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Crisis penitenciaria en Tacumbú: Ministro advierte sobre “punitivismo populista”

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El ministro Víctor Ríos, ha lanzado un fuerte mensaje durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, alertando sobre la crisis que actualmente azota al penal de Tacumbú. Según el ministro, esta situación es el resultado de una política punitiva populista que ha prevalecido en el sistema judicial, enfatizando que el país se encuentra ante un grave problema de seguridad y derechos humanos.

En un discurso ante sus colegas, el ministro Ríos advirtió que la sensación de inseguridad en la sociedad ha llevado a un enfoque judicial que considera como única respuesta la aplicación de abusiva de la prisión preventiva, sin considerar alternativas más inteligentes. Ríos expresó: «Los jueces de garantía, en ocasiones, no garantizan nada, y si otorgan medidas alternativas, se enfrentan a indicadores negativos que amenazan su confirmación en el cargo. No obstante, este enfoque punitivo nos ha llevado a la situación actual en Tacumbú».

El ministro enfatizó que las penitenciarías en el país son el resultado de una continua violación de los derechos humanos, y el Estado está perdiendo cada día más control sobre las prisiones, permitiendo que los clanes criminales tomen el control de los centros penitenciarios.

«Definitivamente, persistir con el punitivismo populista es como arrojar nafta al fuego», advirtió Ríos. «Hoy en día, incluso un ciudadano que comete un delito menor tiene una alta probabilidad de ser reclutado por clanes criminales como el Clan Rotela o el PCC. En la coyuntura actual, debemos centrarnos en proteger la vida de las personas que se encuentran como rehenes en nuestras cárceles», agregó el ministro.

Desde ayer a la tarde reos que pertenecen al Clan Rotela, siguen manteniendo tomada la cárcel nacional exigiendo que la misma no sea intervenida, que nuevamente habilitada para recibir nuevos reos y que no se tome represalias por lo ocurrido.

Víctor Ríos hizo un llamado a sus colegas en la Corte Suprema de Justicia a considerar seriamente la necesidad de establecer un enfoque conjunto y coordinado con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia para aliviar la sobrepoblación carcelaria y desalentar la cultura que ha prevalecido en el sistema, donde todos los procesados terminan siendo reclutados por clanes criminales. La crisis penitenciaria, según Ríos, es un llamado de atención para reformar el sistema judicial y encontrar soluciones más efectivas y respetuosas de los derechos humanos.

Niños de Colonia Menonita tendrán educación formal gracias a decisión judicial

La magistrada Mónica Duarte ha tomado una decisión histórica que cambiará la vida de los niños de una Colonia Menonita al iniciar el proceso de formalización de su educación.

Estos niños, que previamente recibían educación de una persona sin preparación formal, se enfrentaban a condiciones adversas y maltrato por parte de los administradores de la «escuela».

La acción judicial se desencadenó a raíz de una denuncia presentada por uno de los padres preocupados por la situación educativa de los niños. La jueza Duarte intervino de inmediato y hoy da inicio al proceso formal que permitirá a estos niños asistir a la escuela con docentes acreditados, garantizando una educación adecuada y un ambiente libre de violencia.

El Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan para regularizar la educación en la Colonia Menonita, y los colonos han aceptado los cambios impuestos por la cartera de Estado. El proceso de adecuación curricular y educativa ya está en marcha, marcando un hito en la historia de la colonia.

La labor de la jueza Mónica Duarte en este caso fue fundamental. Tras constatar la falta de inscripción de los niños en el Registro Único de Estudiantes (RUE) y la ausencia de un plan curricular, la magistrada ordenó al Ministerio de Educación iniciar el proceso de regularización y adecuación curricular en la zona, un mandato que fue aceptado y acatado por el ministerio, que comenzará con un plan de actividades este mes de octubre.

Los administradores de la colonia, asesorados legalmente, han manifestado su compromiso de seguir las directivas del juzgado y del Ministerio de Educación para garantizar el cumplimiento de las normas en beneficio de los niños de la zona.

