El coordinador de la Defensa Pública Penal de Capital, Adrián Arévalos, expresó su preocupación por la cantidad de casos que están gestionando los defensores públicos penales especializados de Capital, ya que no están dando abasto debido a la recepción indiscriminada de casos en los que deben ejercer su representación.

Esto fue mencionado en relación a la advertencia de un tribunal de sentencia al defensor público Martín Muñoz, quien no pudo llegar a tiempo a un juicio oral, ya que se encontraba en otro juicio oral y público, señaló que los tribunales de sentencia deben mostrar tolerancia.

Dijo que los jueces también enfrentan dificultades debido a la saturación en esta etapa del proceso y, en ocasiones, no pueden cumplir con los horarios de los juicios establecidos, debido a la necesidad de concluir diligencias previas, como ocurrió con Muñoz, a quien respaldan debido a su reconocido trabajo y trayectoria en el ejercicio de sus funciones. Esto no puede ser catalogado como negligencia, ya que estaba ocupado en otro juicio oral que se prolongó más de lo previsto.

«El problema es general y se relaciona con la cantidad de renuncias por jubilación. El fuero especializado está sufriendo más, ya que la continuidad de los juicios se ve afectada. Se abren, se cierran, se reprograman, y esto dificulta la posibilidad de analizar las pruebas de manera conjunta, debido a los recesos que afectan la inmediatez en los juicios especializados. El tribunal no da abasto. Estamos considerando emitir un comunicado para informar a la gente que ya no estamos dando abasto. Creo que se necesita tener tolerancia. También es una cuestión de organización lo que está ocurriendo», comentó.

Agregó que los defensores públicos que ejercen representación en el fuero especializado son los abogados Carlos Arce, Martín Muñoz, Francisco Acevedo y Eduardo Velázquez, quienes intentan representar con responsabilidad las causas a pesar de la saturación.

También señaló que es necesario contar con un software de gestión para que las partes puedan acceder a la agenda del tribunal y saber cuáles son las audiencias que se superponen.

El juez José Agustín Delmás elevó a juicio oral y público el proceso abierto por pres unta coima contra la exagente fiscal Ana Girala y otros acusados por montar un esquema de coima en la unidad fiscal de San Lorenzo donde fue titular Girala.

Delmás rechazó los innumerables incidentes presentados por las defensas ya que según explicó todas tienen que ver con cuestiones de fondo que el juzgado no puede estudiar en esa etapa y elevó el caso para el debate público.

Además, el juzgado ratificó las medidas impuestas en su momento contra la exfiscal para asegurar su sometimiento al proceso penal que afronta a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por una víctima de un pedido de coima.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp y, no se limitaron a un solo caso en la que negociaron salidas procesales. Señala la acusación.

Una vez concluida la diligencia, el magistrado decidirá la elevación de la causa a juicio oral y público.

La justicia rechazó la pretensión de la defensa del condenado Anastacio Mieres Burgos, condenado a 25 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad por su participación en el secuestro y homicidio de la joven Cecilia Cubas.

La jueza de ejecución penal de Capital Luz Bogarín, rechazó el pedido de la defensa que buscó dejar sin afecto los 10 años de medida de seguridad que se le impuso al encausado, lo que lo llevará al encierro hasta el 2040.

Con esta decisión Anastacio Mieres está impedido de ser beneficiado con la libertad condicional y una vez que compurgue la totalidad de los 25 años de cárcel, deberá iniciar el cumplimiento de la medida de seguridad que a la fecha no existe un recinto donde esta pena complementaria deba ser ejecutada ya que la ley establece que no debe ser un penal.

La defensa buscó evitar que Mieres Burgos cumpla la medida adicional ya que según manifiestan el condenado no posee antecedentes penales, la familia de la víctima se opuso a dicho pedido y la justicia falló en favor de la familia Cubas Gusinky y ratificó que el hombre está obligado a seguir en prisión hasta compurgar incluso la condena adicional.

La suspensión se debió a una reposición presentada por la defensa, quienes alegaron razones médicas relacionadas con la COVID-19 y la participación de un abogado en otra audiencia.

Sin embargo, la jueza rechazó estas presentaciones, lo que llevó a un recurso en alzada. La abogada Alba Zaracho no pudo asistir debido a su diagnóstico de COVID-19, mientras que el abogado Guillermo Duarte estaba en otra diligencia, lo que también se informó al juzgado.

La audiencia se pospondrá hasta que se resuelva la reposición y se fije una nueva fecha una vez que el expediente baje de la cámara de apelaciones.

Según la acusación del Ministerio Público, José Peirano Basso enfrenta un juicio oral y público por cargos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones.

Se le acusa de haber invertido los fondos de los ahorradores en otra cuenta, lo que llevó al colapso del banco. El agente fiscal Silvio Corbeta afirmó que esta inversión provocó pérdidas mucho mayores de lo esperado en el período 2000-2002.

La exagente fiscal Ana Girala, acusada de formar un esquema de coima en su propia unidad fiscal, afronta audiencia preliminar ante el juez de la causa José Agustín Delmás.

La diligencia pudo iniciar este jueves después de varias suspensiones. El agente fiscal del caso Osmar Legar representa al Ministerio Público en este proceso y expondrá los elementos que sostiene en su acusación contra su excolega, sus funcionarias y un abogado particular.

