La jueza Rosarito Montanía explicó a Judiciales Net la desafiante tarea de combatir el crimen organizado en nuestro país, no solo por la complejidad de los casos, sino también por las carencias en recursos humanos adecuados, la falta de penales en condiciones para albergar a personas imputadas en este fuero y por la implicación de políticos en estos casos.
Comentó que trabajar en este fuero no es nada fácil, ya que implica renunciar a horas con la familia para dedicarse de manera efectiva y comprometida con el área, a fin de dar respuesta a tiempo a las innumerables solicitudes de las defensas y de todas las partes involucradas en un proceso.
Manifestó que es un desafío constante para un juez especializado en el combate al crimen organizado, donde no solo se busca castigar a los delincuentes, sino también privarlos de sus bienes adquiridos de manera ilícita. Comentó que el delincuente organizado no solo busca evitar ser sancionado penalmente, sino que también desea evitar ser despojado de sus bienes.
«El involucramiento de la clase política, ya sea con los criminales o porque estos pasaron a formar parte de ese núcleo, podría generar fuertes presiones para la toma de decisiones. Esta situación, además de generar impunidad, desacredita la labor de los operadores de justicia. No es fácil el trabajo porque tenemos que recordar que en la actualidad, no solo se busca castigar a los delincuentes, sino también privarlos de sus bienes adquiridos de manera ilícita. Por lo tanto, el desafío es mucho mayor», señaló la jueza Rosarito Montanía.
Señaló que es necesario entender la diferencia entre una estructura criminal organizada y un grupo criminal común, que radica principalmente en que las personas que integran una estructura del crimen organizado tienen los vínculos necesarios para evitar ser perseguidas por el hecho punible que cometen, incluso para evitar ser condenadas. En cambio, una estructura ordinaria se reúne, comete el hecho punible, reparte las ganancias y eventualmente se vuelve a reunir para perpetrar otro hecho punible, como el robo de coches. No es tan estable como las estructuras criminales organizadas.
Agregó que el fuero enfrenta numerosas dificultades, desde tener pocos funcionarios capacitados, ya que los mejores están sobrecargados de trabajo y dedican muchas horas fuera de su horario laboral, siendo reconocidas solo dos horas de ese tiempo que emplean en este fuero tan delicado.
Dijo que otra de las grandes dificultades que enfrenta el magistrado especializado es determinar a dónde enviar a los imputados para evitar que personas de las mismas facciones criminales sean encarceladas en el mismo penal, dado que se sabe que las cárceles son controladas por grupos criminales.
Acotó que en nuestro país no contamos con un régimen penitenciario adecuado y mucho menos con infraestructura para separar a los reclusos según su facción.
La jueza Rosarito Montanía es una funcionaria de carrera en el Poder Judicial y es una de las más destacadas en el juzgado de Garantía. Es una de las magistradas cuyo juzgado lleva adelante el proceso abierto «A Ultranza», uno de los operativos internacionales conjuntos que realizó Paraguay contra el crimen organizado.
