El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, y contra otros 32 procesados por lesión de confianza. Además, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Se trata de la causa abierta por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos que se habrían cometido en la gobernación.

La acusación sostiene que desde el 1 de marzo de 2019 al 30 de diciembre de 2020, la Gobernación de Central desembolsó indebidamente la suma de G. 24.424.032.733 en concepto de aportes a favor de entidades privadas sin fines de lucro con el fin de solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante el organismo. Sin embargo, con estos desembolsos, se ocasionó un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G. 18.384.427.005. Para el Ministerio Público, el monto millonario no tiene respaldo documental y se desconoce el destino del dinero.

Además de Hugo Javier González, también fueron acusados Javier Marcelo Rojas Giménez, Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Allende Araujo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Fernando José Britez Sánchez, Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, Esteban Alvarez Quevedo, Juan Vicente Caballero Villalba y Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo.

Así como Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Cirilo Daniel Darmanas Flores, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira, Blas Vicente Oddone Céspedes, Gloria María Barrios Martínez, Juan Dario Cáceres Abbate, Luis María Galarza Ovelar, Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz y Benita Yegros Vallejos.

Otros acusados son Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Diego Augusto Duarte López, Óscar Morel Oses, Juan Robert Jiménez Rolón, Hugo Wilberto Rojas Villagra, Virgilio Acosta Sandoval, Lila Angélica Duarte viuda de Céspedes y Ezequiel Bogado Barrios.

El juez de la causa deberá establecer una fecha para la audiencia preliminar, donde se analizará la acusación del Ministerio Público y las pruebas ofrecidas para demostrar los extremos alegados.

El hombre fue sentenciado a purgar la pena de 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado durante 2 años de su hijastra de tan solo 9 años. Para el tribunal de sentencia que juzgó el caso, el hecho quedó plenamente demostrado con las pruebas presentadas por la fiscalía.

La agente fiscal Laury Vázquez representó al Ministerio Público en el juicio oral y público donde el hombre fue condenado a 26 años y 8 meses de pena privativa de libertad por cometer abuso sexual en niños.

«El hecho punible quedó probado con la declaración en la cámara Gessell y con los informes psicológicos de la profesional del Centro de Atención a Víctimas. También con las demás pruebas acreditadas en juicio», afirmó la agente fiscal Vázquez.

Añadió que la víctima era la hijastra de la persona condenada, quien fue sometida sexualmente desde los 9 hasta los 11 años.

Los antecedentes indican que la niña vivía con sus abuelos maternos, pero luego la menor de edad fue a vivir con su madre y su padrastro, donde sufrió episodios reiterados de abuso.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Osvaldo Rivas, como presidente, y como miembros, los jueces Corina Paiva, Mario Medina y Enrique Furler. Se mencionan a 4 magistrados, ya que uno de ellos fue reemplazado debido a una cirugía programada.

A pedido del Ministerio Público el juez Gustavo Amarilla, resolvió otorgar el arresto domiciliario al senador Erico Galeano imputado por la fiscalía por presuntamente brindar logística a integrantes del crimen organizado.

El fiscal Néstor Coronel solicitó el arresto domiciliario para el senador Erico Galeano, quien después de varios meses se cometió hoy a la audiencia de imposición de medidas en el marco de la causa abierta al senador por presuntamente colaborar con el crimen organizado.

El agente fiscal interino en la causa, señaló que ya no existe la posible obstrucción para la investigación por parte del procesado por ende la aplicación de la prisión preventiva requerida por sus colegas Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, ya no era necesario a esta altura del proceso y que la medida acorde era la de arresto domiciliario.

Además del arresto domiciliario la defensa presentó una caución de G 10.000 millones para asegurar al imputado al proceso abierto en su contra.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Se le atribuyen supuestos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

La jueza Mesalina Fernández aplazó el inicio del juicio oral y público previsto para este martes debido a una sobrecarga laboral en su juzgado y señaló una nueva fecha para el juzgamiento público a la periodista, que está siendo querellada por el gerente de Canal 9, Marcelo Fleitas, por supuesta injuria.

La nueva fecha establecida por la presidenta unipersonal de este tribunal es el 4 de diciembre, día en el que las partes deberán comparecer para iniciar el debate oral.

«Elijo creer, tratar de encontrar lo positivo, aunque una vez más el tiempo se traduzca en angustia y ansiedad», señaló la periodista querellada en sus redes sociales al informar que la audiencia no pudo comenzar hoy debido a la superposición de casos.

La periodista Angie Prieto fue citada para este martes para su juicio oral y público por injuria, tras la demanda presentada en su contra por Marcelo Fleitas pero el juicio quedó pospuesto.

La joven periodista fue querellada después de la denuncia colectiva que presentaron tanto ella como otras colegas por delitos sexuales ocurridos dentro del medio de comunicación. Tras esta denuncia, Marcelo Fleitas, gerente de Albavisión Paraguay (Canal 9- C9N), la demandó.

Lamentó que la patronal en lugar de protegerlas en su lugar de trabajo, el director principal del medio impulsara la acción penal como medida para justificar su despido y no pagarle lo que legalmente corresponde por ser una trabajadora con estabilidad laboral.

El tribunal de sentencia que lo juzgó, con el único propósito de aumentar la pena, le impuso una condena de siete años de prisión al expresidente del Indert, Justo Pastor Cárdenas, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En un primer juicio oral, Cárdenas fue sentenciado a solo cuatro años de prisión, y se ordenó un nuevo juicio para aumentar su condena, que esta vez se estableció en siete años de encierro.

Para el tribunal de sentencia, presidido por el juez Juan Carlos Zárate, la pena justa que debe recibir el acusado es de siete años de prisión. El Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal Natalia Fúster, solicitó una condena de 11 años de cárcel.

A Cárdenas se le detectó una diferencia de más de G. 4 mil millones que no pudo justificar en su patrimonio, según la acusación de la fiscalía, cantidad que también se requirió en su momento que sea confiscada como reparación al Estado.