La justicia condenó a Alberto Arce Ríos a cuatro años y ocho meses de cárcel por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documento público de contenido falso, estafa y abuso de documento de Identidad.

Según lo probado en juicio por la fiscalía, el hoy condenado el 12 de octubre de 2018, se presentó a una sucursal de un banco de plaza, haciéndose pasar por un cliente. El hombre, utilizando documentos falsos retiró la suma de 65.000.000 de guaraníes de una cuenta corriente.

Arce Ríos dijo que olvidó su chequera y pretendió que se realice además un cheque de gerencia utilizando los documentos falsos del verdadero propietario de la cuenta.

El condenado fue detenido posteriormente tras la denuncia del titular de la cuenta e investigación realizada por el Ministerio Público. Durante el juicio oral la agente fiscal Gladys González pudo demostrar la participación de Arce Ríos en calidad de autor y con los elementos de convicción obtuvo la condena del mismo de cuatro años y ocho meses por la conducta desplegada.

La causa abierta tras el mayor operativo desarrollado en el país contra la criminalidad organizada llegó a la etapa de audiencia preliminar, es uno de los casos más grandes que desbarató una organización criminal que traficaba cocaína a Europa y África, además armó un esquema de lavado de dinero en Paraguay, según el Ministerio Público.

La jueza Rosarito Montanía llevo adelante la audiencia preliminar contra los 14 acusados, la misma estableció la continuidad de la diligencia el próximo jueves por medios telemáticos.

El Ministerio Público representado en este caso por el agente fiscal Deny Yoon Pak, realizó un extenso relato fáctico sobre las actividades realizadas por la organización y describió la participación respecto al primer acusado y lo seguirá detallando respecto a cada indiciado y cuáles son los documentos que con que cuenta la fiscalía para demostrar lo afirmado en la acusación.

Los acusados quienes afrontan audiencia preliminar desde este martes son exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas. Mientras que como líderes del esquema delictivo están imputados Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico (preso en Viñas Cue) y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, este último prófugo de la justicia.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

El juez José Agustín Delmás decretó medidas alternativas a la prisión a pedido del Ministerio Publico para al exministro de Seprelad Óscar Boidanich, imputado por lavado de dinero y frustración de la ejecución penal en la causa de Darío Messer.

El magistrado estableció como medidas cautelares, la prohibición de salida del país, fijar domicilio, la comparecencia mensual ante el juzgado y una caución establecida por el juzgado de G 500 millones que, el Ministerio Público no requirió ya que argumentó que no existía peligro de fuga del procesado.

También se impuso medidas cautelares similares a las otras imputadas en el caso Melissa Parodi y Raquel Cuevas.

Óscar Boidanich, se encuentra procesado por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.

Según los cinco agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.

El juez Humberto Otazu, quien entiende la causa abierta a Delcia Karjallo esposa de Ramón González Daher, rechazó el incidente de nulidad de actuaciones pretendido por la procesada y ratificó la validez de la imputación y todo lo actuado con su admisión.

El magistrado señala en su resolución que el juzgado ha respetado todos los derechos que amparan a la imputada ya que se le notificó de la imputación e inmediatamente la misma designó un defensor de confianza, así como ha tenido la posibilidad de presentar incidencias como la rechazada.

Por lo que resolvió no hacer lugar al incidente de nulidad de actuaciones del proceso abierto por lavado de dinero producto de la usura, según la imputación del Ministerio Público.

Delcia Karjallo y Carolina González, esposa y nuera de Ramón González Daher, así como Fernando González Karjallo, soportan proceso por supuesto lavado de dinero proveniente de la usura.

Según el Ministerio Público tanto la esposa de RGD, su hijo y nuera ingresaron al sistema financiero millonarios montos ocultando que el origen de esos fondos era la usura.

Abrieron cuentas en el 2020 en el que la imputada Delcia Karjallo, había señalado que ella era ama de casa y que el dinero a depositar eran ingresos familiares a través de las cuales inyectó al sistema financiero dinero de la usura por medio de Certificado de Depósito de Ahorro CDA.

Actualmente se encuentran embargadas las cuentas que poseen todos los imputados en tres bancos de plaza, suma que oscila los 450 millones de dólares.