Karjallo y Carolina González en el lavado de dinero proveniente del esquema de usura liderado por RGD.

«El dinero de la usura circuló a través del sistema financiero, generando ganancias. Hemos analizado minuciosamente la información bancaria para llegar a la hipótesis que sustenta la imputación», señaló el fiscal Néstor Coronel.

Por su parte, la fiscal Alma Zayas declaró que no se requiere de pericias complejas en esta investigación, ya que solo es necesario realizar cálculos básicos. La imputación se basa en informes bancarios que revelan grandes sumas de dinero, aproximadamente 460 millones de dólares, que fueron depositados en diversas cuentas.

La defensa de uno de los imputados, la doctora Raquel Talavera, ha argumentado que la cifra de 460 millones de dólares es ficticia y acusa al Estado de utilizar estos procesos como una forma de recaudación paralela. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene su posición y continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el presunto lavado de activos en este caso.

Con esta nueva etapa de la investigación en marcha, se espera que se obtengan más pruebas que fortalezcan la imputación y se logre determinar la responsabilidad de los implicados en el delito de lavado de activos.