El juez Darío Báez solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia la prohibición del ingreso de la actuaria Juliana Romero, cuyo usuario fue utilizado para camuflar el expediente del usurero González Ramón González Daher.
Juliana Romero comentó que se tuvo que levantar un acta para dejar constancia de lo ocurrido y la entrega de la llave de la oficina donde estuvo trabajando. Incluso después del incidente, ella seguía interviniendo en un juicio oral y realizando audiencias de revisiones.
La funcionaria también amplió su declaración ante el Ministerio Público, detallando todo lo que ella considera relevante como colaboración con la investigación para llegar a los responsables de usar su usuario para realizar la modificación del expediente de RGD.
La actuaria, al ser desvinculada de la oficina sin que exista aún una decisión del Consejo de Superintendencia, solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, que se envíe a los funcionarios de Auditoría de Gestión para realizar un corte administrativo de todos los casos que ella venía administrando como actuaria.
La funcionaria señala que el pedido obedece a que «no se ha podido realizar el inventario pertinente debido a que he sido puesta a disposición por parte del magistrado Darío Báez, y por pedido del mismo se ha constituido personal de inspectoría con el fin de que abandone el juzgado, lo cual quedó asentado en el Acta», según el pedido de Juliana Romero.
