El exministro de Seprelad Óscar Boidanich, fue citado nuevamente para mañana a su audiencia de imposición de medidas ante el juez José Agustín Delmás.

Óscar Boidanich, se encuentra procesado por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operaciones sospechosas en relación con Darío Messer.

El juez de la causa, José Agustín Delmás, lo citó para mañana para llevar adelante la diligencia que pretende sujetar al proceso al indiciado exministro.

Óscar Boidanich, Raquel Cuevas Arzamendia y Melissa Parodi fueron imputados por los mismos delitos que el titular de la Secretaría de Estado. Según los cinco agentes fiscales encargados de la investigación, estos exfuncionarios hicieron caso omiso a los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer, quien fue condenado en Brasil por lavado de dinero.

De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, en 2016, el Banco Continental remitió a Seprelad un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en relación con la empresa CHAI SA, propiedad de Darío Messer. El ROS señalaba un exceso en el límite operativo autorizado y la falta de documentación suficiente.

El juez José Agustín Delmás convocó para el 20 de septiembre a las 8:00 de la mañana a la suspendida fiscal Ana Girala para su audiencia preliminar. El Ministerio Público acusó a Girala y otros procesados de crear un esquema de extorsión en la propia unidad.

En esta diligencia se analizarán todos los elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público contra los acusados por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y otros.

El pasado 4 de septiembre fue la primera fecha establecida por el juzgado para esta diligencia, pero quedó suspendida por estar pendiente de resolución un incidente en cámara de apelaciones.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, un esquema en el que estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp.

“No se limitaron a un solo caso en el que los acusados negociaron salidas procesales”, señala parte de la extensa acusación presentada por el fiscal Legal.

El abogado penalista y experto en materia penal, José Casañas Levi, lamentó que la administración de justicia no tenga capacidad de respuesta en un caso de gran envergadura y que, a cinco años de haberse iniciado el proceso penal, no se haya podido llegar siquiera a la audiencia preliminar.

«Es una mala señal que una persona salga de la cárcel después de cinco años por cumplimiento de la pena mínima. Cómo es posible que en un proceso sobre el cual hay mucha atención, no se haya llegado a juicio es algo que no deja de llamar la atención», acotó Casañas Levi, durante la entrevista en Expediente Abierto emitido por ABC TV.

Agregó que la medida cautelar de prisión preventiva también debe tener un plazo razonable, y que el juez está obligado a revisar dicha medida para verificar si las razones por las cuales se decretó la prisión siguen vigentes o han desaparecido.

Dijo que hay que cambiar la cultura de la aplicación de la prisión preventiva por parte de los jueces, quienes no deben considerarla como regla, sino como excepción, y solo debe ser aplicada cuando se tenga la certeza de que no se podrá someter al proceso estando en libertad.

Comentó que le llamaba la atención las medidas abusivas impuestas por el Palacio a Reinaldo Cucho Cabaña. En primer término, omitió las razones por las cuales se sustituye la prisión preventiva por el arresto domiciliario, ya que en ninguna parte del resuelvo del magistrado está asentada tal situación. Además, prohibió que salga del país, cuando teóricamente tiene prisión domiciliaria que debe ser controlada por la Policía, así como la millonaria fianza real impuesta a Cabaña, la cual debe ser justificada por el Ministerio Público.

El profesional remarcó que la justicia debe prestar especial atención a este tipo de procesos, donde no solo está en juego la libertad de las personas, sino también los comisos del patrimonio de los acusados.

El juez José Agustín Delmás rechazó el pedido de la defensa del exministro de Interior, Arnaldo Giuzzio, que sostiene que las pruebas ofrecidas en la acusación no estuvieron disponibles para la defensa hasta 24 horas antes de la audiencia preliminar.

El magistrado señala en su resolución que lo referido por la defensa «carece de total veracidad», por lo que corresponde el rechazo del planteamiento. La causa pasa a la Cámara de Apelación Penal para su análisis.

