El imputado senador Erico Galeano recusó a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak por supuesta falta de objetividad al solicitar la aplicación de la prisión preventiva en su contra.

La recusación tiene como principal objetivo que ambos fiscales sean apartados de seguir entendiendo en la imputación contra Erico Galeano por presuntamente brindar logística al crimen organizado.

En el escrito de recusación se alega que los fiscales actúan en contra de mandatos constitucionales al pedir su prisión preventiva, que además han ocultado evidencias a la defensa, han obstaculizado el ejercicio de la defensa y tienen intereses políticos. Esto forma parte de los argumentos de la recusación contra ambos agentes fiscales.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Se le atribuyen supuestos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

El Ministerio Público solicita la aplicación de la prisión preventiva para el senador, considerando el riesgo de fuga debido al poder adquisitivo que posee y a la alta expectativa de pena que, según la fiscalía, podría llegar hasta los 22 años.

Por superposición de audiencia de las defensas, la audiencia preliminar establecida para este jueves a los acusados por la compra irregular de tapabocas en la Dinac quedó pospuesta.

El juez Raúl Florentín citó de nuevo a las partes para el próximo 9 de octubre para la audiencia preliminar, donde se analizará la acusación del Ministerio Público y las pruebas ofrecidas.

En el caso se encuentran acusados por lesión de confianza, además de Édgar Melgarejo, el gerente financiero, Juan Carlos Turitich Báez; el coordinador de la Unidad Operativa de Contratación, Marcelo Ovelar; el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix, y la Lic. Luz María Chamorro Báez.

La acusación del Ministerio Público versa sobre el sobrecosto en la adquisición de tapabocas durante la pandemia, lo que ha causado un perjuicio patrimonial al Estado en plena pandemia del COVID-19.

Esta es una de tantas causas abiertas por hechos de corrupción cometidos durante la pandemia con la compra de insumos que debían destinarse para paliar la enfermedad.

El periodista Carlos Granada, acusado de presunto acoso sexual, debía enfrentar esta mañana una audiencia preliminar; sin embargo, recusó a las tres agentes fiscales que llevan su caso por supuesta falta de objetividad, y la diligencia quedó suspendida.

«La actuación del Ministerio Público en la presente causa, a través de las Agentes Fiscales recusadas, se halla desprovista del criterio de objetividad que debe regirla. Siendo así, siempre que se encuentre comprometida la objetividad del investigador, corresponde su apartamiento, porque dicha circunstancia torna jurídicamente imposible la continuación del proceso a su cargo. El ejercicio objetivo de la acción penal pública, como correlato del ejercicio imparcial de la administración de justicia, se encuentra cuestionado en el presente caso, lo que exige que se disponga el apartamiento del operador que ha actuado con irregularidad, materializando así la tutela adecuada de las garantías en confrontación.

Ante este escenario, la diligencia no podrá practicarse, ya que primero debe estudiarse si las agentes fiscales, Nathalia Silva, Luz Guerrero y Claudia Aguilera, se quedan en la causa o serán apartadas, como lo solicita el acusado.

Las agentes fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero, hoy recusadas, presentaron en su momento acusación y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral contra el periodista Carlos Granada por los hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual.

El caso se inició tras la denuncia de varias periodistas, quienes refirieron que fueron hostigadas con fines sexuales, padecieron actos sexuales mediando la fuerza y tuvieron que soportar actos no consentidos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo.

En base a los elementos colectados, el Ministerio Público sostiene que existen elementos para presentar acusación contra el procesado y que el caso debe ser elevado a la siguiente etapa para el debate oral.

El juez Matías Garcete fijó para el 2 de octubre la nueva fecha de preliminar, hasta tanto se resuelva la confirmación de las fiscales.

En busca de evidencias tras el comiso de cinco toneladas de cocaína en Bélgica, este miércoles la Senad y el Ministerio Público realizaron siete allanamientos en busca de información.

En el marco de un operativo coordinado con las autoridades de Bélgica, en torno a la incautación de cinco toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, en junio del 2022. Se desplegó siete allanamientos a viviendas, depósitos, silos y sedes de empresas en Asunción, Cambyretâ, Yatytay y Tomás Romero Pereira (María Auxiliadora) de Itapúa.

Los procedimientos tienen como principal objetivo recabar información y evidencias para el seguimiento de las pesquisas. Se tiene información de los responsables del envío, pero la idea es dar con todos los integrantes de este esquema delictivo.

Mediante la investigación se pudo determinar que la red criminal manipuló datos de terceras personas, que permitieron hacer las gestiones para la exportación de granos proveídos por una empresa paraguaya de mucho renombre en el mercado local.

Este mecanismo fue utilizado para despistar a los investigadores y evitar que el involucrado principal sea identificado. En los últimos tiempos, la contaminación de exportaciones de empresas de renombre, sin historial criminal ha aumentado considerablemente en todos los países, debido a que las mismas no están en el radar de los organismos de seguridad.

Los agentes fiscales especializados antidroga, Osmar Segovia, Elva Cáceres, Ever Williams, Enrique Fornerón y Rocío Valdez, llevaron adelante los allanamientos simultáneos en Asunción y el departamento de Itapúa.

El tribunal de sentencia separó el juzgamiento público del acusado Raúl Fernández Lippmann, quien será juzgado una vez que se resuelva un incidente pendiente en alzada.

