Este lunes el procurador general de la República Marco Aurelio González, presentó un recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral del caso Metrobús, que obliga al Estado a pagar más 16 millones de dólares a la firma Mota-Engil por el frustrado Metrobús.

Sostiene en el escrito de pedido de nulidad que, “se ha condenado al Estado paraguayo a pagar intereses compuestos y eso implica capitalizar intereses. Lo que está prohibido por la ley paraguaya. El tribunal ha dado indemnización de lucro cesante a pesar de la expresa prohibición establecida en el contrato. Tampoco ha fundado cómo se acredito el daño reconocido a Mota Engil ni justificó de manera alguna cómo llego al monto de condena. No ha reconocido al Estado paraguayo las costas, a pesar de ser ganancioso en mayor proporción y conforme está previsto en el reglamento del arbitraje y en la ley paraguaya”, sostiene el escrito presentado.

 Igualmente, sostiene la procuraduría que no se justificó el motivo del rechazo del recurso de rectificación que presentó Paraguay, por lo que hoy recurren a los tribunales locales para evitar pagar la millonaria suma.

En diciembre del año pasado el tribunal arbitral internacional condenó a Paraguay a pagar 16 millones 546 mil dólares con costas por el fallido Metrobús.

La Procuraduría General de la República recibió la notificación del Laudo Arbitral Internacional en el marco de la demanda presentada por la firma Mota-Engil, en la que se resuelve que el Estado debe pagarle casi 17 millones de dólares a la firma recurrente.

Las agentes fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera durante su visita a ABC TV, ratificaron que existen pruebas contundentes que demuestran que Javier Díaz Verón se enriqueció ilegítimamente y que ello se prueba con documentales y la declaración de testigos que el tribunal no tuvo en cuenta.

La fiscal Nathalia Silva mencionó que presentaron la apelación contra la sentencia que absolvió al exfiscal general del Estado y su esposa, porque están seguros del trabajo investigativo realizado incluso cuando el exalto funcionario seguía en el cargo.

Subrayó que el tribunal de sentencia se apartó de la ley y realizó una errónea valoración de las pruebas, excluyendo la declaración del perito Javier González cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Publico, además de excluir sin mencionar por qué no tuvo en cuenta la declaración de la excontadora del matrimonio quien señaló que le pidieron por papelitos ajustar los montos.

“El tribunal hizo una sobrevaloración del tipo penal de enriquecimiento ilícito, el tribunal justifica su fallo diciendo que no existe un delito precedente. El tipo penal no prevé un hecho punible precedente como el cohecho, tráfico de influencia o la falta de correspondencia ante la Contraloría, para nosotros se trata de una incorrecta interpretación la que hace el tribunal y que los lleva a la absolución, es una cadena de razonamiento errónea que conducen a una absolución errónea” afirmó la fiscal Silva.

Por su parte la agente fiscal Claudia Aguilera dijo que el Ministerio Público en todo momento trató de guiar al tribunal al individualizar cada prueba, que, no tuvieron en cuenta la declaración de la testigo como la excontadora de María Selva Morínigo y su nombre no figura en la sentencia del por qué no la tuvieron en cuenta.

Reiteró que el fallo absolutorio de Díaz Verón y su esposa contiene vicios de fundamentación y es contradictoria por lo que debe ser anulada. Ratificaron que el matrimonio no tiene como justificar más de G 10.500 millones en su patrimonio.

Por otro lado, las investigadoras lamentaron que el tribunal haya enviado los antecedentes del perito Javier González al Ministerio Público por supuesta declaración falsa, lo que consideran un amedrentamiento no solo para el perito, sino para la fiscalía al advertirles de la imposición de costas del juicio.

Según el Ministerio Público la organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga usó a siete empresas algunas ya constituidas, otras creadas y a otras se le aumentó el capital para operar bajo el dominio de la organización dedicada al tráfico internacional de droga.

Se trata de las firmas, Grupo Tapyracuai S.A, ARE INVERSIONES S.A, SUMMUM S.A, NOEMACOL, ARTIS S.A, NEUMÁTICOS GUAIRÁ S.A, NOTIA SRL y MAXIGRAINS S.A, empresas que habrían sido usadas para cumplir con el propósito de los criminales.

“El Ministerio Público sostiene que las mismas habrían sido utilizadas para la concreción del tráfico internacional de drogas y otras para el lavado de activos, mediante la inserción del dinero ilícito proveniente de dicha actividad ilícita en el sistema financiero nacional e internacional, en algunos casos habrían sido adquiridas o constituidas durante el periodo de investigación o bien aumentando su capital en dicho periodo”, sostiene parte de la acusación del fiscal Deny Yoon Pak.

La jueza Rosarito Montanía ratifico el comiso de dichas empresas, ya que el Ministerio Público sostuvo durante la audiencia preliminar, que tiene suficiente sustento probatorio para demostrar la hipótesis del Ministerio Público durante el juicio oral.

La acusación sostiene que, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2020 y 2021, varis organizaciones se juntaron en el territorio nacional y concretaron la actividad de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína y el lavado de activos y que estas ganancias fueron i introducidas en el sistema financiero de nuestro país. Esto fue posible mediante la compra de bienes muebles e inmuebles y semovientes y también la circulación de dinero.

“Este grupo criminal que se unió en el territorio paraguayo, se encuentra dividido a su vez en tres organizaciones, una parte de la organización se encuentra liderada por el imputado en estado de rebeldía Sebastián Marset, el otro grupo se encuentra liderado por el imputado Miguel Insfrán y una tercera facción que estaría liderada por un grupo criminal de origen boliviano, encargado de proveer la carga de cocaína a esta organización”, sostiene la acusación.

