La jueza de la Niñez, Jazmín Hermosilla, ordenó mediante una providencia que un niño quedara en una institución de acogida sin fundamentar debidamente las motivaciones de su resolución para que el niño no quedara bajo la custodia de la abuela. Pasaron casi dos años antes de que se anulara dicha decisión.
La defensora pública, Jariesa Bareiro, explicó a Judiciales Net la triste situación que tuvo que atravesar el niño, que hoy tiene 2 años y 8 meses, después de ser separado de su abuela por una resolución que fue anulada por la Cámara de Apelaciones.
Bareiro señaló que la ley es clara y que solo en última instancia el niño debe ser separado de su familia o familia extendida. En este caso, la abuela siempre quiso hacerse cargo del pequeño, que sufría maltrato por parte de su madre, una mujer con discapacidad auditiva.
La jueza, mediante providencia, ordenó que el pequeño Sebastián quedara en acogida sin fundamentar la resolución. Según explicó la defensora, este motivo llevó a recurrir la decisión, que finalmente fue anulada, retrotrayendo el proceso hasta la recepción de la denuncia y ordenando la restitución inmediata del niño a su abuela.
«Lo más cruel es que él tuvo que volver con un proceso gradual por parte del hogar de acogida y de la abuela, que siempre iba a visitarlo, para que no fuera tan brusco su regreso a su realidad», comentó la defensora pública.
ANTCEDENTES
Sebastián tenía 8 meses de edad y vivía en una ciudad a orillas del río Paraguay junto con su mamá y su abuela. No fue reconocido por su papá al nacer, y su mamá es una persona con discapacidad auditiva y dificultades para comunicarse, ya que desconoce la lengua de señas.
La relación entre la mamá y el papá de Sebastián era conflictiva. El papá inició una demanda por maltrato ante el Juzgado de Paz contra la madre de Sebastián, basándose en una imagen donde se veía la mano de una persona lastimando el rostro del niño. De inmediato, envió la imagen a la actuaria del juzgado, quien luego informó al juzgado y a la defensoría pública.
La defensora pública, Jariesa Bareiro, al enterarse de la situación, acudió a la casa de Sebastián en compañía de la jueza de paz para corroborar lo que estaba sucediendo. En el lugar, conversaron con la abuela del niño, y finalmente, como medida cautelar de urgencia, Sebastián quedó bajo el cuidado de la abuela mientras se investigaba la denuncia.
Horas después, la jueza de la niñez y la adolescencia visitó la casa de Sebastián y ordenó su traslado al hospital de la ciudad y su posterior acogida en una entidad. Considerando que no se cumplían los requisitos para tal medida, la defensora solicitó ante el juzgado el cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia y la Ley 6486/2020. Sebastián debía quedar bajo la custodia de su abuela, pero el pedido fue rechazado.
Ante la negativa, la defensora del niño presentó un recurso de queja por retardo de justicia, que también fue rechazado. Luego presentó una queja por apelación denegada, que fue rechazada nuevamente. Sin quedarse de brazos cruzados, la defensoría presentó un pedido de nulidad y apelación ante la cámara de apelaciones.
Transcurrieron 2 años, y Sebastián seguía en acogida. Mientras tanto, su papá lo reconoció ante el Registro Civil. La investigación de maltrato infantil fue corroborada. El niño había crecido lejos de su familia y sus vínculos cercanos.
Finalmente, la cámara de apelaciones aceptó el pedido de la defensora y ordenó que Sebastián quedara bajo la custodia de su abuela materna, quien ya vivía sola en una pequeña casa. En cuanto al régimen de relación de Sebastián con su mamá, el tribunal resolvió que la madre debía iniciar gestiones para conectarse con su hijo.