El tribunal de sentencia iniciará el juzgamiento de Fernández Lippmann de forma separada del abogado Carmelo Caballero, quien planteó una inconstitucionalidad que aún no ha sido resuelta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal de sentencia, presidido por la jueza Rosana Maldonado, dispuso el inicio del juicio oral y público respecto a Raúl Fernández Lippmann, hasta que el tribunal de apelaciones resuelva el recurso pendiente. Se fijará una nueva fecha y hora de inicio de juicio oral y público respecto a él.

Para evitar que el juicio se siga dilatando debido a un incidente relacionado con un solo acusado, el tribunal ha tomado la medida de separar el juzgamiento de los encausados en cuerdas separadas, con el fin de avanzar en la diligencia, al menos en lo que respecta a un procesado.

Al mismo tiempo, el tribunal de sentencia no ha dado lugar al recurso de reposición planteado por los abogados defensores Selmar Moreno y Carlos Servín, en representación de las defensas de Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, respectivamente, contra la decisión del tribunal de ordenar la separación del juicio. El expediente se envía a cámara, ya que el incidente fue presentado con apelación en subsidio.

Además de la jueza Maldonado, el tribunal de sentencia está compuesto por los jueces Manuel Aguirre y Juan Francisco Ortiz.

En esta causa, se había ordenado la realización de un nuevo juicio para ambos procesados, que en su momento fueron condenados por tráfico de influencia.

La defensa de la suspendida agente fiscal Ana Girala recusó al juez José Delmas, por lo que una vez más la audiencia preliminar prevista para esta mañana quedó suspendida hasta tanto se confirme la competencia del juez de la causa.

La defensa sostiene que el juez actúa con parcialidad manifiesta al emitir resoluciones en la causa muy rápidamente, lo que hace dudar a la defensa de su imparcialidad.

“Desde la primera actuación, el juez hoy recusado ya tuvo una llamativa actuación al manifestar su parcialidad a favor del Ministerio Público, al dar por iniciado el proceso contra Girala, citarla a su imposición de medidas y comunicar el inicio del proceso al JEM, que no es lo mismo que imprimir el trámite de desafuero. Existe una prisa llamativa en el juez para citar a nuestra cliente a imposición de medidas habiendo recursos pendientes por resolver en otras instancias”, dice el escrito que busca apartar al magistrado del proceso abierto por un esquema de coima.

El Ministerio Público acusó a Ana Girala de montar un esquema de coima en su propia unidad fiscal con sus funcionarias y abogados, quienes también fueron acusados por la fiscalía. Para todos los acusados se pidió juicio oral y público.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, un esquema en el que estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp.

“No se limitaron a un solo caso en el que los acusados negociaron salidas procesales”, señala parte de la extensa acusación presentada en su momento por el fiscal Legal.

Dos hombres recuperaron su libertad tras dos años en prisión preventiva sin ninguna prueba que los conecte a un homicidio. La hipótesis inicial del Ministerio Público es que ambos discutieron con su compañero de trabajo antes de que lo encontraran muerto.

Cuatro años atrás, Agustín y Bonifacio, de 63 y 25 años, eran compañeros de trabajo en el distrito de Capitán Bado. Una tarde de octubre en la que ambos trabajaban con total normalidad, la policía se presentó en el lugar y los apresó. Agustín y Bonifacio eran los principales sospechosos de la muerte de un hombre.

A unos 30 km de Capitán Bado, se dio el hallazgo del cuerpo de un joven de 22 años. Se iniciaron las investigaciones correspondientes. Agustín y Bonifacio mantenían una relación de trabajo con la víctima. El último contacto con el fallecido fue una fuerte discusión.

La defensora pública, Gladys Escobar, tomó intervención en el caso. Ambos fueron procesados por homicidio doloso y llevaron años afrontando el proceso por un crimen que no cometieron.

A raíz de las suposiciones, la fiscalía acusó a los hombres y pidió prisión preventiva para ambos en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Allí permanecieron dos años recluidos antes del juicio oral.

Por su parte, la defensora pública alegó ante el tribunal de sentencias que durante el proceso no hubo ninguna evidencia que involucrara a sus representados en el crimen. En el momento de la detención no se encontró ningún arma de fuego en su poder y tampoco hubo pruebas científicas que los incriminaran.

Ante las pruebas inexistentes, de forma unánime, el tribunal de sentencia decidió absolver de culpa y pena a los hombres, quienes recuperaron su libertad luego de dos años.

La jueza de ejecución Silvana Luraghi durante una entrevista con Monumental AM, señaló que decretó la captura del exrector de la UNA Froilán Peralta al quedar firme la condena de tres años de cárcel que le aplicó la justicia por lesión de confianza.

Comentó que a la fecha dicha sentencia está firme y debe ser ejecutada una vez que la Policía haga cumplir su resolución o se presente voluntariamente el condenado a purgar su pena.

Agregó que Froilán Peralta, estuvo poco tiempo en prisión preventiva y una vez que inicie el proceso de comportamiento de la sentencia, se hará el cómputo definitivo del tiempo que le resta cumplir en prisión hasta completar los tres años de cárcel.

Tanto la Sala Penal como Constitucional informaron a la jueza que ya no existe ningún incidente pendiente en dichas instancias con lo que quedó firme la condena de tres años y por ello se dictó su captura para dar cumplimiento a condena.

María del Carmen Martínez, ya se presentó ante la Comisaria de su zona para iniciar también el compurgamiento de su condena de tres años y seis meses por estafa.

Este proceso fue abierto tras la toma de la UNA por un grupo de alumnos por la serie de irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción que generó una serie de movilizaciones de los estudiantes denominado “UNA No Te Calles”, en septiembre del 2015.