Esposo de la jueza Norma Salomón no será juzgado por tráfico de influencia

El abogado Farid González será juzgado solo por extorsión por decisión de la Cámara de Apelación Penal, que, por voto en mayoría, resolvió que el abogado imputado no tiene la calidad de funcionario público y, por ende, no puede ser sometido a proceso como autor de tráfico de influencia.

Relata además el voto en mayoría que un particular sí puede ser imputado como cómplice de un tráfico de influencia, pero que esta situación no está descrita en el acta de imputación del Ministerio Público, a cargo de Federico Delfino.

Con los votos de los camaristas Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias, el esposo de Norma Salomón, Farid González, afrontará imputación solo por un delito, no como pretendía el Ministerio Público al calificar también su conducta por tráfico de influencia al mediar supuestamente con su esposa para que se decretara la detención de una persona acusada de violencia familiar, tras recibir un monto de dinero.

Los votos coincidentes sostienen que «el autor debe poseer necesariamente la condición especial de funcionario público o, en su defecto, tener facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, posición en la que efectivamente no se encuentra el imputado. Si bien un particular podría ser imputado y procesado en calidad de cómplice o instigador respecto al hecho punible de tráfico de influencias, en el presente caso, el relato fáctico expuesto en la imputación no señala a ninguna otra persona como autor, por lo que, de conformidad con la teoría del delito, al ser la instigación y la complicidad categorías accesorias, no pueden existir cuando no existe autoría, pues necesitan ineludiblemente de un autor, es decir, el sujeto que tenga el dominio del hecho», alegan los camaristas que votaron en sentido único. Mientras que el camarista José Waldir Servín votó en disidencia.

La fiscalía imputó al abogado Farid González, esposo de la jueza Norma Salomón, tras un operativo encubierto en el que recibió G 13.800.000 como parte del pago solicitado a cambio de que se decretara la prisión preventiva en un caso de violencia familiar, causa que está a cargo de su esposa, la jueza Norma Salomón.

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