El Ministerio Público logró probar los hechos atribuidos a un hombre que abusó por cuatro años de su propio hijo. El tribunal de sentencia lo condenó a purgar la ejemplar condena de 22 años de prisión.

El agente fiscal Demetrio Bareiro representó al Ministerio Público en un juicio oral y logró condenar a un hombre a 22 años de pena privativa de libertad por el abuso sexual de su hijo quien tiene a la fecha 8 años.

La audiencia se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este y el tribunal estuvo presidido por el juez Marino Méndez y como miembros, sus colegas Herminio Montiel y Zunilda Martínez Noguera.

Conforme a los antecedentes, el pequeño había quedado bajo el cuidado de su padre a los 4 años, mientras su madre se fue a trabajar a España. Desde ese momento, el niño fue víctima de agresiones sexuales hasta los 8 años. Cada vez que el hombre consumía bebidas alcohólicas, abusaba de él, tapándole la boca para evitar que gritara, según se demostró durante el juicio oral y público.

Finalmente, el niño confesó a una tía lo sucedido y la mujer presentó la denuncia. El agresor sexual fue arrestado en febrero de 2020 y procesado por el Ministerio Público. Tanto el diagnóstico forense como la evaluación psicológica confirmaron el abuso sexual.

Posteriormente, durante la entrevista realizada en la cámara gesell, como anticipo jurisdiccional de prueba, el niño reafirmó haber sufrido abusos sexuales y acusó a su padre como el autor. Asimismo, durante el juicio oral, el fiscal Bareiro demostró con suficientes pruebas la culpabilidad del hoy condenado.

FUENTE: Ministerio Público.

El procesado Edgar Melgarejo, expresidente de la Dinac, acusado por la compra irregular de insumos en pandemia, recusó a la jueza de su caso, Diana Carvallo, por supuesta parcialidad manifiesta.

El acusado mencionó al oralizar su recusación que a toda costa se busca que esta causa sea elevada a juicio oral y público. Que las defensas demostraron buena fe procesal en todo momento y pese a ello, se evidenció defectos que adolece la diligencia.

La audiencia preliminar para Melgarejo y otros acusados por el Ministerio Público, inició el día de ayer y debió continuar en la fecha, pero a raiz de la recusación a la magistrada, esta diligencia queda en suspenso hasta tanto la Cámara de Apelación Penal resuelva la recusación planteada.

En el caso se encuentran acusados por lesión de confianza, además de Édgar Melgarejo, el gerente financiero, Juan Carlos Turitich Báez; el coordinador de la Unidad Operativa de Contratación, Marcelo Ovelar; el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix, y la Lic. Luz María Chamorro Báez.

La acusación del Ministerio Público versa sobre el sobre costo para la adquisición de tapa bocas durante la pandemia lo que ha producido un perjuicio patrimonial al Estado, en plena pandemia del covid-19.

La jueza deberá elevar un informe a alzada sobre la recusación presentada en su contra.

El exministro de la SEN, Joaquín Roa Burgos, imputado por cohecho pasivo agravado y lavado dinero, presentó un Habeas Corpus Reparador, ante la Sala Penal de la Corte. Roa se encuentra privado de su libertad en Emboscada, desde el 5 de mayo pasado.

Su abogado, Gustavo González, afirma que la prisión preventiva de su cliente es arbitraria e ilegal, ya que se viola el C.P.P y la misma acordada de la CSJ, por lo que considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe revisar las decisiones que han resuelto y confirmado la prisión de Joaquín Roa, quien está recluido hace dos meses en el penal de Emboscada.

La imputación formulada por el Ministerio Público señala que Roa Burgos habría otorgó millonarias licitaciones a empresas vinculadas a Alberto Koube Ayala a cambio de bienes materiales, incluyendo una embarcación de la marca «Azimut» valorada en 450.000 dólares, que ya está sujero a comiso.

El exministro también habría convocado a licitaciones públicas utilizando la Ley de Emergencia Nacional para beneficiar económicamente a su amigo, Koube Ayala y a sí mismo, direccionando las contrataciones directas siempre en beneficio del mismo empresario y sobrefacturándolas, lo que representó un perjuicio al patrimonio de la institución.

