Actuaria sindicada por “desaparecer” el expediente de RGD, fue quien denunció el hecho

La actuaria Juliana Romero en una entrevista exclusiva con Judiciales Net, comentó que al descubrir que su usuario fue utilizado para camuflar el expediente de Ramón González Daher, ella tomó decisión de denunciar el hecho el 31 de agosto ante La Corte Suprema de Justicia, ante el Ministerio Público y a la vez pidió la auditoría de su usuario.

Comentó que el juez Darío Báez le dijo por teléfono y en persona que no denunciara el hecho, ya que se “había subsanado” la situación al recuperar el expediente que se intentó revestir con otra carátula a través del usuario de Romero.

“Me enteré del hecho del cambio de carátula el 30 de agosto pasado desde mí usuario, fui hasta la sede del Poder Judicial con doble tapabocas porque estaba de reposo por covid, una vez consultado con mí jefe Darío Báez y la otra actuaria coinciden en que me tranquilice y que no denuncie. Me llamó poderosamente la atención que indagando también me percato que el expediente también despareció del sistema de antecedentes judiciales al cual solo tenemos acceso los actuarios a modo de consulta y no podemos hacer ninguna modificación. El 31 de agosto fui yo quien presentó el escrito de denuncia en las diferentes dependencias del Poder Judicial y el Ministerio Público por recomendación de mi esposo y allegados”, señaló la actuaria Juliana Romero.

Agregó que ni bien fue presentada la denuncia en el juzgado hubo un cambio de actitud tanto del juez como de los otros funcionarios y que ella solo busca llegar a la verdad que para ello recurrió a la CSJ y la fiscalía, para llegar a la persona que efectivamente realizó el acto de corrupción y que va a colaborar con el Ministerio Público en todo lo que sea necesario ya que es la primera que desea saber quién uso su usuario, usuario de uso común en el juzgado.

Señaló que el Ministerio Público retiró solo su computadora del juzgado y que ella también ya entregó su teléfono celular para que realicen la indagación pertinente para deslindar responsabilidades ya que ella no fue la que realizó el cuestionado cambio del expediente.

La fiscal Ruth Benítez se constituyó al juzgado y solo se hizo de la computadora de la actuaria señada por el juez Darío Báez, cuando que fue ella quien antes que el juez realizó la denuncia, según comentó.

El Ministerio Público está obligado a investigar el caso para determinar quién uso el usuario de Juliana ya que ella sostiene que una tercera persona uso su usuario y contraseña.

Las interrogantes que nos deja este caso son si puede una tercera persona incluso ajena al juzgado y de otra dependencia del Poder Judicial realizar el cambio de un expediente al tener acceso al usuario y la contraseña, por qué el juez quiso evitar la denuncia, hay otras personas del juzgado indagadas por el la fiscal Benítez o solo se cierra a los dichos del juez.

Otro aspecto preocupante es la vulnerabilidad del sistema para realizar este tipo de actos de corrupción sumamente graves y que desnuda una vez más que pese a los avances tecnológicos, los funcionarios siguen siendo utilizados por estructuras corruptas capaces de permear cualquier intento de transparencia en el manejo de expedientes.