El abogado Guillermo Duarte, defensor de Miguel Cuevas, apeló la condena de cinco años de cárcel aplicado al exdiputado por enriquecimiento ilícito.

Alega la defensa que el tribunal ha violado el principio de congruencia y el derecho a la defensa al incluir una pericia ilegal contra el procesado y pide que el fallo sea anulado.

La apelación especial, señala que, “Está claro que no existe congruencia o correspondencia entre el hecho expuesto por el Ministerio Público en su escrito de acusación, sus alegatos iniciales y sus alegatos finales. Tampoco se da este rigor procesal en la sentencia definitiva en lo que respecta al supuesto enriquecimiento ilícito, a pesar de que, tanto la fiscalía como el tribunal, dicen basarse en los egresos del señor Miguel Cuevas”, reza parte de la apelación de la defensa.

Agrega que la defensa tropieza con la imposibilidad de encajar la conducta penal relevante y la conducta señalada por el Ministerio Público, porque el debate oral no sirvió de nada para saber que incremento patrimonial se trató en el juicio y, sobre ese dato saber si el procesado tenía o no capacidad para sostener el incremento que exige el tipo penal.

Asegura la defensa que no se tiene una cifra que englobe todo lo que gastó el señor Miguel Cuevas en el tiempo que fue funcionario público, porque en el momento en que aparecen las cifras atribuidas como egresos del imputado todas las partes utilizaron sus medios técnicos, con lo que la acusación es nula.

Que, incluso hubo tres cifras fluctuantes en este proceso, tanto el auto de apertura, durante el debate oral y lo que señala la sentencia hoy recurrida en apelación especial que busca la nulidad del fallo de primera instancia.

Este lunes debía realizarse la audiencia preliminar para el expresidente de la Dinac Édgar Melgarejo y otros acusados por lesión de confianza, pero, Melgarejo se encuentra con cuadro positivo de covid-19.

El extitular de la Dinac, está acusado por la presunta compra irregular de insumos durante la pandemia del covid-19. El principal acusado dio positivo al virus del covid-19 por lo que diligencia quedó suspendida.

Melgarejo presentó un certificado médico y prueba laboratorial, ante el juez que entiende su caso Raul Florentín quien suspendió la diligencia para todos los acusados y volverá a establecer una fecha de audiencia preliminar.

En el caso se encuentran acusados por lesión de confianza, además de Édgar Melgarejo, el gerente financiero, Juan Carlos Turitich Báez; el coordinador de la Unidad Operativa de Contratación, Marcelo Ovelar; el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix, y la Lic. Luz María Chamorro Báez.

La acusación del Ministerio Público versa sobre el sobre costo para la adquisición de tapabocas durante la pandemia lo que ha producido un perjuicio patrimonial al Estado.

El agente fiscal Osmar Legal, durante su visita a ABC TV, reconoció que los operadores del sistema mal utilizan la herramienta procesal de medida cautelar de prisión preventiva en la mayoría de los casos o el arresto domiciliario cuando no tiene sentido, ya que termina siendo un beneficio para el procesado que va compurgando una posible pena.

Señaló que la evolución de la criminalidad es algo visible y que se tiene que tener las herramientas normativas para pelear contra eso y tratar de llegar lo antes posible al juicio oral y público.

“Tenemos que hacer un mea culpa en general sobre las medidas cautelares, en un tiempo atrás era muy difícil llegar a juicio oral, y como que nos satisfacíamos con la aplicación de la prisión preventiva, que no es la finalidad, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr someter al procesado que incluso puede estar hasta sin medidas alternativas afrontando su proceso, más allá del hecho punible que ocurra y lo importante es que lleguemos a juicio y podamos ejercer la punición a través de una pena. Estamos mal utilizando las herramientas procesales, porque el que el que está preso no molesta., no recusa, quiere que se haga su audiencia”, señaló Osmar Legal.

Agregó que la prisión preventiva no puede ser la única salida para evitar las dilaciones procesales, que deben ser combatidas con mayor rigurosidad, sancionando a los abogados y casando las matrículas de los profesionales que dilatan los procesos.

Dijo que somos uno de los pocos países donde se le da tanta espectacularidad a las medidas cautelares, cuando en realidad debe ser la condena la que debe vender más.

Por otro lado, comentó que la misma Corte Suprema de Justicia está tratando de reencausar la mala utilización de las medidas cautelares de la que también es responsable el Ministerio Público.

Derlis Martínez, uno de los abogados defensores de Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, sostuvo que no existe funcionario público que pueda tener correspondencia en su patrimonio si se le resta el 65% de sus ingresos, como pasó con Díaz Verón.

Señaló que las conclusiones del Ministerio Público son absurdas al sostener que G 10 mil millones es lo que el matrimonio no puede justificar y que superan sus posibilidades económicas.