Este es un paso significativo hacia la aplicación efectiva de los derechos de la Niñez en la política educativa a cargo del MEC. Se busca proporcionar estabilidad y acceso a una educación formal que permita a estos niños competir en igualdad de condiciones con sus pares paraguayos, sin renunciar a su cultura propia de la colonia. Este proceso se lleva a cabo con la mira en el interés superior del niño y la coordinación entre el estado y sus organismos pertinentes.

Se lanza libro sobre periodismo de investigación en Paraguay

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Este martes se presentó en sociedad un libro que surge a raíz de un esfuerzo por exponer los obstáculos y desafíos que enfrenta el Periodismo de Investigación en Paraguay. La autora de esta obra es la reconocida periodista Susana Oviedo, quien ha dedicado su carrera a descubrir los casos de corrupción y buscar la verdad detrás de los actos ilegales.

El libro, titulado «El Periodismo de Investigación en Paraguay, Obstáculos y Desafíos,» no solo se centra en exponer los casos más emblemáticos de corrupción pública en el país, sino que también pretende servir como una valiosa herramienta en la lucha contra la impunidad de estos casos.

El periodismo de investigación y los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en exponer la corrupción al escrutinio público y en la lucha contra la impunidad. Esto es el objetivo central del proyecto «Más ciudadanía, menos corrupción» del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).

La Coalición por la Legalidad, un grupo dedicado al estudio de casos de control de la gestión pública es parte de este esfuerzo conjunto, y el lanzamiento del libro forma parte de sus actividades. Alcibiades González Delvalle, respetado periodista y presentador de la obra, expresó su gratitud hacia los periodistas de investigación como Susana Oviedo, ya que, a través de su trabajo, la ciudadanía puede conocer a sus autoridades y, en muchos casos, llevar a la justicia a aquellos que han cometido actos de corrupción.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto, mencionado por Susana Oviedo, la autora del libro es posicionar el periodismo de investigación a nivel nacional e internacional, permitiendo que los periodistas especializados formen una red de comunicadores en Paraguay. Oviedo también destacó que muchos corresponsales del interior del país se sienten aislados y carecen de las garantías necesarias para ejercer su profesión.

El libro aborda el inicio del periodismo de investigación en Paraguay y, al mismo tiempo, menciona varios casos de corrupción pública que han revelado robos millonarios a las arcas del Estado. Esta obra no solo es un testimonio de la importancia de un periodismo independiente y valiente, sino que también ofrece una guía para las generaciones futuras de periodistas que desean seguir el camino de la investigación y la búsqueda de la verdad en beneficio de la sociedad paraguaya.

Giuzzio enfrentará juicio oral por presunta coima

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Arnaldo Giuzzio se presentó este martes a tribunales junto con su abogado Guillermo Duarte para su audiencia preliminar a raíz de la acusación que pesa en su contra por cohecho pasivo agravado.

La fiscalía representada por agente Osmar Legal sostuvo que Giuzzio tiene vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país y que este pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional.

Esta es la teoría que sostiene el Ministerio Público y que en juicio oral deberá probar los extremos acusados. El magistrado de la causa José Agustín Delmás hizo lugar al pedido del Ministerio Público y elevó el caso para el debate público.

“Este juzgado resolvió elevar la causa a juicio oral. Existen pruebas que se debatirán en un juicio oral y público sin entrar en el fondo de la cuestión” argumento el juez Delmás.

Por su parte el abogado Guillermo Duarte quien defiende a Arnaldo Giuzzio solicitó el sobreseimiento de su cliente argumentando que el delito de cohecho pasivo agravado no se configura y no se probó durante la investigación fiscal.

“No puede existir porque no ocurrió. “Hemos ofrecido además como prueba conversaciones de varios empresarios que figuran en el teléfono de Marcus vinicius, entre ellos, José Ortiz, Alquilaba Yasyreta vehículos de Marcus, Tabesa y otros entes. Si por hablar con Marcus vinicius uno va a ser procesado que se procese a todos”, señaló Duarte Cacavelos”.

