La jueza Rosarito Montanía explicó a Judiciales Net la desafiante tarea de combatir el crimen organizado en nuestro país, no solo por la complejidad de los casos, sino también por las carencias en recursos humanos adecuados, la falta de penales en condiciones para albergar a personas imputadas en este fuero y por la implicación de políticos en estos casos.

Comentó que trabajar en este fuero no es nada fácil, ya que implica renunciar a horas con la familia para dedicarse de manera efectiva y comprometida con el área, a fin de dar respuesta a tiempo a las innumerables solicitudes de las defensas y de todas las partes involucradas en un proceso.

Manifestó que es un desafío constante para un juez especializado en el combate al crimen organizado, donde no solo se busca castigar a los delincuentes, sino también privarlos de sus bienes adquiridos de manera ilícita. Comentó que el delincuente organizado no solo busca evitar ser sancionado penalmente, sino que también desea evitar ser despojado de sus bienes.

«El involucramiento de la clase política, ya sea con los criminales o porque estos pasaron a formar parte de ese núcleo, podría generar fuertes presiones para la toma de decisiones. Esta situación, además de generar impunidad, desacredita la labor de los operadores de justicia. No es fácil el trabajo porque tenemos que recordar que en la actualidad, no solo se busca castigar a los delincuentes, sino también privarlos de sus bienes adquiridos de manera ilícita. Por lo tanto, el desafío es mucho mayor», señaló la jueza Rosarito Montanía.

Señaló que es necesario entender la diferencia entre una estructura criminal organizada y un grupo criminal común, que radica principalmente en que las personas que integran una estructura del crimen organizado tienen los vínculos necesarios para evitar ser perseguidas por el hecho punible que cometen, incluso para evitar ser condenadas. En cambio, una estructura ordinaria se reúne, comete el hecho punible, reparte las ganancias y eventualmente se vuelve a reunir para perpetrar otro hecho punible, como el robo de coches. No es tan estable como las estructuras criminales organizadas.

Agregó que el fuero enfrenta numerosas dificultades, desde tener pocos funcionarios capacitados, ya que los mejores están sobrecargados de trabajo y dedican muchas horas fuera de su horario laboral, siendo reconocidas solo dos horas de ese tiempo que emplean en este fuero tan delicado.

Dijo que otra de las grandes dificultades que enfrenta el magistrado especializado es determinar a dónde enviar a los imputados para evitar que personas de las mismas facciones criminales sean encarceladas en el mismo penal, dado que se sabe que las cárceles son controladas por grupos criminales.

Acotó que en nuestro país no contamos con un régimen penitenciario adecuado y mucho menos con infraestructura para separar a los reclusos según su facción.

La jueza Rosarito Montanía es una funcionaria de carrera en el Poder Judicial y es una de las más destacadas en el juzgado de Garantía. Es una de las magistradas cuyo juzgado lleva adelante el proceso abierto «A Ultranza», uno de los operativos internacionales conjuntos que realizó Paraguay contra el crimen organizado.

Este viernes siguió el juicio oral y público a Francisco Javier Díaz Verón y su esposa Selva Morínigo, juzgados por enriquecimiento ilícito respecto al primero y lavado de dinero con relación a Morínigo.

La diligencia continuó en la fecha con la lectura íntegra del auto de apertura a juicio oral que describe que el acusado exfiscal general del Estado y su esposa obtuvieron un patrimonio que supera sus legítimas posibilidades.

Por horas, los actuarios del tribunal de sentencia realizaron la lectura de la elevación de la causa y aún no concluyó; en la misma se relatan los montos varias veces millonarios que el matrimonio no puede justificar según la acusación.

Las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera representan en este juicio al Ministerio Público y defenderán la acusación presentada contra el extitular de la fiscalía y su esposa; una vez que concluya la lectura, señalaron que realizarán algunas precisiones.

El tribunal de sentencia que juzga el caso lo preside Víctor Alfieri, e integran Alba González y Darío Báez.

