El Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de Cordillera, presidido por la camarista Rosa Yambay, emitió un fallo en la que recuerda a los jueces la obligación de expedir sus fallos en un plazo razonable en este fuero tan sensible considerando en interés superior del niño.

En un juicio de filiación una madre recurrió en queja contra el juez que entiende el caso y la cámara de apelaciones hizo lugar al recurso de queja por retardo de justicia y en consecuencia llama la atención al juez de la Niñez y Adolescencia de Cordillera, Víctor José Yahari Cousirat y, le recuerda el deber que tiene como magistrado para evitar dilaciones en el cumplimiento de sus deberes y funciones.

Es su voto la camarista Rosa Yambay señala que, “aunque a la fecha se haya dictado resolución una vez que el tribunal pidió el informe, considero pertinente no solo reflexionar sino llamar la atención en cuanto al principio del plazo razonable, a recibir una respuesta en un plazo acorde y particularmente en el caso concreto, se observa que el beneficio de litigar sin gastos se inició el 28 de octubre del 2022. El procedimiento es sumario, no controvertido, aunque con derecho de la contraparte de controlar la prueba en caso de concederse a quien no califica” señala una parte del extenso argumento de la camarista.

Agrega que el sujeto beneficiario en este caso es un niño, cuyos derechos tiene un plus de protección por la vulnerabilidad, por la propia condición de persona en desarrollo, lo cual se acentúa por no tener sus derechos efectivizados, de ahí que la demora prolongada, para gestionar la provisión de fondos para la realización de la prueba de ADN es por sí misma es una violación de las garantías judiciales.

A los argumentos de la camarista Yambay, se adhirieron sus colegas, Víctor Alfonso Fretes y Ángel Ramón Martínez quien señaló que la sobre carga laboral no es motivo para retrasar los fallos ya que el fuero exige celeridad para hacer efectivo los derechos de la niñez y de las partes en el juicio.

La madre de una adolescente que fue abusada desde los 11 años por su padre biológico lamentó que el juicio oral que estaba marcado para hoy se haya suspendido una vez más a pedido del acusado que presentó un certificado médico.

Señaló que su hija calló por mucho tiempo el abuso sexual a la que era sometida desde su niñez por su propio Papá, lo que le ha ocasionado severos daños emocionales de las a la fecha se sigue tratando para impedir que se haga daño, ya que en varias oportunidades intentó hacerlo.

La madre, desesperada dijo que ya no sabe qué hacer, ni a quién recurrir para lograr que se haga justicia y que su hija pueda cerrar esta etapa trágica y dolorosa en su vida ya que, a cuatro años de haberse presentado la denuncia, a la fecha no se ha llegado a una sentencia y que esto permite que el acusado esté beneficiado con en arresto domiciliario cumpliendo parte de la condena a la que podría ser sentenciado.

“Siento una indignación terrible no sé ni como contarle a mi hija que se suspendió otra el juicio. El tribunal la citó para el juicio oral me estaba asesorando para evitar como madre que ella recaiga y mi hija fue citada para el juicio oral, eso sería volver a revictimizarla después de todo lo que ya sufrió y nos costó salir de eso, no puedo exponerla a una recaída y que nuevamente intente hacerse daño, su vida ya no podría recuperar”, señaló la dolida madre que busca asesoría para evitar que la joven sea expuesta en el juicio y vuelva a repetir lo que ya señaló en su momento en cámara Gessel.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete, resolvió la constitución del médico forense del Poder Judicial al domicilio del acusado para constatar la veracidad de los dichos del acusado quien supuestamente tiene problemas cardiacos.

A la vez el tribunal remitió oficio a la Región Sanitaria en la zona donde reside el acusado para verificar la situación legal del médico que firma el certificado y a la vez el contenido de la misma. Igualmente, la presidenta del tribunal fijó nueva fecha para iniciar el debate oral para el próximo 17 de octubre a las 12:30.

Hoy se retomó el juicio oral y público para el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero respectivamente.

El Ministerio Público resaltó los documentos que desean producir en este debate público, como facturas, constitución de empresas e informes sobre la cantidad de cabezas de ganado a nombre de los acusados, así como los documentos de Tributación.

El tribunal de sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez lleva adelante el juicio oral y público respecto a Díaz Verón y su esposa.

 El Ministerio Público sostiene en su acusación que el matrimonio, no puede justificar más de 10 mil millones de guaraníes, fondos que superan el poder adquisitivo legal de Javier Díaz Verón y María Selva Morínigo en el periodo comprendido de 2008 al 2017.

La fiscal Nathalia Silva, señaló durante el juicio que para lavar el dinero proveniente del enriquecimiento ilícito se utilizaron varios modus operandi, como el uso de la empresa Lagunitas S.A y otras, para la compra de ganado. La otra modalidad fue la elaboración de facturas legales por parte de María Selva Morínigo por trabajos como abogadas inexistentes; todos estos extremos el Ministerio Público pretende probar en este debate público que inició formalmente hoy con la exposición del Ministerio Público.

El Ministerio Público detalló por año los montos de ingresos y egresos de los acusados, con lo que se demuestra, según sostiene, que tanto Díaz Verón como su esposa realizaron operaciones e inversiones por montos que superan sus legítimas posibilidades.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Carolina Llanes, emitió declaraciones destacando la necesidad de aplicar con racionalidad la prisión preventiva para abordar la actual crisis penitenciaria en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Llanes hizo hincapié en la importancia de que los jueces cumplan estrictamente la ley y eviten contribuir al fortalecimiento del crimen organizado.

En el pleno de la CSJ, la ministra Llanes señaló que el Poder Judicial lleva años colaborando en la mejora de la administración del sistema penitenciario. A raíz de los datos recopilados, se propuso la iniciativa de una acordada que tiene como objetivo prevenir el abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces de garantía.

«Desde que se sancionó esta acordada, los magistrados han recibido entrenamiento y capacitación para su implementación. Lo único que se espera de los jueces es que cumplan con la ley», subrayó la vicepresidenta de la Corte.

Llanes también expresó la preocupación de la Sala Penal de la Corte Suprema por la crisis penitenciaria y explicó que en cada oportunidad en la que se reúnen con los magistrados, se les recuerda la importancia de aplicar medidas alternativas en los casos que lo ameriten.

La crisis penitenciaria en Tacumbú ha sido motivo de preocupación durante mucho tiempo, con problemas de hacinamiento y condiciones precarias en la Penitenciaría Nacional. Las declaraciones de la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema destaca la necesidad de abordar este problema de manera efectiva y justa, enfocándose en la aplicación adecuada de la prisión preventiva y otorgar medidas alternativas en los casos que ameriten, en lugar de contribuir inadvertidamente al crecimiento del crimen organizado en el país.