La justicia se adelanta y asegura bienes del imputado senador Erico Galeano, mientras se aguarda la audiencia de imposición de medidas prevista para el 26 de septiembre. El legislador fue imputado por la fiscalía por brindar logística al crimen organizado.
El juez especializado, Gustavo Amarilla, ordenó el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en entidades bancarias o financieras, así como en todas las cooperativas del país habilitadas que se encuentren a nombre de Erico Galeano.
Igualmente, el magistrado remite oficios a la Dirección General de Registros Públicos y del Automotor, y a través de esta oficina, a sus distintas dependencias, con el fin de comunicar que se ha dispuesto la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles o inmuebles pertenecientes al procesado.
También se remiten oficios a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Seguros, para que de forma inmediata se sirvan comunicar a todas las instituciones financieras, bancarias y casas de cambio el bloqueo de cuenta corriente, caja de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en las entidades bancarias o financieras a nombre del encausado.
Con esta medida, la justicia busca asegurar los bienes, ya que, de comprobarse que efectivamente Galeano colaboró con el crimen organizado en logística y para lavar dinero, dichos bienes podrían pasar al Estado paraguayo como única víctima.
La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
Se le atribuyen supuestos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.
El Ministerio Público solicita la aplicación de la prisión preventiva para el senador, considerando el riesgo de fuga debido al poder adquisitivo que posee y a la alta expectativa de pena que, según la fiscalía, podría llegar hasta los 22 años.
