La Corte confirmó a los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez para entender en una serie de incidentes que impiden hasta la fecha el segundo juicio oral para exdiputado Tomás Rivas acusado por estafa.

En su momento por mayoría de voto los jueces Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, extinguieron la acusación del Ministerio Público y sobreseyeron definitivamente a Tomás Rivas acusado por el tipo penal de estafa, por la causa de sus caseros.

Rivas devolvió el dinero que sus caseros cobraron ilegalmente de la Cámara de Diputados y con ello logró su desvinculación definitiva de la causa, pero esta decisión fue anulada y la causa va a otro tribunal de sentencia que juzgará nuevamente a Rivas por sus actos.

En esta misma causa los caseros ya fueron condenados por haber cobrado indebidamente dinero de la cámara baja, donde no cumplían funciones sino en la casa del legislador cuyo sobreseimiento fue anulado.

Los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez, decidieron anular en su momento en todas sus partes, la sentencia que desvinculó de la causa a Tomás Rivas y por esa razón la defensa buscó apartarlos del proceso a lo que no se hizo lugar.

La periodista Angie Prieto fue citada para el próximo 26 de septiembre para su juicio oral y público por injuria, tras la querella entablada en su contra por Marcelo Fleitas.

La jueza Mesalina Fernández citó a las partes para el debate oral que arrancará la próxima semana, donde la periodista afrontará juicio por haber denunciado casos de acoso sexual y laboral en la empresa donde trabajaba.

«Este 26 de septiembre inicia el juicio en mi contra por chismes de pasillos, una acción promovida por Marcelo Fleitas, gerente de Albavisión Paraguay (Canal 9- C9N) después de la denuncia colectiva realizada por delitos sexuales ocurridos dentro del medio de comunicación», señaló la querellada periodista.

Lamentó que la empresa, en lugar de protegerlas en su lugar de trabajo, el principal director del medio impulsó la acción penal como medida para justificar su despido y no pagarle lo que legalmente corresponde por ser una trabajadora con estabilidad laboral.

«Sobre todo, este ataque y acoso judicial es un mensaje claro para silenciar las voces de las mujeres que nos animamos a denunciar», acotó dolida Angie Prieto, quien afronta un proceso judicial que considera sumamente injusto, ya que denunciaron la situación de la que eran víctimas para que se investigue y que los responsables sean sancionados.

La joven periodista pide que la justicia frene el uso de este tipo de mecanismos que tienen como única motivación violar los derechos laborales y callar las graves irregularidades de tinte sexual cometidas por personas que ostentan cargos elevados en los medios de comunicación.

El abogado Rubén Maciel denunció la llamativa acusación del Ministerio Público contra su cliente, una mujer de 81 años, quien es acusada por el político Víctor Manuel Guanes Olmedo de presunta estafa.

Comentó que María Ana Ortellado de 81 años, sin preparación académica, difícilmente podría, en sus condiciones de salud y edad avanzada, engañar a un abogado y político experimentado como Víctor Manuel Guanes Olmedo, actual director del S.N.P.P. de la Municipalidad de San Lorenzo.

Por lo que consideran que se trata de un proceso arbitrario, ya que el relato de hechos del Ministerio Público es contradictorio, atípico y busca la condena de la mujer de 81 años, quien se encuentra en el centro de un insólito proceso judicial, acusada de estafar supuestamente al político Víctor Manuel Guanes Olmedo.

Luego de un requerimiento de sobreseimiento definitivo solicitado por la Fiscal Alejandra Savrognan, la adjunta del Ministerio Público Lourdes Samaniego, y esposa del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se rectificó el requerimiento de la mencionada fiscal y se formuló acusación contra la señora María Ana Ortellado.

No deja de llamar la atención a la defensa el criterio de la fiscalía adjunta para solicitar que la anciana enfrente juicio oral, ya que carece de educación formal.