Además, señaló que van a evidenciar la inexistencia del hecho punible acusado por el Ministerio Público durante el juicio oral, los hechos punibles atribuidos en esta causa son el enriquecimiento ilícito respecto a Díaz Verón y el lavado de dinero en relación a la señora María Selva Morínigo.

«Obsérvese bien que la Fiscalía, de forma irracional y hasta perversa, le cargó gastos de G 5 mil millones a María Selva Morínigo en el capital de Lagunitas S. A, lo que lleva al absurdo que en el 2010, en un solo año, Díaz Verón se enriqueció el 50% de lo que se le atribuye como fiscal general del Estado en siete años. La acusación caerá por su propio peso», aseguró uno de los defensores en la causa durante sus alegatos inciales.

Agregó que esta causa fue abierta por orden de la entonces fiscal general Sandra Quiñónez y que se buscaron peritos externos para, a propósito, hacer que los números del presunto enriquecimiento crezcan en detrimento de los acusados.

El juicio oral proseguirá el próximo 12 de octubre a las 7:30 en la etapa de producción de documentales.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público firmaron un importante acuerdo que busca como resultado la eficiencia en la gestión de los procesos penales, combatir la mora y, con ello, la impunidad.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, suscribieron un convenio para mejorar la administración de los procesos penales. Para ello, ya está instalada una mesa de trabajo interinstitucional para llevar adelante una mejor gestión de causas, mejorando la política criminal.

La presidenta de la Sala Penal, la ministra Carolina Llanes, habló de la importancia que tiene este acercamiento institucional con la fiscalía. Comentó a nuestro medio que el acuerdo busca coordinar mejor la política criminal y que, de hecho, ya existe una mesa interinstitucional para un trabajo coordinado, ya que la CSJ trabaja sobre números y datos concretos que interesan al Ministerio Público. El sistema penal es uno solo con roles distintos de las instituciones, pero es necesario coordinar tareas para lograr resultados sin que ninguna de ellas pierda autonomía.

Con el convenio, se espera instalar un nuevo sistema de gestión en los procesos judiciales, atendiendo la necesidad y el compromiso de fortalecer la política criminal y mejorar la calidad del servicio de justicia, además de reducir la mora judicial y, en consecuencia, la impunidad. En ese aspecto, un diálogo continuo, debido a las necesidades institucionales relacionadas con acordadas y disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia.

El juez de sentencia Federico Rojas habló con nuestro medio sobre la Acordada que busca regular los casos emblemáticos y de personas políticamente expuestas. Señaló que esta Acordada será una guía útil para poner fin a la impunidad y la mala praxis en lo penal.

Comentó que la Acordada está basada en el criterio jurisprudencial, en la experiencia de los tribunales y en lo ya resuelto en varios casos, al igual que lo establece el propio C.P.P. Agregó que se confunde el derecho de la defensa con el derecho a la impunidad, que nadie tiene.

Dijo además que esta Acordada posee una doble importancia. Por un lado, se busca poner un límite al planteamiento de incidentes de recusación cuando se realizan de manera infundada con la finalidad de entorpecer la tramitación del procedimiento. Por otro lado, también sirve de apoyo a los jueces al momento de tomar decisiones.

«La Corte Suprema de Justicia, a través de la Oficina Técnica Penal, está trabajando en la elaboración de una Acordada que sirva de guía para los jueces penales, a fin de que las audiencias de juicios orales no se vean interrumpidas por la presentación de incidentes de recusación cuando son planteados de manera infundada con la finalidad de entorpecer el procedimiento». A menudo, durante la tramitación de las audiencias de juicios orales, fuera del plazo de cinco días que establece el art. 365 del CPP, las partes plantean incidentes de recusación contra los jueces del tribunal de mérito con el único fin de suspender los juicios orales, logrando así la impunidad de los acusados a través de la extinción del proceso o la prescripción de la acción.

Como ejemplo, el magistrado señaló que en las causas donde existen varios acusados, estos plantean incidentes de recusación de manera sucesiva con la sola finalidad de suspender la realización de los juicios orales. «Esta mala praxis tribunalicia, además de atentar contra los principios de buena fe que deben regir la conducta procesal de los intervinientes y de ser un agravante para la medición de la pena, en realidad tiene otra finalidad, y esta es buscar la impunidad de quienes están siendo procesados por la comisión de hechos punibles. De esta forma, se impide al Estado condenar a quien comete un hecho punible, y esto es punible por frustración de la ejecución penal, ya que el Estado no garantiza el derecho a la impunidad bajo el ropaje del derecho a la defensa. Con este instrumento, se busca reafirmar lo que establece el Código Procesal Penal, y no se puede hablar de que la Corte legisla a través de una Acordada», sentenció el doctor Federico Rojas.

Rojas fue recientemente designado juez de sentencia de Capital después de haber sido relator de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia durante 20 años. El magistrado dejó claro que las recusaciones abusivas con el único propósito de lograr la impunidad deben tener un freno y que esta Acordada será fundamental para lograrlo.