Los acusados, propietarios de Insumos Médicos (IMEDIC), declararon en el juicio por supuesta compra irregular de camas hospitalarias. Alegan desconocimiento y enfrentan acusaciones de la Fiscalía.
En el marco del juicio oral y público que enfrentan Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, propietarios de la firma Insumos Médicos (IMEDIC), los acusados prestaron declaración ante el tribunal por su presunta participación en la compra irregular de camas hospitalarias.
El proceso los acusa de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, relacionados con la adquisición de 400 camas hospitalarias manuales y 50 camas hospitalarias eléctricas sin la autorización técnica de la Dirección de Vigilancia Sanitaria.
Justo Ferreira, en su testimonio, afirmó que no estaban al tanto de que los productos no podían ser despachados y que las camas no estaban dentro de la licitación. «Llamamos a la empresa encargada y nos dijeron que no habíamos recibido la lista completa debido a la diferencia horaria», declaró Ferreira. Además, alegó que desconocía algunos de los trámites aduaneros y que la empresa experimentó un cambio en la Dirección de Vigilancia Sanitaria en medio del proceso.
En un momento emocional, Justo Ferreira afirmó que habían sido víctimas de un ataque mediático sin precedentes, mencionando que la empresa había sido calificada como una «empresa de maletín». Sin embargo, subrayó que IMEDIC había operado en el país durante 15 años y que, como resultado de las acusaciones, habían perdido el apoyo de los bancos y que la empresa se encontraba en una situación financiera precaria.
Por su parte, Patricia Ferreira explicó que, en medio de la pandemia, no consideraron que se trataba de contrabando debido a los trámites realizados. «Cuando llegó el vuelo con la carga, nos dimos cuenta de que habían llegado las camas. En la lista de cargas no figuraban esos productos, y no recibimos ningún informe», señaló.
La fiscalía mantiene que los Ferreira formaron parte de la compra irregular de camas hospitalarias que no contaban con la autorización técnica necesaria, mientras que los acusados defienden su inocencia basándose en desconocimiento y cambios en los procedimientos durante la pandemia.
