La magistrada Mónica Duarte ha tomado una decisión histórica que cambiará la vida de los niños de una Colonia Menonita al iniciar el proceso de formalización de su educación.
Estos niños, que previamente recibían educación de una persona sin preparación formal, se enfrentaban a condiciones adversas y maltrato por parte de los administradores de la «escuela».
La acción judicial se desencadenó a raíz de una denuncia presentada por uno de los padres preocupados por la situación educativa de los niños. La jueza Duarte intervino de inmediato y hoy da inicio al proceso formal que permitirá a estos niños asistir a la escuela con docentes acreditados, garantizando una educación adecuada y un ambiente libre de violencia.
El Ministerio de Educación ha puesto en marcha un plan para regularizar la educación en la Colonia Menonita, y los colonos han aceptado los cambios impuestos por la cartera de Estado. El proceso de adecuación curricular y educativa ya está en marcha, marcando un hito en la historia de la colonia.
La labor de la jueza Mónica Duarte en este caso fue fundamental. Tras constatar la falta de inscripción de los niños en el Registro Único de Estudiantes (RUE) y la ausencia de un plan curricular, la magistrada ordenó al Ministerio de Educación iniciar el proceso de regularización y adecuación curricular en la zona, un mandato que fue aceptado y acatado por el ministerio, que comenzará con un plan de actividades este mes de octubre.
Los administradores de la colonia, asesorados legalmente, han manifestado su compromiso de seguir las directivas del juzgado y del Ministerio de Educación para garantizar el cumplimiento de las normas en beneficio de los niños de la zona.
Este es un paso significativo hacia la aplicación efectiva de los derechos de la Niñez en la política educativa a cargo del MEC. Se busca proporcionar estabilidad y acceso a una educación formal que permita a estos niños competir en igualdad de condiciones con sus pares paraguayos, sin renunciar a su cultura propia de la colonia. Este proceso se lleva a cabo con la mira en el interés superior del niño y la coordinación entre el estado y sus organismos pertinentes.
