El juez de sentencia Federico Rojas habló con nuestro medio sobre la Acordada que busca regular los casos emblemáticos y de personas políticamente expuestas. Señaló que esta Acordada será una guía útil para poner fin a la impunidad y la mala praxis en lo penal.
Comentó que la Acordada está basada en el criterio jurisprudencial, en la experiencia de los tribunales y en lo ya resuelto en varios casos, al igual que lo establece el propio C.P.P. Agregó que se confunde el derecho de la defensa con el derecho a la impunidad, que nadie tiene.
Dijo además que esta Acordada posee una doble importancia. Por un lado, se busca poner un límite al planteamiento de incidentes de recusación cuando se realizan de manera infundada con la finalidad de entorpecer la tramitación del procedimiento. Por otro lado, también sirve de apoyo a los jueces al momento de tomar decisiones.
«La Corte Suprema de Justicia, a través de la Oficina Técnica Penal, está trabajando en la elaboración de una Acordada que sirva de guía para los jueces penales, a fin de que las audiencias de juicios orales no se vean interrumpidas por la presentación de incidentes de recusación cuando son planteados de manera infundada con la finalidad de entorpecer el procedimiento». A menudo, durante la tramitación de las audiencias de juicios orales, fuera del plazo de cinco días que establece el art. 365 del CPP, las partes plantean incidentes de recusación contra los jueces del tribunal de mérito con el único fin de suspender los juicios orales, logrando así la impunidad de los acusados a través de la extinción del proceso o la prescripción de la acción.
Como ejemplo, el magistrado señaló que en las causas donde existen varios acusados, estos plantean incidentes de recusación de manera sucesiva con la sola finalidad de suspender la realización de los juicios orales. «Esta mala praxis tribunalicia, además de atentar contra los principios de buena fe que deben regir la conducta procesal de los intervinientes y de ser un agravante para la medición de la pena, en realidad tiene otra finalidad, y esta es buscar la impunidad de quienes están siendo procesados por la comisión de hechos punibles. De esta forma, se impide al Estado condenar a quien comete un hecho punible, y esto es punible por frustración de la ejecución penal, ya que el Estado no garantiza el derecho a la impunidad bajo el ropaje del derecho a la defensa. Con este instrumento, se busca reafirmar lo que establece el Código Procesal Penal, y no se puede hablar de que la Corte legisla a través de una Acordada», sentenció el doctor Federico Rojas.
Rojas fue recientemente designado juez de sentencia de Capital después de haber sido relator de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia durante 20 años. El magistrado dejó claro que las recusaciones abusivas con el único propósito de lograr la impunidad deben tener un freno y que esta Acordada será fundamental para lograrlo.