Díaz Verón y su esposa supuestamente no justificaron la suma de G. 10 mil millones entre sus ingresos y egresos. Esto abarca los años 2008 y 2017. La fiscalía sostiene además que el matrimonio ocultó este patrimonio mediante la señora Morínigo, quien entonces era funcionaria pública.

La diligencia continuará el próximo lunes en esta misma etapa.

El tribunal de sentencia, presidido por el magistrado Juan Carlos Zárate, inició el juicio oral y público respecto al expresidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, con el único propósito de aumentar la pena al condenado.

En su momento, Cárdenas fue condenado a cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, sentencia que fue confirmada parcialmente y anulada en lo que respecta a la sanción carcelaria, ya que las instancias superiores la consideraron irrisoria. Por lo tanto, se remitió nuevamente la causa a un tribunal para un nuevo juicio cuyo objetivo es incrementar la condena de Cárdenas.

En la sentencia anterior, un tribunal de sentencia condenó a Cárdenas a tan solo cuatro años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, manteniendo medidas alternativas a la prisión hasta que la sentencia que de firme. Sin embargo, la cámara de apelación consideró que los delitos probados en el juicio requieren una condena más severa. Ahora, será responsabilidad de este nuevo tribunal de sentencia determinar la pena adecuada y justa para Cárdenas.

Además de la ampliación de la condena, también se ordenó en su momento el comiso de los bienes y el dinero en efectivo adquiridos ilícitamente por el condenado. La sentencia condenatoria dictada en 2021 contra Cárdenas fue considerada irrisoria en comparación con los delitos cometidos.

En su momento, el Ministerio Público había solicitado una pena privativa de libertad de 11 años para el expresidente del Indert, debido a la comprobación de todos los aspectos de la evasión fiscal. Ahora, será durante el próximo juicio oral donde se determinará si Justo Cárdenas recibirá una condena más acorde con la gravedad de los delitos que se le imputan.

A Cárdenas se le detectó una diferencia de más de G. 4 mil millones que no pudo justificar en su patrimonio, según la acusación de la fiscalía.

El abogado Farid González será juzgado solo por extorsión por decisión de la Cámara de Apelación Penal, que, por voto en mayoría, resolvió que el abogado imputado no tiene la calidad de funcionario público y, por ende, no puede ser sometido a proceso como autor de tráfico de influencia.

Relata además el voto en mayoría que un particular sí puede ser imputado como cómplice de un tráfico de influencia, pero que esta situación no está descrita en el acta de imputación del Ministerio Público, a cargo de Federico Delfino.

Con los votos de los camaristas Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, el esposo de Norma Salomón, Farid González, afrontará imputación solo por un delito, no como pretendía el Ministerio Público al calificar también su conducta por tráfico de influencia al mediar supuestamente con su esposa para que se decretara la detención de una persona acusada de violencia familiar, tras recibir un monto de dinero.

Los votos coincidentes sostienen que «el autor debe poseer necesariamente la condición especial de funcionario público o, en su defecto, tener facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, posición en la que efectivamente no se encuentra el imputado. Si bien un particular podría ser imputado y procesado en calidad de cómplice o instigador respecto al hecho punible de tráfico de influencias, en el presente caso, el relato fáctico expuesto en la imputación no señala a ninguna otra persona como autor, por lo que, de conformidad con la teoría del delito, al ser la instigación y la complicidad categorías accesorias, no pueden existir cuando no existe autoría, pues necesitan ineludiblemente de un autor, es decir, el sujeto que tenga el dominio del hecho», alegan los camaristas que votaron en sentido único. Mientras que el camarista José Waldir Servín votó en disidencia.

La fiscalía imputó al abogado Farid González, esposo de la jueza Norma Salomón, tras un operativo encubierto en el que recibió G 13.800.000 como parte del pago solicitado a cambio de que se decretara la prisión preventiva en un caso de violencia familiar, causa que está a cargo de su esposa, la jueza Norma Salomón.