La causa abierta tras el operativo denominado «Berilo», que tiene una connotación pública de alto impacto debido a las personas procesadas en la causa, incluido un legislador, es una muestra de la poca capacidad de respuesta por parte de los operadores del sistema de justicia en un caso complejo donde los derechos procesales del indiciado son pasados por alto.
El considerado líder de la organización criminal, según el Ministerio Público estuvo cinco años en prisión sin condena por lo menos en primera instancia.
La dilación comenzó debido a que el Ministerio Público, presentó la acusación fuera de plazo. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.
Desde la finalización de la etapa investigativa, la causa ha experimentado dilaciones inicialmente propiciadas por el propio Ministerio Público. Además, la defensa ha cuestionado cada fecha de audiencia preliminar y cada decisión de los magistrados de garantías (que los jueces no lo frenaron), lo que ha impedido la sustanciación de la audiencia preliminar en la causa hasta la fecha.
Ayer, uno de los principales acusados, Reinaldo Cucho Cabaña, considerado por la fiscalía uno de los líderes del esquema dedicado al tráfico de drogas y lavado de dinero, abandonó la cárcel, que fue sustituida por el arresto domiciliario, después de permanecer cinco años en prisión preventiva. Además, se le impuso una fianza de más de G 5.500 millones.
Han transcurrido cinco años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso.
«Cucho» Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.
El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.
En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.
