El exviceministro de política criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, comentó durante su visita a ABC TV que, según un mapa de riesgo que se había realizado, el principal problema del sistema penitenciario y en particular en la cárcel de Tacumbú es la corrupción.

Señaló que la corrupción va de la mano con el crimen organizado, ya que, gracias a la complicidad de los funcionarios deshonestos, estas organizaciones criminales siguen manteniendo su dominio en los centros penitenciarios.

«En el 2021, conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Anticorrupción, hicimos un mapa de riesgo en la penitenciaría de Tacumbú. Ese mapa permitió evidenciar cuáles son los factores que propician prácticas corruptas dentro de las cárceles y principalmente en Tacumbú. Al definir cuáles son esos factores, es lo que permitió establecer cuáles serán los objetivos y las acciones a tomar para reducir la corrupción que es el otro elemento que va de la mano con el crimen organizado, ya que gracias a la complicidad de los funcionarios deshonestos, estas organizaciones criminales siguen manteniendo su dominio en los centros penitenciarios», señaló Rubén Maciel.

Agregó que se debe trabajar en fomentar la aplicación de medidas alternativas a la prisión para evitar que personas procesadas por hechos punibles simples terminen siendo captadas por estructuras criminales y que para ello es necesario que el Ministerio Público y el Poder Judicial trabajen en mejorar ese aspecto.

Comentó además que las nuevas cárceles están diseñadas en módulos y tienen capacidad para albergar a 3.600 personas, y fueron pensadas para separar a los condenados de los procesados. Dijo que están en condiciones de albergar a personas consideradas de alta peligrosidad y cuentan con un régimen cerrado especial.

El criminólogo Juan Martens dijo a ABC TV que, para evitar que las cárceles sigan siendo el centro de operaciones del crimen organizado es necesario que las instituciones vinculadas con el manejo del sistema carcelario trabajen de manera coordinada.

Afirmó que la crisis penitenciaria debe ser trabajada de manera interinstitucional entre el Ministerio Público que requiere prisión preventiva por cualquier ilícito, el Poder Judicial por la inmensa cantidad de personas privadas de libertad sin condena y el Ministerio de Justicia que debe tener un plan a corto, mediano y largo plazo para que las cárceles no sean un centro de operaciones del crimen organizado.

Señalo que, si bien el gobierno niega la crisis penitenciaria, pero, en contrapartida instala una comisión de crisis, dijo que de las 17.000 personas recluidas, unas 11.000 personas no cuentan con condena.

“Se debe hacer una reingeniería institucional, se debe trabajar en la inseguridad y no esperar que el sistema penal, debemos exigir al ministro de Justicia un plan que no dé garantías que los penales sean un centro de tratamiento y no una base ni escritorio del crimen organizado”, subrayó Martens.

La problemática carcelaria ha venido empeorando en los últimos años, tanto es así que ya no solo se tiene en las cárceles dominio de facciones criminales trasnacionales sino también una local como la del Clan Rotela.

El viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia Rodrigo Nicora, mantuvo este domingo una reunión con guardiacárceles quienes exigen un seguro de vida para ingresar a la cárcel de Tacumbú, donde el Clan Rotela sigue teniendo el control de dicho centro penitenciario.

Nicora, señaló que este domingo harán un relevamiento de las instalaciones para revisar los lugares de los incidentes en Tacumbú, para avanzar respecto a todo lo conversado en el día de hoy con los agentes penitenciarios.

Aseguró que actualmente existe tranquilidad en la cárcel de Tacumbú, reconoció que el ingreso del personal penitenciario está funcionando con el mínimo y que existe avances, que en los próximos días todos los funcionarios ya estarían ingresando con normalidad a sus lugares de trabajo.

“Escuchamos algunas necesidades que ya veníamos conversando previamente, quiero aclarar que ya tuvo una reunión previa el día miércoles, donde se enumeraron todas las necesidades para avanzar en el dispositivo de seguridad del penal. Exigen la ley orgánica del funcionario penitenciario que es una deuda histórica y también hablamos del seguro de vida para los agentes penitenciarios, estamos en un cuarto intermedio, tenemos una dotación que ingresa para el funcionamiento básico del penal. Hoy tenemos una tranquilidad en el penal, eso es lo que prima, la buena convivencia”, señaló a los medios Nicora.

Agregó que el diálogo abierto por el gobierno no es negociar, sino convenir y lograr una solución a toda la problemática carcelaria.

Los funcionarios del Poder Judicial Randolf Carlos Daniel Gaona Presentado y Raul Guerrero Ugarte, detenidos el pasado viernes en tribunales por presuntamente formar parte de un esquema de falsificación de resoluciones judiciales fueron imputados por tres hechos punibles y ya se encuentran en prisión preventiva.

La agente fiscal Irma Llano imputó a los judiciales por acceso indebido a datos, producción de documentos no auténticos y manipulación de traficaciones técnicas, por el concurso de hecho punibles se requirió la prisión preventiva el juez de la causa decretó dicha medida respecto a ambos procesados.

“Se ha creado documentos de contenido falso con código QR que direcciona a un dominio que no corresponde a la del poder judicial y dan como autentica pues al realizar la verificación de las mismas, no existen. La gravedad del hecho se debe a que dichos documentos falsos son en algunos casos sobre resoluciones judiciales electrónicas del Poder Judicial de la República del Paraguay, identificándose varios documentos con dichas características”, señala el relato del Ministerio Público.

El grave hecho fue denunciado por la propia directora de Tecnología del Poder Judicial, quien al percatarse del hecho comunicó al Ministerio Público que ya pudo dar con los primeros partícipes de esta red de falsificación de resoluciones judiciales.

El pasado viernes el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos para desbaratar el esquema de falsificación e incautó varios elementos para someter a pericia.