La jueza Rosarito Montanía contestó la recusación formulada por el abogado Álvaro Arias defensor de Miguel Insfrán, alias Tío Rico. La magistra rechaza los argumentos de la recusación y pide ser confirmada en la causa.

La jueza fue recusada la semana pasada por el abogado de Tío Rico por supuestamente estar en tela de juicio su imparcialidad, dice que existe un fundamento jurídico válido para ser apartada de la causa.

“Con relación a lo manifestado por el recusante, es importante mencionar que por la sola lectura del escrito de recusación se puede constatar sin lugar a dudas la falta de fundamento jurídicamente válido para recusar a esta magistratura. Tribunal de Alzada, del análisis resultante de la lectura del Art. 50 numeral13, hace alusión específicamente a la excusación del juez, pero no puede ser utilizada para la recusación, ya que ésta, es una circunstancia ligada a factores de apreciación subjetiva relacionadas al ánimo del Magistrado, es decir al fuero íntimo del juez, que no le permiten tomar las decisiones de manera autónoma lo concerniente al mandato jurisdiccional”, señala parte del informe de la jueza a la cámara de apelaciones que la deberá confirmar o no en la causa.

La defensa por su parte busca que la magistrada sea apartada de la causa ya que consideran que al desmeritar una denuncia realizada por Tío Rico  y mencionar que estaría detrás de un plan para destituir a las autoridades del penal militar, manipulando al Mecanismo Nacional de Tortura, está expresando una posición personal que le impide seguir entendiendo en la causa.

Una vez que se resuelva la competencia de la magistrada podrá seguir la audiencia preliminar en la causa que se vio interrumpida por este incidente.

Los acusados, que afrontan la audiencia preliminar, son el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas. Mientras que como líderes del esquema delictivo están imputados Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico (preso en Viñas Cue), y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, este último prófugo de la justicia.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

El año pasado los tribunales emitieron 5.289 sentencias definitivas de divorcio en su mayoría por mutuo acuerdo. Según el análisis realizado por la jueza en lo Civil y Comercial Vivian López esta cantidad es superior a años anteriores a la pandemia.

Comentó que hoy por hoy indistintamente hombres y mujeres plantean los juicios para disolver la sociedad conyugal, las causales alegadas para requerir la separación van desde de problemas económicos, violencia, maltrato, adicciones, no así por adulterio.

De acuerdo a los datos extraídos del Sistema de Gestión Jurisdiccional (JUDISOFT) que corresponden a juicios ingresados y sentencias en Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de cada una de las Circunscripciones Judiciales, en el periodo 2022 desglosados por tipo de divorcio: a petición de las partes y por mutuo consentimiento se encuentran las siguientes cifras.

Ingresaron un total de 5.293 solicitudes de divorcio, distribuyéndose en 2.392 divorcios a petición de una de las partes, mientras que por mutuo consentimiento se registraron 2.901 casos.

En cuanto al número de sentencias dictadas en dicho periodo, pero que ingresaron años anteriores, se tiene que por divorcio a petición de una de las partes hay 2.145 resoluciones y por mutuo consentimiento 3.144, totalizando 5.289 sentencias definitivas emitidas en el 2022.

La magistrada agregó que la utilización del Expediente Judicial electrónico hace que en los juicios de esta naturaleza la respuesta sea casi inmediata principalmente en los casos donde existe consentimiento de las partes para disolver el matrimonio.

El abogado Álvaro Arias, defensor de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, recusó a la jueza de la causa, Rosarito Montanía, por supuesta parcialidad y falta de independencia, y solicitó que sea apartada inmediatamente del proceso.

Arias menciona que, bajo expresas instrucciones de su cliente Tío Rico, recusa a la magistrada que lleva el caso. La defensa alega el Artículo 50, inciso 13, del C. P. P., fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia; es una de las razones para solicitar que la magistrada sea apartada.

“Infelizmente, Vuestra Señoría, se convirtió de magistrada en denunciante de mi cliente, lo que surge de sus públicas declaraciones en torno a las denuncias que él mismo promovió para defender su vida e integridad física y personal, habida cuenta de las torturas a las que es objeto a cargo de los responsables del penal militar en el que guarda reclusión en prisión preventiva”, dice una parte de la recusación presentada por la defensa a cargo del abogado Álvaro Arias, defensor de Tío Rico.