Los eventos se remontan a junio de 2020, cuando el político Víctor Manuel Guanes Olmedo visitó la residencia de María Ana Ortellado para discutir la organización de reuniones políticas en la zona. La intención era abordar la eliminación de los eucaliptos en la Avenida Vittorio Curiel, de la ciudad de San Lorenzo, y plantar nuevas especies en su lugar. Dado que María Ana no podía asistir a estas reuniones debido a su edad, Guanes Olmedo se ofreció a mantenerla informada sobre los desarrollos.

Sin embargo, en julio de 2020, Guanes Olmedo y su esposa, María Laura Frutos Santacruz, visitaron nuevamente a María Ana y le propusieron comprar la mitad de su propiedad por Gs. 150.000.000, a pesar de que la anciana la valoraba en G 300.000.000. De manera sorprendente, le hicieron firmar un contrato por el valor más bajo y no le abonaron ni siquiera la entrega al momento de la firma del acuerdo. Además, se establecieron pagos fraccionados de G 1.000.000, a ser abonados de forma mensual por el término de 10 años, a lo que ella no prestó atención debido al consumo de medicamentos tranquilizantes ese día.

Los problemas surgieron cuando María Laura Frutos Santacruz visitó a María Ana en septiembre de 2020, la amenazó y la obligó a firmar un recibo de dinero, además de utilizar sus pertenencias y alimentos sin su permiso, cuando en el mismo contrato el señor Guanes Olmedo se había comprometido a cuidar y asistir a la octogenaria.

El 7 de septiembre de 2020, María Ana llamó a Guanes Olmedo para expresar su descontento con los términos del contrato, que, según ella, era por la mitad de la propiedad y no la totalidad. Durante la llamada, María Ana perdió el conocimiento y al recuperarse, encontró a Guanes Olmedo en su casa, examinando sus pertenencias.

Después de una serie de eventos, María Ana Ortellado resolvió el contrato en octubre de 2020 debido al incumplimiento de Guanes Olmedo en el pago acordado, el cuidado y el usufructo vitalicio a favor de la vendedora.

La mujer deberá afrontar mañana la audiencia preliminar ante la jueza Alicia Pedrozo, quien ya se había opuesto a su sobreseimiento definitivo.

El juez Miguel Palacios fijó una nueva fecha de audiencia para el próximo 3 de octubre para los acusados, ya que la fiscal Lorena Ledesma llegó fuera del horario establecido y de los 15 minutos de tolerancia.

En una causa de tanta relevancia, es sumamente llamativo que el Ministerio Público no demuestre interés. En este proceso, incluso se pasó por una acusación que no se dio por admitida debido a la falta de acompañamiento de pruebas con el escrito acusatorio. Tuvo que enviarse el expediente en su momento para que la Fiscalía General acusara.

El proceso lleva más de cinco años sin que hasta la fecha se pueda superar la etapa de audiencia preliminar. En estos casos, uno se percata de que la dilación no solo es atribuible a las defensas, sino también al propio Ministerio Público, que confirmó recién en la fecha a la agente fiscal en la causa, frustrando así el inicio de la diligencia una vez más.

En esta causa están acusados Reinaldo Cucho Cabaña, alias Cucho, como el líder de la organización criminal, y el diputado Ulises Quintana, para quienes, una vez más, la diligencia fue suspendida.

“Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se realizó en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, fueron detenidas más de 30 personas, pero luego se fue descartando la participación de estos, quedando un total de 24 personas dentro del proceso penal, quienes enfrentan hoy la audiencia preliminar.

En ese entonces, se llevaron a cabo diversas diligencias investigativas, aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales los intervinientes incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo.

FOTO: ABC Color.

El abogado Guillermo Duarte, defensor de Miguel Cuevas, aseguró en ABC TV que el tribunal de sentencia, presidido por la jueza Elsa García, violó el debido proceso al dejar en estado de indefensión a la defensa en el juicio al no alertar sobre la variación fáctica.