Caso Pecci: Para fiscal general investigación en Paraguay no impedirá extradiciones

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En declaraciones a ABC Cardinal, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, sostuvo que la apertura de una investigación en nuestro país contra las personas indiciadas por Francisco Luis Correa, no es un impedimento para una posible extradición.

Señaló que se tomaron su tiempo para decidir la apertura de una carpeta investigativa para actuar de manera responsable en base a los dichos del testigo del Ministerio Público de Colombia, quien señaló como presuntos instigadores del crimen del fiscal Marcelo Pecci al expresidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

Agregó que con las declaraciones se Francisco Luis Correa, articulador del crimen del fiscal Pecci, Paraguay adquirió un nuevo status en la investigación al abrirse una arista de la territorialidad sobre las causas del asesinato del agente del Ministerio Público.

“Esta es la primera vez que el acusado hace una declaración con esta precisión”, dijo el fiscal general del Estado Emiliano Rolón.

El fiscal general ordenó este lunes la apertura de una investigación y conformó un nuevo quipo de fiscales integrado por: Cristian Ortiz, Carlos Alejandro Cardozo, Osmar Legal y Francisco Cabrera. Queda como coadyuvante de sus colegas, Manuel Doldán.

La decisión se adoptó luego de la reunión que mantuvieron los fiscales locales con sus pares de Colombia, tras los dichos de Correa, durante su declaración en el marco del proceso que afronta como articulador del atentado que sufrió el doctor Marcelo Pecci.

Arnaldo Giuzzio afronta audiencia preliminar

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El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, afronta desde hoy audiencia preliminar por cohecho pasivo agravado por supuestamente recibir favores del narcotraficante Marcus Vinicius para ser proveedor del Estado, según la fiscalía.

La audiencia preliminar se desarrolla ante el juez que entiende en la causa José Agustín Delmás, quien una vez que concluya la diligencia deberá resolver la elevación de la causa a juicio oral como lo requiere el fiscal del caso Osmar Legal.

La fiscalía asegura tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior, señala que el acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio recopilado, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

Sin embargo, la defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, ya que el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

Tío Rico niega vínculo con el crimen de Pecci y con Cartes

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En declaraciones a ABC TV el abogado Álvaro Arias señaló que su cliente, Miguel Insfrán alias Tío Rico, niega tener algún vínculo con el crimen de Marcelo Pecci y que colaborará con la fiscalía local al igual que con la de colombiana en todo.

Arias, agregó que su cliente no conoce y jamás trató con el expresidente de la República Horacio Cartes, que ello se podrá comprobar con la investigación fiscal al que su representado está abierto e incluso prestar su declaración en persona o por medios telemáticos.

Señaló que su cliente estaba sorprendido por la noticia que lo sindica como uno de los instigadores del atentado que sufrió el fiscal Marcelo Pecci, en Barú Colombia.

“Mi cliente no le conoce al expresidente Horacio Cartes, nunca conversó con él en persona, ni por teléfono, ni por interpósita persona, pueden averiguar todo, ya que según él no tiene ningún vínculo con Cartes”, acotó el abogado Álvaro Arrias defensor de Tío Rico.

El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández resolvió este lunes abrir una carpeta investigativa tras las declaraciones de Francisco Luis Correa, quien sindica como supuestos instigadores del crimen del fiscal Marcelo Pecci, al expresidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán Alias Tío Rico.

El nuevo equipo de fiscales que investigarán el caso la conforman los agentes fiscales; Cristian Ortiz, Carlos Alejandro Cardozo, Osmar Legal y Francisco Cabrera. Queda como coadyuvante de sus colegas, Manuel Doldán.

Obras fantasma: Hugo Javier convocado para su preliminar

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El juez de penal de Garantías José Agustín Delmás fijó fecha de audiencia preliminar para el exgobernador del Departamento Central Hugo Javier González, acusado por lesión de confianza y otros hechos.

La diligencia está fijada del 25, al 27 de octubre, a las 8:00, la audiencia preliminar para el exgobernador de Central Hugo Javier González y otros 32 acusados de haber vaciado las arcas de la Gobernación de Central y dejarlo sin fondos para cumplir los compromisos actuales.

