El juez Darío Báez solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia la prohibición del ingreso de la actuaria Juliana Romero, cuyo usuario fue utilizado para camuflar el expediente del usurero González Ramón González Daher.

Juliana Romero comentó que se tuvo que levantar un acta para dejar constancia de lo ocurrido y la entrega de la llave de la oficina donde estuvo trabajando. Incluso después del incidente, ella seguía interviniendo en un juicio oral y realizando audiencias de revisiones.

La funcionaria también amplió su declaración ante el Ministerio Público, detallando todo lo que ella considera relevante como colaboración con la investigación para llegar a los responsables de usar su usuario para realizar la modificación del expediente de RGD.

La actuaria, al ser desvinculada de la oficina sin que exista aún una decisión del Consejo de Superintendencia, solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, que se envíe a los funcionarios de Auditoría de Gestión para realizar un corte administrativo de todos los casos que ella venía administrando como actuaria.

La funcionaria señala que el pedido obedece a que «no se ha podido realizar el inventario pertinente debido a que he sido puesta a disposición por parte del magistrado Darío Báez, y por pedido del mismo se ha constituido personal de inspectoría con el fin de que abandone el juzgado, lo cual quedó asentado en el Acta», según el pedido de Juliana Romero.

El propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, reconoció que este clan criminal, que tiene dominio absoluto en el penal de Tacumbú, secuestró y asesinó a un efectivo policial recluido en Tacumbú. Comentó que todos los videos de circuito cerrado fueron apagados a la hora en que se cometió el hecho.

«Tenemos la información de que un policía criminal se había escapado. Según el informe que me dieron esta mañana, parece ser que fue secuestrado por el propio clan Rotela y parece ser que pudieron haberlo matado dentro de nuestra propia penitenciaría. Los circuitos de grabación fueron apagados en el momento del hecho», señaló Barchini.

Barchini reconoció públicamente que el Clan Rotela no solo tiene a la población de Tacumbú a su merced, sino que también tiene un dominio total sobre la estructura misma del penal Nacional, ya que se apagaron los videos de circuito cerrado y se corrió la información de que el efectivo policial imputado por homicidio se había escapado cuando en realidad lo habrían asesinado.

Hasta el momento, no se sabe nada del cuerpo del recluso asesinado ni de su destino final, lo que pone de manifiesto una vez más que la gestión y administración de los penales está muy lejos de ser efectiva, ya que la cruda realidad nos demuestra que el crimen organizado en las cárceles goza de buena salud.

Si el Estado no acelera la habilitación de los nuevos penales de máxima seguridad para separar a prevenidos de condenados y por facciones, es difícil lograr una administración real de los centros penitenciarios que en la actualidad están siendo manejados por clanes criminales.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue consultado por los medios de comunicación sobre la ocupación de las tierras del Ministerio de Defensa en Remanso. Dijo que el Ministerio Público tiene tiempo para investigar dentro del período de prescripción.

Comentó que probablemente iniciarán una investigación si existe mérito, ya que momentáneamente solo se ha informado de lo ocurrido a través de los medios de comunicación, pero cuenta con respaldo documental que desea verificar.

Pidió que no se estigmatice el caso y señaló que recién saltó a la luz pública hace una semana. Por lo tanto, existe suficiente tiempo para iniciar la investigación por parte de la fiscalía solo en caso de que encuentren indicios. Agregó que la invasión de inmuebles está tipificada en el Código de Procedimiento Penal (C. P. P.).

«No es bueno estigmatizar el caso. Tenemos que llevar a cabo un debate serio. La invasión de inmuebles está tipificada como delito en el Código Penal. Pero si hablamos de edificaciones de años y en fase terminal, permítanme tener dudas, ya que no tengo información precisa más allá de la que obtengo de los medios de comunicación. Tenemos tiempo suficiente para investigar durante todo el período de prescripción. Probablemente tomaremos las medidas adecuadas si existe la posibilidad», señaló el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

La semana pasada saltó el escándalo que involucra incluso a un camarista, expresidente de un partido político y otros ocupantes de las tierras del Ministerio de Defensa en Jardines de Remansito.

La actuaria Juliana Romero en una entrevista exclusiva con Judiciales Net, comentó que al descubrir que su usuario fue utilizado para camuflar el expediente de Ramón González Daher, ella tomó decisión de denunciar el hecho el 31 de agosto ante La Corte Suprema de Justicia, ante el Ministerio Público y a la vez pidió la auditoría de su usuario.

Comentó que el juez Darío Báez le dijo por teléfono y en persona que no denunciara el hecho, ya que se “había subsanado” la situación al recuperar el expediente que se intentó revestir con otra carátula a través del usuario de Romero.

“Me enteré del hecho del cambio de carátula el 30 de agosto pasado desde mí usuario, fui hasta la sede del Poder Judicial con doble tapabocas porque estaba de reposo por covid, una vez consultado con mí jefe Darío Báez y la otra actuaria coinciden en que me tranquilice y que no denuncie. Me llamó poderosamente la atención que indagando también me percato que el expediente también despareció del sistema de antecedentes judiciales al cual solo tenemos acceso los actuarios a modo de consulta y no podemos hacer ninguna modificación. El 31 de agosto fui yo quien presentó el escrito de denuncia en las diferentes dependencias del Poder Judicial y el Ministerio Público por recomendación de mi esposo y allegados”, señaló la actuaria Juliana Romero.

Agregó que ni bien fue presentada la denuncia en el juzgado hubo un cambio de actitud tanto del juez como de los otros funcionarios y que ella solo busca llegar a la verdad que para ello recurrió a la CSJ y la fiscalía, para llegar a la persona que efectivamente realizó el acto de corrupción y que va a colaborar con el Ministerio Público en todo lo que sea necesario ya que es la primera que desea saber quién uso su usuario, usuario de uso común en el juzgado.

Señaló que el Ministerio Público retiró solo su computadora del juzgado y que ella también ya entregó su teléfono celular para que realicen la indagación pertinente para deslindar responsabilidades ya que ella no fue la que realizó el cuestionado cambio del expediente.

La fiscal Ruth Benítez se constituyó al juzgado y solo se hizo de la computadora de la actuaria señada por el juez Darío Báez, cuando que fue ella quien antes que el juez realizó la denuncia, según comentó.

El Ministerio Público está obligado a investigar el caso para determinar quién uso el usuario de Juliana ya que ella sostiene que una tercera persona uso su usuario y contraseña.

Las interrogantes que nos deja este caso son si puede una tercera persona incluso ajena al juzgado y de otra dependencia del Poder Judicial realizar el cambio de un expediente al tener acceso al usuario y la contraseña, por qué el juez quiso evitar la denuncia, hay otras personas del juzgado indagadas por el la fiscal Benítez o solo se cierra a los dichos del juez.

Otro aspecto preocupante es la vulnerabilidad del sistema para realizar este tipo de actos de corrupción sumamente graves y que desnuda una vez más que pese a los avances tecnológicos, los funcionarios siguen siendo utilizados por estructuras corruptas capaces de permear cualquier intento de transparencia en el manejo de expedientes.