Una vez resuelta la cuestión, el magistrado estará habilitado para fijar una nueva fecha de audiencia preliminar para Arnaldo Giuzzio, quien está acusado por el Ministerio Público de presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius, detenido en Brasil.

La acusación del Ministerio Público contra Arnaldo Giuzzio es por el tipo penal de cohecho pasivo agravado, debido a que supuestamente recibió favores del narcotraficante Marcus Vinicius. La fiscalía asegura tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior.

«El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio recopilado, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba», sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

Sin embargo, la defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, ya que el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

El abogado Guillermo Duarte presentó este viernes sus alegatos finales en el marco del juicio oral y público que se le sigue al exdiputado por presunto enriquecimiento ilegítimo y declaración jurada falsa.

La defensa cuestionó, en primer término, el monto que el Ministerio Público acusa como enriquecimiento ilícito, el cual varió de lo que consta en el auto de apertura a juicio y lo debatido en juicio oral sin haber ampliado el monto acusado o justificado.

Agrega que el monto es igual al resultado típico, ya que al diputado le atribuyen que no podía hacer un determinado gasto, pero el Ministerio Público no explica ni prueba por qué no podía hacer esos gastos. La defensa sostiene que el monto por el que debió versar el juicio es de G 1.700 millones, monto establecido en el auto de apertura a juicio oral y no los G 5.700 millones, ya que no fue ampliada la acusación contra el exlegislador, dejándolo sin posibilidad de defenderse de este monto.

“La defensa reclama la violación del artículo 400 del C. P. P., al declarar admitida la acusación por un monto distinto al establecido en el auto de apertura a juicio. El monto no puede variar; en este juicio, el Ministerio Público no amplió la acusación, lo que violó el principio de congruencia, por lo que pedimos la absolución”, refirió el abogado Guillermo Duarte.

Duarte cuestionó la pericia del Lic. Javier González, al plasmar en su pericia que en el 2009 declaró que el diputado Cuevas tenía cero guaraníes en su patrimonio, lo que la defensa considera falso. Subrayó que el Ministerio Público, a través de su perito, excluyó las ganancias que tuvo el exlegislador por la venta de ganado, con suposiciones y estimaciones sin respaldo documental, lo que llevó a descontar varios millones de G de ingresos de Cuevas, lo que lleva a una inconsistencia de G 3.600 millones.

La fiscalía solicitó en su momento 10 años de cárcel para Miguel Cuevas. El tribunal de sentencia citó a las partes para el próximo 15 de septiembre a las 7:30 para la dúplica, réplica y luego dictar el fallo en la causa.

La causa abierta tras el operativo denominado «Berilo», que tiene una connotación pública de alto impacto debido a las personas procesadas en la causa, incluido un legislador, es una muestra de la poca capacidad de respuesta por parte de los operadores del sistema de justicia en un caso complejo donde los derechos procesales del indiciado son pasados por alto.

El considerado líder de la organización criminal, según el Ministerio Público estuvo cinco años en prisión sin condena por lo menos en primera instancia.

La dilación comenzó debido a que el Ministerio Público, presentó la acusación fuera de plazo. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.

Desde la finalización de la etapa investigativa, la causa ha experimentado dilaciones inicialmente propiciadas por el propio Ministerio Público. Además, la defensa ha cuestionado cada fecha de audiencia preliminar y cada decisión de los magistrados de garantías (que los jueces no lo frenaron), lo que ha impedido la sustanciación de la audiencia preliminar en la causa hasta la fecha.

Ayer, uno de los principales acusados, Reinaldo Cucho Cabaña, considerado por la fiscalía uno de los líderes del esquema dedicado al tráfico de drogas y lavado de dinero, abandonó la cárcel, que fue sustituida por el arresto domiciliario, después de permanecer cinco años en prisión preventiva. Además, se le impuso una fianza de más de G 5.500 millones.

Han transcurrido cinco años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso.

«Cucho» Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.