Las empresas beneficiadas por las licitaciones otorgadas por el exministro fueron Tapiracuai S.A, Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol S.A, JPA Logística y Katherine Ayala, todas vinculadas a Koube Ayala.

Joaquín Roa Burgos, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) entre agosto del 2013 y febrero del 2022, y a Alberto Koube Ayala, empresario vinculado al exfuncionario, están procesados por cohecho pasivo agravado, soborno agravado y lavado de dinero, esto le valió la prisión preventiva al exalto funcionario quien busca por este medio su libertad ambulatoria.

Diego Octavio Sánchez, residente del barrio Las Lomas, ha interpuesto una querella de acción penal privada por daño contra Santiago Javier Aguade Duarte, conocido como el «Vecino Rompe Autos». Sánchez busca reparación por el perjuicio causado a su vehículo de marca Porsche y evitar futuras víctimas de este individuo.

Los hechos, relatados en la querella presentada, ocurrieron el 16 de junio de 2023, alrededor de las 20:30 horas aproximadamente. Según se menciona, el querellado salió a la calle con un objeto contundente y procedió a dañar severamente el parabrisas trasero, faros traseros, valijera trasera, alerón trasero y pintura del automóvil propiedad de Sánchez. Un vecino fue testigo de la situación y alertó a Sánchez, quien acudió de inmediato. En ese momento, el querellado ingresó a su domicilio profiriendo insultos y amenazas, incluso de muerte, desde detrás de su portón.

La querella ha sido presentada con el objetivo de sentar un precedente y poner fin a los actos perjudiciales del «Vecino Rompe Autos» hacia sus vecinos. Se denuncia que este individuo, simplemente por estacionar en la calle frente a su vereda, comete actos que trascienden la prepotencia y afectan el patrimonio de terceros.

Según Secundino Méndez, abogado querellante, esta acción judicial busca que la justicia actúe y detenga las conductas abusivas del querellado hacia sus vecinos, quienes han sido afectados por sus acciones. El «Vecino Rompe Autos» ha sido mencionado frecuentemente en los medios de comunicación por diversos incidentes, siendo el daño a los vehículos de sus vecinos su principal conducta negativa. Su fama en las redes sociales ha llevado a que sea conocido como el «Vecino Rompe Autos».

La querella solicita que se admitan todas las pruebas presentadas en la causa y que se imponga la máxima pena por el delito querellado, así como el pago de una composición y las costas correspondientes. Se espera que esta acción legal marque un precedente y ayude a proteger a los vecinos de las acciones destructivas del «Vecino Rompe Autos».

La justicia deberá evaluar las pruebas presentadas y tomar las medidas necesarias para garantizar que los daños sufridos por Diego Octavio Sánchez sean reparados debidamente y se eviten futuras víctimas del «Vecino Rompe Autos».

Este miércoles debió desarrollarse la audiencia de imposición de medidas, para Delcia Karjallo y Carolina González, esposa y nuera de Ramón González Daher, imputadas por supuesto lavado de dinero proveniente de la usura.

Las procesadas se presentaron esta mañana con sus respectivos abogados, pero la diligencia no pudo realizarse por los incidentes plateados por la defensa que cuestiona, la admisión de la imputacion y el recurso se encuentra aún pendiente en cámara de apelación.

Según el Ministerio Público tanto la esposa de RGD, su hijo y nuera ingresaron al sistema financiero millonarios montos ocultando que el origen de esos fondos, era la usura.

Abrieron cuentas en el 2020 en el que la imputada Delcia Karjallo, había señalado que ella era ama de casa y que el dinero a depositar eran ingresos familiares a través de las cuales inyectó al sistema financiero dinero de la usura por medio de Certificado de Depósito de Ahorro CDA.

Actualmente se encuentran embargadas las cuentas que poseen todos los imputados en tres bancos de plaza, suma que oscila los 450 millones de dólares.