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Decretan prisión preventiva de cómplice de RGD, según fiscalía

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El juez José Agustín Delmás llevó a cabo hoy la audiencia de imposición de medidas para Roberto Alejandro Garcete, considerado por el Ministerio Público como cómplice de Ramón González Daher en el esquema de usura. En dicha audiencia, el juez decretó la prisión preventiva.

El fiscal Luis Said, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a Roberto Alejandro Garcete Cano, quien fue expresidente del Club Resistencia, así como a sus hijos Roberto Damián Garcete Rodríguez y Fabiana Soledad Garcete Cano.

Además, se imputó a su esposa, Lida Concepción Cano, y a la escribana María De Lourdes Duarte Franco, por supuestos delitos de lavado de dinero, asociación criminal, usura y falsificación de documentos, entre otros hechos punibles relacionados con el clan de RGD.

El Ministerio Público solicitó la aplicación de la prisión preventiva para el imputado, considerando el riesgo de fuga, la posible obstrucción de la investigación y la concurrencia de los delitos imputados.

FOTO: Carlos Ortega periodista de ABC Color.

Remansito: Dos ocupantes entregan las llaves de la propiedad a la Procuraduría

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Después de que el Estado iniciara las primeras acciones legales para recuperar sus tierras de los ocupantes VIP, se confirma la entrega de las llaves por parte de los ocupantes de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional.

Desde la Procuraduría General de la República se confirmó que Hugo Berthold Friesen y Berthold Penner Friesen reconocen la titularidad del Estado paraguayo y desisten de la ocupación, entregando las llaves de acceso a las parcelas que ocupaban en Jardines de Remansito.

«Con este hecho, el Estado toma posesión de una parte de su propiedad y da cumplimiento al mandato del Presidente de la República, quien nos encomendó recuperar lo que es de todos los paraguayos», señaló el procurador Marco Aurelio González.

Esto es solo el inicio de la batalla legal que inicia el Estado para recuperar las tierras del Ministerio de Defensa que le fueron despojadas por un Decreto presidencial para entregárselas a unos pocos ocupantes, quienes estuvieron en el lugar durante dos décadas.»

Ejemplar condena para un hombre que abusó de su propia hija

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Un hombre fue sentenciado a 18 años de cárcel por abuso sexual en niños. Según se probó en el juicio oral, abusó de su pequeña hija de cinco años, el hombre fue descubierto en flagrancia en una oportunidad, además de la presentación de la declaración de la víctima en cámara Gessel.

La agente fiscal Vivian Coronel representó al Ministerio Público en un juicio oral y logró la condena de un hombre a 18 años de prisión, tras ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, siendo víctima su hija biológica de cinco años.

Durante el debate oral, se demostró, mediante la producción de pruebas, la existencia del hecho y la participación del acusado. Por lo tanto, el Tribunal, integrado por los magistrados Herminio Montiel, Marino Méndez y Zunilda Martínez, condenó a la ejemplar pena de 18 años de encierro al encausado. 

Según antecedentes, el abuso sexual, consistente en manoseos, sucedió el 14 de mayo de 2022, a las 19:00 horas aproximadamente, en una vivienda ubicada en la capital del Alto Paraná.  Aquella vez, un vecino sorprendió en flagrancia al abusador estando desnudo sobre su hija menor, quien también se encontraba desnuda, manoseándola y tratando de someterla.

Inmediatamente denunció el hecho y agentes policiales de la zona acudieron al lugar y detuvieron al agresor sexual. Mientras, la menor fue inspeccionada por un médico forense y también evaluada por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas, quienes constataron la agresión sexual.

De igual forma, la niña confirmó plenamente el abuso durante la entrevista realizada en la Cámara Gesell, en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas. Asimismo, se confirmó que con anterioridad el hombre ya había manoseado a su hija. 

El nombre del procesado, de 46 años de edad, y demás detalles del caso se mantienen en reserva, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Primera causa por lavado de dinero precedente del sicariato fue elevada a juicio oral

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La causa abierta a Gudelia Vargas esposa del asesinado Marcio Sánchez, alias Aguacate considerado en su momento como líder de un grupo de sicarios, fue elevada a juicio oral y público por el juez José Agustín Delmás. La mujer esperará su juicio oral en arresto domiciliario.

Gudelia Vargas fue imputada por lavado de dinero, por formar parte del esquema liderado por «Aguacate», la imputada según el Ministerio Público se dedicaba a lavar en bienes el dinero producto del sicariato. 

La expareja de Aguacate tenía negocios a su nombre cuyas ganancias no coinciden con su patrimonio. También tiene a su nombre varias propiedades costosas, según la fiscalía. 