Agrega la defensa que la magistrada, al desmeritar la denuncia de Tío Rico y dudar de que estaría detrás de un plan para destituir a las autoridades del penal militar, manipulando al Mecanismo Nacional de Tortura, está expresando una posición personal que le impide seguir entendiendo en la causa.

La magistrada deberá informar de la recusación en su contra, realizar sus alegaciones, y la Cámara de Apelaciones deberá decidir si confirma o no su participación en la causa.

La audiencia preliminar en este proceso estaba en pleno desarrollo hasta que se vio interrumpida por esta recusación planteada por una de las 14 defensas en este proceso.

Los acusados, que afrontan la audiencia preliminar desde este martes, son el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas. Mientras que como líderes del esquema delictivo están imputados Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico (preso en Viñas Cue), y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, este último prófugo de la justicia.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares, consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y helicópteros. También se incautaron documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

El fiscal Marcelo Pecci hoy debía cumplir 47 años, y su vida fue apagada por el crimen organizado. Sus familiares y amigos participaron hoy en un justo homenaje en su excolegio San José. El agente fiscal Marcelo Pecci es el primer operador de justicia víctima del crimen organizado.

Don Francisco Pecci, padre del doctor Marcelo Pecci, recordó la valentía de su hijo al defender la justicia y su inquebrantable honestidad. Dijo que esperaba que su ejemplo calara en sus colegas, quienes, lamentablemente, no hacen un buen trabajo. «Su entereza, su enamoramiento por el trabajo peligroso que tuvo que realizar molestaba a los desgraciados narcotraficantes que lo marcaron», él decía que no iban a matar a un fiscal. Un día me dijo, «si me matan, papá, será la voluntad de Dios». Es un mensaje para mucha gente que no hace su trabajo como corresponde», señaló el dolido padre del agente fiscal.

El fiscal delegado de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 mientras estaba en su luna de miel en la isla Barú, Colombia. A pesar de que se han detenido y condenado a varios de los autores materiales, todavía no se ha determinado quién ordenó el asesinato del agente fiscal.

Entre los nueve detenidos, seis han sido condenados como autores materiales del asesinato. Se sabe que se pagaron unos 500 mil dólares para el crimen, coordinado por organizaciones transnacionales de la región, pero aún no existe claridad sobre los autores intelectuales.

La causa abierta por la muerte de la niña Thirza Belén Portillo Franco, de 9 años, luego de un procedimiento odontológico, fue elevada a la siguiente etapa para el debate oral.

El juez Mirko Valinotti elevó a juicio oral y público la causa abierta por homicidio culposo contra la odontóloga Sandra Obertino y el anestesista Adrián García.

A la vez, el magistrado imprimió trámite de oposición respecto al pedido de sobreseimiento provisional con relación al también odontólogo Vicente Damián Cabrera, para quien el Ministerio Público requirió la desvinculación provisional de la causa.

La muerte de la niña ocurrió el 12 de noviembre de 2021, en la clínica Mommy Dent, ubicada en Loma Pyta, donde la misma debía someterse a un tratamiento de conducto. Tras aplicársele la anestesia, la niña ya no despertó. Su muerte, según determinó una junta médica, fue por sobredosis de la anestesia.

La justicia convocó para el próximo 10 de octubre al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por el Ministerio Público de cohecho pasivo agravado, por presuntamente recibir favores del narcotraficante Marcus Vinicius.

La jueza interina en la causa estableció la nueva fecha y convocó a las partes a presentarse ante su juzgado para la realización de la audiencia preliminar, que en una primera oportunidad fue suspendida debido a que la defensa no accedió a las pruebas presentadas contra su cliente, según manifestó.

La acusación del Ministerio Público contra Arnaldo Giuzzio es por el tipo penal de cohecho pasivo agravado, debido a que supuestamente recibió favores del narcotraficante Marcus Vinicius. La fiscalía asegura tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior.

«El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio recopilado, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba», sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

Sin embargo, la defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, ya que el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.