Alegó que ya habían vaticinado el error judicial y que ahora anuncian que este fallo será anulado por indefensión. Con certeza, dijo que esta sentencia será anulada en la Cámara de Apelación Penal.

Agregó que el fallo es arbitrario, ya que dio por probado todo sin que la defensa sepa cuáles son los ingresos que se dieron por ciertos y excluyeron otros.

 «No sabemos de dónde salen los G 1.900 millones. La persona tiene que saber de antemano los hechos que se le atribuyen para defenderse, cuánto percibió Miguel Cuevas, cuánto no se justifica; eso no se dice. El tribunal no puede empezar a sumar y restar sobre la base de la producción probatoria si eso no está en el auto de apertura a juicio, y esto es algo nuevo y es indefensivo. Yo no puedo debatir con el tribunal; el tribunal debió advertirme de que tenías que defenderte. Se va a anular este juicio porque se incluyeron pruebas en base a opinión», acotó Duarte Cacavelos.

Señaló que la defensa buscará anular de pies a cabeza este fallo por variación fáctica y dejar en indefensión a Miguel Cuevas, así como por incluir pruebas que fueron realizadas a espaldas de la defensa, como la pericia realizada en la causa.

El agente fiscal Luis Piñánez, durante su visita a ABC TV, comentó que estaba conforme con la sentencia condenatoria de cinco años para un exalto funcionario como Miguel Cuevas, porque el hecho de enriquecimiento ilícito quedó probado. Solo recurriría si el fallo no está bien fundado.

Agregó que en una causa tan compleja como la que se juzgó, es normal que existan variaciones de montos. En el auto de apertura, el monto elevado para debate fue de G 1.700 millones; sin embargo, para el Ministerio Público, lo que Cuevas no pudo justificar es de G 5.700 millones, mientras que, para el tribunal, lo que Cuevas no pudo justificar en su patrimonio es de G 1.900 millones.

Señaló que, según la conclusión del Ministerio Público, quedó probada la declaración jurada falsa por mentir en su declaración, ya que dijo que tenía un patrimonio a cobrar de G 4 mil millones. Él fue ajustando a su calce financiero.

«Hay una diferencia de montos, pero el hecho se demostró. Este fue un proceso difícil, se aplicó una condena de cinco años. Existe una sanción difícilmente apelaríamos por esta diferencia. La Fiscalía solo apelaría si encontramos incongruencia en el caso de declaración jurada falsa», comentó el agente.

Por último, celebró que el tribunal de sentencia también haya aplicado una sanción adicional de cinco años para ocupar cargo público a Miguel Cuevas, lo que será ejecutado una vez que se cumpla la condena carcelaria si el fallo queda firme.

Recordemos que no solo se aplicó la condena de cinco años de cárcel a Cuevas, también se ordenó el comiso de bienes por un monto que, para el tribunal, no pudo justificar el condenado.

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, habló del principal desafío que tiene la justicia penal especializada en nuestro país: combatir la criminalidad organizada con eficiencia sin violar garantías constitucionales.

Señaló que no se recurrirá a la inclusión de pruebas a cualquier precio, ya que eso pondría en peligro toda la investigación fiscal y las actuaciones jurisdiccionales, lo que conllevaría a la nulidad absoluta del proceso.

«Ser eficientes sin vulnerar las garantías es el enorme gran desafío, en nuestro sistema eso no está permitido, nos impide ingresar la verdad a cualquier precio», señaló la ministra Llanes.

Comentó que la justicia especializada enfrenta muchas dificultades, como las relacionadas con el presupuesto, la logística y los recursos humanos, pero a pesar de ello se están sobrellevando los casos de alta complejidad con los mismos magistrados y funcionarios.

Agregó que, para un combate eficaz del crimen organizado, es necesario coordinar con todas las instituciones encargadas de la persecución de estos ilícitos complejos, como el Ministerio Público, la Policía y Seprelad.