Derlis Martínez, uno de los abogados defensores de Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, sostuvo que no existe funcionario público que pueda tener correspondencia en su patrimonio si se le resta el 65% de sus ingresos, como pasó con Díaz Verón.
Señaló que las conclusiones del Ministerio Público son absurdas al sostener que G 10 mil millones es lo que el matrimonio no puede justificar y que superan sus posibilidades económicas.
Además, señaló que van a evidenciar la inexistencia del hecho punible acusado por el Ministerio Público durante el juicio oral, los hechos punibles atribuidos en esta causa son el enriquecimiento ilícito respecto a Díaz Verón y el lavado de dinero en relación a la señora María Selva Morínigo.
«Obsérvese bien que la Fiscalía, de forma irracional y hasta perversa, le cargó gastos de G 5 mil millones a María Selva Morínigo en el capital de Lagunitas S. A, lo que lleva al absurdo que en el 2010, en un solo año, Díaz Verón se enriqueció el 50% de lo que se le atribuye como fiscal general del Estado en siete años. La acusación caerá por su propio peso», aseguró uno de los defensores en la causa durante sus alegatos inciales.
Agregó que esta causa fue abierta por orden de la entonces fiscal general Sandra Quiñónez y que se buscaron peritos externos para, a propósito, hacer que los números del presunto enriquecimiento crezcan en detrimento de los acusados.
El juicio oral proseguirá el próximo 12 de octubre a las 7:30 en la etapa de producción de documentales.