Se trata de la segunda causa abierta por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos que se habrían cometido en la Gobernación.

La acusación sostiene que desde el 1 de marzo de 2019 al 30 de diciembre de 2020, la Gobernación de Central desembolsó indebidamente la suma de G. 24.424.032.733 en concepto de aportes a favor de entidades privadas sin fines de lucro con el fin de solventar los gastos de 51 proyectos presentados ante el organismo. Sin embargo, con estos desembolsos, se ocasionó un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G. 18.384.427.005. Para el Ministerio Público, el monto millonario no tiene respaldo documental y se desconoce el destino del dinero.

Además de Hugo Javier González, también fueron acusados Javier Marcelo Rojas Giménez, Carlos Alberto Giménez Insfrán, Luis Allende Araujo, Edgar José Zaracho Quintana, José Manuel López Duarte, Natalia Soledad Valenzuela Gómez, Fernando José Britez Sánchez, Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, Esteban Alvarez Quevedo, Juan Vicente Caballero Villalba y Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo.

Así como Paulino de los Santos Palacios Recalde, Hugo Javier Cabrera Guerrero, Cirilo Daniel Darmanas Flores, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, Mónica Liliana Benítez Cáceres, Israel Espínola Ferreira, Blas Vicente Oddone Céspedes, Gloria María Barrios Martínez, Juan Dario Cáceres Abbate, Luis María Galarza Ovelar, Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz y Benita Yegros Vallejos.

Otros acusados son Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Diego Augusto Duarte López, Óscar Morel Oses, Juan Robert Jiménez Rolón, Hugo Wilberto Rojas Villagra, Virgilio Acosta Sandoval, Lila Angélica Duarte viuda de Céspedes y Ezequiel Bogado Barrios, quienes afrontarán audiencia preliminar.

Investigan a Horacio Cartes y Tío Rico por homicidio de Pecci

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El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández resolvió este lunes abrir una carpeta investigativa tras las declaraciones de Francisco Luis Correa, quien sindica como supuestos instigadores del crimen del fiscal Marcelo Pecci, al expresidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán Alias Tío Rico.

El Ministerio Público inicia esta investigación utilizando fuentes propias y de cooperación internacional, señala parte de la resolución emanada de la cabeza máxima de la fiscalía.

“De acuerdo a las noticias, el acusado Francisco Luis Correa hizo un recuento cronológico de cómo planearon el crimen y como lo ejecutaron, revelando nombres de quienes estarían involucrados, sostuvo que el exresidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán alias Tío Rico, fueron los autores intelectuales del asesinato”, señala parte del considerando de la resolución del fiscal general para ordenar la apertura de la una causa.

Los investigadores que llevarán adelante las pesquisas son fiscales que desempeñan funciones en la Unidad de Crimen Organizado y Delitos económicos y anticorrupción.

El nuevo equipo de fiscales que investigarán el caso la conforman los agentes fiscales; Cristian Ortiz, Carlos Alejandro Cardozo, Osmar Legal y Francisco Cabrera. Queda como coadyuvante de sus colegas, Manuel Doldán.

La decisión se adoptó luego de la reunión que mantuvieron los fiscales locales con sus pares de Colombia, tras decoraciones de Correa, durante su declaración en el marco del proceso que afronta como articulador del atentado al doctor Marcelo Pecci.

Jiménez Gaona con medidas en la causa Metrobús

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Después de seis meses de la imputación fiscal, el juez Humberto Otazú decretó medidas alternativas a la prisión bajo fianza al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona procesado por presunta lesión de confianza por el fallido Metrobús.

El magistrado estableció una caución personal por G 330 millones como fianza y deberá comunicar al juzgado cuando se va a ausentar del país, como mecanismo para sujetarlo al proceso que se le sigue por las irregularidades en las obras inconclusas del Metrobús.

La imputación contra Jiménez Gaona, menciona, que el 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Agrega que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el acta de imputación contra Jiménez Gaona.

Después de seis meses de haberse formulado la imputación, recién hoy, pudo realizarse la imposición de medidas por las chicanas que se dieron en la causa.

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