El Ministerio Público requirió la reapertura de la causa contra el usurero luqueño Ramón González Daher y su abogada Emma González, quienes soportan proceso por quebrantamiento de depósito debido al robo de 471 cheques de un juzgado.

La fiscalía sostiene que con los elementos recopilados durante el sobreseimiento provisional están en condiciones de probar que RGD dirigió el robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú.

Los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron la reapertura de la causa y tener por recibida la acusación fiscal por todas las porciones fácticas imputadas en la causa. El Ministerio Público considera que la investigación se encuentra suficientemente agotada y con la convicción necesaria para formular acusación en contra de Ramón González Daher por el hecho punible de quebrantamiento del depósito y hurto agravado.

En cuanto a la abogada de RGD, Emma Concepción González Ramos, la fiscalía la acusa por el hecho punible de obstrucción a la restitución de bienes. En consecuencia, se solicita al Juzgado que en la etapa oportuna se estudie íntegramente la acusación presentada y se admitan las pruebas ofrecidas que prueben lo afirmado.

El vicepresidente segundo de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, sostuvo durante su disertación en el III Encuentro Interinstitucional y de Egresados de la Universidad de Bolonia, que los derechos procesales son derechos humanos fundamentales.

Comentó que después del derecho a la vida, consideraba que el derecho a la justicia es el segundo derecho más importante. Las garantías constitucionales que establece la carta magna, que rige desde el 92, empiezan haciendo alusión a la garantía de control de la constitucionalidad.

“Los derechos procesales que tienden a la realización de la justicia son derechos humanos fundamentales. Quizás después del derecho a la vida, el derecho a la justicia es el segundo derecho esencial, simplemente porque el sentimiento de justicia es inherente a la naturaleza humana y, desde luego, a poco que alguien se sienta avasallado en sus derechos, lo primero que surge es el deseo de venganza. Consecuentemente, si no hay justicia, estamos transitando muy rápidamente en el retorno a la barbarie. Así las cosas, los derechos procesales son una proyección y consecuencia de derechos de profunda raigambre constitucional, adquieren una inusitada trascendencia, el derecho al debido proceso hace a la propia naturaleza humana”, remarcó el ministro Jiménez Rolón.

Agregó que el control constitucional en Paraguay está concentrado en la Corte Suprema de Justicia, que tiene dos vías para estudiar las cuestiones sometidas a su juicio: una que tiene carácter preventivo y la otra reparatoria.

La preventiva es la excepción de inconstitucionalidad que pueden plantear las partes alertando de la violación de garantías constitucionales y así no llegar a que se dicte sentencia y no se concrete la vulneración de derechos. Subrayó que el orden normativo establece los momentos procesales para hacer uso de esta vía preventiva para no caer en inconstitucionalidad, y esas vías no contemplan todas las posibilidades, por ejemplo, aquellas en las que se dictan resoluciones inaudita parte, con lo que se limitan las posibilidades defensivas. No se puede impedir la supremacía de la Constitución, sentenció.

Paraguay fue sede de un debate internacional sobre riesgos y desafíos en la democracia global, riesgos y desafíos del Poder Judicial, riesgos y desafíos del debido proceso, entre otros paneles de alto nivel con juristas locales, regionales y de otras partes del mundo, quienes se congregaron en nuestro país para este debate.

El tribunal de sentencia, presidido por la jueza Elsa García, condenó a Miguel Cuevas a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. Para la justicia, Cuevas no tiene cómo justificar la suma de G 1.934 millones en su patrimonio, ya que sobrepasa sus ingresos legales. El fallo fue unánime.

La jueza Elsa García explicó que quedó probado en juicio que Cuevas tiene un patrimonio varias veces superior a lo que le permiten sus ingresos legítimos. Mencionó que durante el período de 2009 a 2019, que abarca la investigación fiscal, se constata el crecimiento patrimonial de Cuevas que supera sus posibilidades legítimas.

Agregó que el hoy condenado adquirió inmuebles, realizó mejoras en sus propiedades, y efectuó compras de ganado en ese período de tiempo, sin poder justificar con ello la suma de G 1.934 millones, monto que también queda sujeto a eventual comiso.

Al mismo tiempo, se aplica la pena complementaria a Cuevas, de cinco años para ocupar cargo público, que será ejecutada una vez que se cumpla la condena carcelaria por parte del condenado.

Igualmente, el Tribunal absolvió de la acusación de declaración jurada falsa al exlegislador, al considerar que no se probó cuál de las declaraciones juradas era falsa, porque ese extremo no fue probado por el Ministerio Público.

El Ministerio Público había solicitado una condena de 10 años de prisión para Cuevas, pero para el tribunal de sentencia, la pena justa que debe cumplir el procesado es de cinco años de prisión, más la pena complementaria de cinco años de inhabilitación para ocupar cargo público, debido a que el monto no justificado en su patrimonio es desconocido.