La imputación de Gudelia Vargas se dio luego de varios allanamientos en el departamento de Amambay, donde se incautaron estancias, una vivienda lujosa, 170 cabezas de ganado, siete caballos de carrera y otros. Esta causa sería el primer proceso por lavado de dinero producto del homicidio por encargo.

Preparan importante conversatorio gratuito sobre feminicidio

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El Instituto René Cassin organiza un conversatorio con profesionales referentes en sus áreas para abordar la problemática del feminicidio, que ha experimentado un alarmante aumento en lo que va del año. La actividad está prevista para mañana a las 18:00 a 20:00 horas y se llevará a cabo tanto en modalidad presencial como virtual.

El panel estará integrado por juezas, abogadas especialistas en derechos de la mujer y una periodista, ya que se busca abordar de manera integral el problema, concienciando y educando desde estos espacios, no solo para proteger a las víctimas de violencia, sino también para respetar su calidad de víctimas.

La jueza Pili Rodríguez, una de las panelistas en este conversatorio, comentó a nuestro medio que el feminicidio es una pandemia que debe erradicarse, y por ello surge la iniciativa del Instituto René Cassin para capacitar a los operadores del sistema en esta problemática, reuniendo a profesionales que, desde sus experiencias, puedan contribuir a mejorar el abordaje y prevenir situaciones de violencia con perspectiva de género.

En ese sentido, la jueza Susana Granado expondrá cómo debe ser la atención y contención a las víctimas de violencia, así como las buenas prácticas aplicadas en los juzgados de Paz, con el fin de brindar protección inmediata a las víctimas.

También se abordará la perspectiva del Ministerio Público con la participación de la agente fiscal Susana González, quien cuenta con experiencia en varios casos de feminicidio. Ella hablará sobre la función de la fiscalía especializada en los procesos penales y la importancia de mantener la perspectiva de género al atender los casos de violencia hacia las mujeres.

Igualmente, la periodista Mabel Villamayor, directora de nuestro medio, expondrá la importancia de una comunicación adecuada y cómo debe exponerse la información cuando se trata de las víctimas de violencia.

Además, contaremos con la presencia de María José Durán, del Consultorio Jurídico Feminista, quien hablará sobre los resultados de una investigación en la que se detectaron los nudos críticos del sistema, que impiden llegar eficazmente a las víctimas.

Por su parte, la abogada especialista Liliana Zayas también compartirá desde su experiencia sobre los protocolos y falencias en la protección de los derechos de las mujeres, así como la necesidad de capacitar a los operadores del sistema para proteger a las mujeres de todo tipo de violencia.

El fuero de la Niñez y Adolescencia también será abordado en este conversatorio, a cargo de la magistrada Pili Rodríguez, quien hablará sobre la situación de los niños y adolescentes que quedan huérfanos tras los casos extremos de violencia.

Los interesados pueden inscribirse en los siguientes enlaces: http://wa.me/595984325534 http://wa.me/595986351697 o acudir de manera presencial en O´leary casi Jejui mañana jueves 18:00 a 20:00 horas.

Jueces de sentencia abusan del uso de medios telemáticos, afirma ministra

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En el pleno de la Corte Suprema de Justicia, la ministra Carolina Llanes dio detalles de lo que han detectado en los tribunales de sentencia, el uso excesivo de audiencias telemáticas en casos donde no amerita.

Tras un monitoreo de tribunales de sentencia, se detectó el abuso del uso de medios telemáticos y se les recuerda que de ninguna manera los miembros del tribunal de sentencia o los fiscales pueden estar conectados a distancia para un juicio oral y público.

«Si bien es cierto que los medios telemáticos, conforme a la ley, establecen situaciones excepcionales relacionadas con la seguridad o alguna imposibilidad material de los juicios, pueden excepcionalmente realizarse algunos tramos del juicio oral de manera telemática, no todo el juicio y tampoco que los tribunales de sentencia estén conectados por medios telemáticos», señaló la ministra Carolina Llanes al pleno.

Por ello, exhortó a los jueces de sentencia a realizar las audiencias telemáticas como una excepción y a que recuerden la obligación que tienen de estar presentes en todos los tramos del juicio oral y público.

A la vez, recomendó a todos los jueces de sentencia del país establecer una agenda y no pervertir la ley, lo que podría llevar a nulidades posteriores en el proceso, y que se respeten los principios de inmediatez del C.P.P.

Designan a Marina Soledad Soerensen como jueza de la Niñez y Adolescencia

A propuesta de ministra Carolina Llanes es designada Marina Soledad Soerensen como jueza de la Niñez y Adolescencia de Capital, la nueva jueza jurará mañana mismo por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Se espera mucho de la magistrada para imprimir celeridad en los casos que se encuentran en ese despacho relacionados a la prestación alimentaria y otras cuestiones que deben ser tratados con rapidez para hacer efectivo el derecho de la niñez.