El Ministerio Público acusó a Ana Girala de montar un esquema de coima en su propia unidad fiscal con sus funcionarias y abogados, quienes también fueron acusados por la fiscalía. Para todos los acusados se pidió juicio oral y público.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp y, no se limitaron a un solo caso en la que negociaron salidas procesales. Señala la acusación.

Una vez concluida la diligencia, el magistrado decidirá la elevación de la causa a juicio oral y público.

Los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos fueron convocados para su declaración en carácter de testigos propuestos por la acusada Margareth Chacón, la diligencia se pospuso porque no estaban conectado a Internet. “Hubo una falta de comunicación entre el juzgado y la defensa”, fue el argumento de la magistrada a cargo del juzgamiento.

Ambos declararán a favor de Chacón considerada cerebro del crimen con la intención de exculparla del atentado del que fue víctima el fiscal Marcelo Pecci.

Por este motivo, quedó postergada la declaración de los Hermanos Pérez Hoyos condenados por el asesinado del Fiscal Marcelo Pecci, quienes renunciaron a su derecho de guardar silencio para aportar datos nuevos a la investigación. La fiscalía tenía previsto consultarles a cerca de las declaraciones del articulador del homicidio Francisco Correa quien nombro al expresidente Horacio Cartes y alias “Tio Rico” como los que habrían ordenado el crimen.

Para este miércoles estaba previsto que declaren los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos condenados a 25 años de cárcel tras ser declarados culpables por formar parte de la logística del crimen. Entregaron el dinero a Francisco correa para financiar el homicidio.

El fiscal de la causa Mario Burgos tenía previsto preguntar a los hermanos Pérez Hoyos  si Horario Cartes y Tío Rico son los que ordenaron el asesinato de Marcelo Pecci como había declarado Francisco Luis Correa, articulador del homicidio.

La audiencia quedó suspendida porque los condenados jamás se conectaron a para el juicio que se realiza de manera virtual. Según señaló  la jueza ni la defensa ni el juzgado realizó la solicitud para el uso de internet que generalmente se hace varios días antes como establece el protocolo.

Si declaró el condenado Cristhian camilo Monsalve, marcador del crimen juntamente con su madre ya que en todo momento siguieron al matrimonio Pecci desde que llegaron a Colombia hasta la Isla de Barú, lugar de asesinato.

Relató que solo tuvo trato directo con Francisco Luis Correa y no con los demás integrantes del grupo criminal. También señalo que recibió por el trabajo de marcación la suma de 20 millones de pesos colombianos, unos 35 millones de guaraníes.

El juicio se retomará el próximo viernes 20 de octubre a las 9 de la mañana.

La propuesta de la Oficina Técnica Penal, busca evitar recibir planteamientos meramente dilatorios y con ello contener las dilaciones indebidas generadas en las causas que ya tienen sentencia firme y deban ser ejecutoriadas.

La presidenta de la Sala Penal Carolina Llanes, explicó a sus pares que se quiere evitar que la Sala siga distrayendo su atención en presentaciones indebidas y maliciosas y descuidar las que merecen una atención por parte de la máxima instancia y con ello también combatir la mora.

“Según un relevamiento que hemos hecho, estas presentaciones terminan siendo declaradas inadmisibles por infundada, se propone una solución evitando que dichos planteamientos ya no se reciban, son presentaciones notoriamente impertinentes y que buscan evitar que se cumplan sentencias firmes”, acotó Llanes.

La propuesta fue circularizada este miércoles en el pleno de la Corte Suprema de Justicia y los ministros estudiarán la iniciativa para hacer sus respectivas colaboraciones y si es viable esta propuesta y cuál es la vía más correcta para ser implementada y, evitar que las chicanas sigan imperando en los tribunales.

Victoria Ledesma, hermana del joven asesinado en plena fiesta el pasado domingo, denunció que uno de los jóvenes imputados como cómplice del crimen de su hermano sigue en la Comisaría sin ser trasladado a un penal, a pesar de la resolución del juez Víctor Hugo Ronzewski.

Se trata de Atilio Ramón Colarte Montiel, quien fue imputado como cómplice del homicidio y continúa detenido en la Comisaría de Villa Hayes sin que el juez asegure que su resolución sea acatada por la autoridad policial.

La joven hermana señala que esta situación la discutió con el juez, quien supuestamente les dijo: «Reipotapio aha ajuka che chupe, además, él es solo cómplice». La familia del joven asesinado busca que se haga justicia, ya que según manifestaron, el único pecado de su hermano Nicolás Ledesma fue haber bailado esa noche con la que fue pareja de quien lo asesinó, en compañía de sus amigos.

«Tenemos el circuito cerrado de todos los ángulos y mi hermano estaba tan solo e indefenso que defenderse le fue imposible y mucho menos correr», lamentó la hermana del joven asesinado, Victoria Ledesma.

De momento, solo Gustavo Daniel Ramón Meza se encuentra privado de su libertad en una cárcel, pero Colarte, quien sería su cómplice, aún sigue en la Comisaría. Los familiares del joven Nicolás consideran que esta situación es un privilegio que incluso es apañado por el magistrado, según alegan.