Recientemente la jueza envió la causa a juicio oral y público para los primeros acusados en la causa, se trata de: Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube, Conrado Ramón Insfrán, Luis Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Colmán Alarcón, Rodrigo Alfonso Resquín, quienes afrontarán juicio oral por tráfico de droga, asociación criminal y lavado de dinero.

Esta madrugada la magistrada Rosarito Montanía envió a juicio oral y público la causa abierta al exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras ocho personas más, mientras que otras cuatro fueron condenadas en procedimiento abreviado por lavado y asociación criminal.

Montanía, admitió la acusación respecto a diez personas y los envió a juicio oral a la vez fueron admitidas las pruebas ofrecidas por el fiscal Deny Yoon Pak como pericias, informes de diferentes órganos estatales y una numerosa cantidad de documentales que prueban como operaba la organización criminal.

En 528 páginas la jueza responde a cada cuestionamiento de las defensas que van desde pedidos de nulidad de la acusación fiscal, exclusión de pruebas, libertad, sobreseimiento y devolución de sus bienes.

Según el relato del Ministerio Público, entre el año 2020 y 2021 varias organizaciones criminales se agruparon en el territorio nacional para concretar una mega estructura de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero. Esto salió a luz mediante la operación “A Ultranza” realizada por la Secretaria Nacional Antidrogas, Senad, la DEA de Estados Unidos y Europol, organismo de seguridad de Europa. La organización criminal estaba encabezada por el Uruguayo Sebastián Marset y su socio el Paraguayo Miguel Angel Insfrán.

Para la Fiscalía el exdiputado Juan Carlos Ozorio en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San Cristóbal facilitó a la organización criminal la referida entidad que representaba, a fin de que los integrantes de la familia Insfrán y su núcleo de personas dedicadas exclusivamente a insertar las ganancias obtenidas por Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico, mediante la realización del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, inserten el dinero proveniente de la mencionada actividad criminal. Mientras que, Alberto Koube, fue quien invirtió en nuestro país dinero de Sebastián Marset, dinero que provenía del tráfico internacional de droga.

Igualmente, la jueza admitió la acusación contra Conrado Ramón Insfrán, Luis Fernando Sebriano, José Enrique Gamarra, Alexis González, Reina Mercedes Duarte, Fátima Irene Koube, María Colmán Alarcón, Rodrigo Alfonso Resquín y elevó el caso a la siguiente etapa de juicio oral. En su mayoría soportan cargos por tráfico de droga, asociación criminal y lavado de dinero.

El juzgado mantiene la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre los acusados, así como el embargo preventivo decretado sobre sus bienes para un eventual comiso.

La jueza también condenó a dos años y seis meses de cárcel a Irma Vergara y Diego José Cubas. Job Von Zastrow Masi a tres años de cárcel y Liz Fabiola Taboada a 3 años y seis meses de encierro.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

La mayor causa abierta contra presuntos integrantes del crimen organizado en nuestro país quienes afrontan audiencia preliminar desde el 12 de septiembre del 2023 podría ir a juicio oral y público.

Para los 14 acusados de participar en un esquema de tráfico internacional de droga, asociación criminal y lavado de dinero concluyó este jueves la audiencia preliminar.

La diligencia se desarrolló por meses ante la jueza del fuero especializado Rosarito Montanía quien llevó adelante uno de los casos sin precedentes abiertos en nuestro país, no solo por la cantidad de acusados sino por la complejidad del proceso, la cantidad de evidencias documentales ofrecidas como prueba entre otros aspectos.

La magistrada se encuentra en estos momentos argumentando su resolución para darla a conocer a las partes una vez superada las cuestiones planteadas por las 14 defensas en esta causa, así como los pedidos de admisión y exclusión probatoria.

La preliminar duró cuatro meses y en esta primera etapa de acusados que afrontaron audiencia preliminar son: el exdiputado Juan Carlos Ozorio, Alberto Koube y otras 12 personas. Mientras que como líderes del esquema delictivo están imputados Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico (preso en Viñas Cue) y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, este último prófugo de la justicia para quienes la causa corre de forma paralela. El agente fiscal de la causa es Deny Yoon Pak

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

Son miles las víctimas del esquema montado para estafar a quienes buscaban ser contratados en IPS, pero ninguno de ellos llegó a serlo, según la información brindada por el Ministerio Público.

El esquema está montado en su mayoría por funcionarios de IPS, de los 13 imputados, 9 son empleados del Instituto de Previsión Social, quienes crearon un esquema de estafa prometiendo cargos.

La agente fiscal Sofia Galeano habló en Monumental AM, del modus operandi del esquema de venta de cargos en IPS, unas cinco a seis personas llegaron a cobrar salario supuestamente como funcionarios de IPS, pero no figuran en la nómina de la Previsional y eran los mismos integrantes del esquema quienes les pagaban su salario de la plata que les pidió para acceder al puesto y hacerles creer que si salían los nombramientos.

«Cobraron salarios pensando que eran funcionarios, pero en realidad no están en la nómina. La red les prometía que supuestamente el siguiente mes ya «cobrarían vía banco. «Eran supuestamente funcionarios de talentos humanos, pero no llegaron a hacer oficina. Les mandaban hacer ‘home office’ y cuestiones así. La red instaba a quienes pagaban a que traigan a «nuevos postulantes», comento a la 1080 la fiscal Galeano.

Para la fiscalía queda claro que los primeros imputados en el caso serían los que tienen mayor responsabilidad en el hecho investigado ya que todos los testigos conducen al Ministerio Público hacia ellos. Se trata de Fátima Agüero, María Lujan Chaparro, funcionaria de IPS; José Agüero y Jorge Aquino.