Con seis votos la exdefensora pública con larga trayectoria en el ámbito de la niñez fue designada por la Corte Suprema de Justicia como jueza de a niñez de Capital que será efectiva una vez que preste el juramento que por la premura jurará mañana mismo.

La otra propuesta secundada por el ministro Víctor Ríos, fue la de designar en el cargo al abogado Raul Bogarín Alfonso, hermano de Jorge Bogarín Alfonso miembro del Consejo de la Magistratura, pero solo obtuvo tres votos.

El Hospital psiquiátrico no formuló ni una denuncia de malos tratos a pacientes

Según lo confirmó la defensora general Lorena Segovia, desde la entrada en vigencia de la ley de salud mental están obligados comunicar a la Defensa Pública los malos tratos o si una persona se encuentra en el Hospital en contra de voluntad.

El Ministerio de Salud lleva adelante una intervención en ese Hospital tras la grave denuncia de que pacientes sufrían tratos crueles e inhumanos, lo que motivó una reunión interinstitucional entre Salud, Fiscalía y la Defensa Pública.

“La situación planteada con las denuncias por malos tratos en el Hospital Psiquiátrico motivó semanas atrás la remisión de una comunicación por parte de la defensa pública a dicha institución, recordándoles que por la Ley de Salud Mental (arts. 17 y 24) están obligados a notificar cuando existan sospechas de tratos indignos o inhumanos y ante pacientes internados contra su voluntad, respectivamente. Desde la entrada en vigencia de la ley, en noviembre del año pasado, a la fecha no se realizó en ninguna oportunidad, señaló la defensora general Lorena Segovia.

Hace días se viene realizando una serie de denuncias de familiares e incluso de personas que estuvieron internadas en el lugar que han sufrido abusos de todo tipo durante su estadía en el Psiquiátrico.

La reunión entre las titulares de Salud María Teresa Barán, Emiliano Rolón fiscal general y Lorena Segovia de la Defensa Pública se dio en el mismo predio del Hospital afectado ambas fueron con sus equipos especializados en el tratamiento y abordaje de este tipo de casos.

Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en juicio contra Díaz Verón

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La agente fiscal Nathalia Silva presentó este martes sus alegaciones iniciales ante el tribunal de sentencia que juzga la causa abierta contra el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El Ministerio Público ratificó que la exautoridad y su esposa, María Selva Morínigo, no pueden justificar más de 10 mil millones de guaraníes, fondos que superan el poder adquisitivo legal del matrimonio en el periodo comprendido de 2008 al 2017.

Mencionó la agente fiscal que para lavar el dinero proveniente del enriquecimiento ilícito se utilizaron varios modus operandi, como el uso de la empresa Lagunitas S.A y otras, para la compra de ganado. La otra modalidad fue la elaboración de facturas legales por parte de María Selva Morínigo por trabajos como abogada inexistentes; todos estos extremos el Ministerio Público pretende probar en este debate público que inició formalmente hoy con la exposición del Ministerio Público.

El Ministerio Público detalló por año los montos de ingresos y egresos de los acusados, con lo que se demuestra, según sostiene, que tanto Díaz Verón como su esposa realizaron operaciones e inversiones por montos que superan sus legítimas posibilidades.

El tribunal de sentencia está presidido por el juez Víctor Alfieri, y los miembros son la jueza Alba González y Darío Báez.

Tras permitir el arresto domiciliario para Erico Galeano, la fiscalía confirma a los fiscales

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En una decisión tardía, la fiscal adjunta Soledad Machuca confirmó a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta en el caso de Erico Galeano. La ratificación de los fiscales en el caso llega después de que Erico Galeano fuera beneficiado con el arresto domiciliario.

Los agentes fiscales hoy confirmados en el caso habían solicitado la aplicación de la prisión preventiva para el senador Erico Galeano debido a considerar el riesgo de fuga, la obstrucción y porque está imputado en un crimen cuya expectativa de pena consideran que podría llegar a los 22 años de encierro. Galeano está cumpliendo el beneficio del arresto domiciliario decretado por el juez Gustavo Amarilla, quien tomó la decisión a pedido del fiscal interino Néstor Coronel.

En la causa «A Ultranza», todos los procesados fueron privados de su libertad; sin embargo, Erico Galeano, que supuestamente brindó logística a este grupo, está gozando de un arresto domiciliario con permiso para acudir al Congreso en los días de sesión.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuyen supuestos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

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