La sentencia íntegra será entregada a las partes el próximo 22 de septiembre.

La justicia se adelanta y asegura bienes del imputado senador Erico Galeano, mientras se aguarda la audiencia de imposición de medidas prevista para el 26 de septiembre. El legislador fue imputado por la fiscalía por brindar logística al crimen organizado.

El juez especializado, Gustavo Amarilla, ordenó el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en entidades bancarias o financieras, así como en todas las cooperativas del país habilitadas que se encuentren a nombre de Erico Galeano.

Igualmente, el magistrado remite oficios a la Dirección General de Registros Públicos y del Automotor, y a través de esta oficina, a sus distintas dependencias, con el fin de comunicar que se ha dispuesto la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles o inmuebles pertenecientes al procesado.

También se remiten oficios a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Seguros, para que de forma inmediata se sirvan comunicar a todas las instituciones financieras, bancarias y casas de cambio el bloqueo de cuenta corriente, caja de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en las entidades bancarias o financieras a nombre del encausado.

Con esta medida, la justicia busca asegurar los bienes, ya que, de comprobarse que efectivamente Galeano colaboró con el crimen organizado en logística y para lavar dinero, dichos bienes podrían pasar al Estado paraguayo como única víctima.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Se le atribuyen supuestos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

El Ministerio Público solicita la aplicación de la prisión preventiva para el senador, considerando el riesgo de fuga debido al poder adquisitivo que posee y a la alta expectativa de pena que, según la fiscalía, podría llegar hasta los 22 años.

La justicia condenó a 19 años de cárcel a un hombre que abusó de una niña durante tres años y la dejó embarazada a los 11 años. En un juicio oral se demostró que el hoy condenado sometió a la niña durante tres largos años.

Un hombre fue hallado culpable por un tribunal de sentencia por el delito de abuso sexual en menores y condenado a cumplir una pena de 19 años de cárcel.

La víctima de este grave hecho fue una niña que fue sometida desde los 9 hasta los 11 años de edad, y además quedó embarazada. Los hechos ocurrieron en Caaguazú. El agente fiscal Edgar Torales representó al Ministerio Público en el juicio oral y público, y se probaron todos los extremos afirmados por la fiscalía en la acusación.

La Fiscalía realizó las investigaciones de manera inmediata, tras la denuncia presentada por un familiar de la niña. La víctima recibió atención psicológica y fue sometida a una inspección médica, tanto en el Centro de Atención a Víctimas como en la Clínica Forense del Ministerio Público. Además, se llevó a cabo un estudio de embarazo en la niña, que arrojó un resultado positivo.

Como parte de las pruebas anticipadas en el proceso judicial, en noviembre de 2021, se obtuvo el testimonio de la niña mediante una entrevista en cámara Gesell, donde confirmó que había sido sometida sexualmente por el condenado desde los 9 años de edad.

La defensa de Miguel Prieto sostiene que el magistrado Humberto Otazú tiene supuestamente vínculos con los Zacarías, motivo por el que recusan al juez y piden que sea apartado de la causa abierta por lesión de confianza contra el edil de Ciudad del Este.

Esta mañana debió realizarse la audiencia de imposición de medidas para Miguel Prieto, por simular una compra durante la pandemia. Según la fiscalía, Prieto realizó un montaje legal para justificar la salida de G 1.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este, según el relato del Ministerio público.

“El juez Humberto Otazú es compadre de la familia Zacarías Irún, precisamente de la diputada Rocío Abed y Justo Zacarías. El hermano de este último, Javier Zacarías, es enemigo declarado de nuestro defendido. Esto constituye una grave irregularidad procesal que genera la sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación”, señala parte del escrito de recusación contra el magistrado que conoce la causa de Miguel Prieto.

El Ministerio Público imputó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con varios funcionarios de la Municipalidad, por su presunta implicación en una compra irregular de víveres durante la pandemia de Covid-19, cometiendo así el delito de lesión de confianza y ocasionando un perjuicio patrimonial. La sospecha del Ministerio público es que los víveres no fueron entregados.

Como resultado de la investigación, tanto Miguel Prieto como Francisco Raimundo Arrua fueron imputados por lesión de confianza en calidad de autores, mientras que otros funcionarios, entre ellos Maggi Fariña, Sebastián Martínez, José Félix Cáceres, Julián Benítez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emili Vanessa Florentín, fueron imputados por lesión de confianza en calidad de cómplices.

El intendente, recientemente imputado, ha negado categóricamente cualquier irregularidad en su gestión municipal y asegura que no ha quedado ni un guaraní de la Municipalidad. Considera que se trata de una persecución política en su contra.