Con los votos de Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre Canela, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló parcialmente la causa y ordena un nuevo juicio oral para el hijo de Óscar González Daher, procesado por lavado de dinero y declaración falsa.

Para los camaristas que actuaron en calidad de ministros, el tribunal de sentencia incurrió en vicios insalvables como la incongruencia omisiva al no responder a las requisitorias de la defensa, tampoco cuenta con requisitos la sentencia por lo que la misma es nula y debía aplicarse lo establecido en el artículo 473, la de reenviar el caso a un nuevo tribunal de sentencia.

Con los votos en mayoría la Sala Penal, resolvió hacer lugar al recurso de casación planteado por Claudio Lovera, defensor de González Chaves. Igualmente, el tribunal resolvió confirmar el fallo respecto al enriquecimiento ilícito.

Señala el voto del preopinante Cristóbal Sánchez, que. “En atención a lo expuesto, corresponde, declarar la nulidad del apartado 16, de la parte resolutiva de la Sentencia Definitiva Nº 318 de fecha 19 de agosto de 2.021 dictada por el tribunal de sentencia integrado por los Jueces penales: Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús María Riera, dejando sin efecto dicho apartado, por resultar violatorio del principio de congruencia: lo resuelto en acto público, difiere de lo plasmado en la sentencia. Por lo expuesto, a mi criterio corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de casación interpuesto”.

Sigue diciendo el preopinante, “puntualmente en lo que respecta a los hechos punibles de declaración falsa y lavado de dinero, y, en atención a los alcances previstos en los artículos 4 7 3, 4 7 4 y 4 8 O del CPP, considero el reenvío a un nuevo tribunal de sentencia para la reposición del juicio con respecto a los hechos punibles de declaración falsa y lavado de dinero, así corno a la medición de la pena”, dicta el fallo del preopinante al que se sumó luego unas breves consideraciones Gustavo Auadre.

Por su parte la doctora Andrea Vera Aldana, cotó en disidencia por la confirmación del fallo recurrido.

El abogado José Alberto Marcet defensor de la actuaria Juliana Romero, formuló un incidente de nulidad contra el resultado de la pericia de las imágenes de circuito cerrado realizado por el Ministerio Público.

La defensa sostiene que al acceder a una parte de la carpeta fiscal se percató del aberrante informe del perito del Ministerio Público, Juan Pablo Otazú, integrante del Departamento Técnico Acústica e Imagen de la fiscalía, a quien acusan de falsear los hechos, con lo que perpetró el hecho punible de producción mediata e inmediata de documento público de contenido falso, por lo que solicita que una vez confirmado sus dichos sean remitidos los antecedentes del perito a una unidad penal ordinaria para la investigación pertinente.

Señala que el perito afirmó que, en el video de circuito cerrado, no se visualiza a cinco funcionarias del juzgado a cargo de Darío Báez. La defensa en su escrito agrega la fotografía de cinco funcionarias que aparecen de manera reiterada entrando y saliendo del juzgado el día que se hizo “desaparecer” el expediente de Ramón González Daher.

Las funcionarias que aparecen en las imágenes el día del hecho según la defensa son: Patricia Aurora Soloaga, Mabel Clarissa Miranda, Sofía Belén Quintana y Nair María Betharram Villagra.

“De estas funcionarias, a tres de ellas nosotros si las vemos, Patricia Soloaga dos salidas y una entrada a la secretaría del juzgado, Sofía Belén Quintana tiene 16 entradas y salidas a la secretaría, mientras que Nair María Betharram Villagra, tiene un total de 33 entradas y salidas en corto plazo de 7:00 a 11:00 de la mañana, lo que se puede apreciar con la grabación que nos entregaron en la oficina de Atención Permanente. Sería iluso pretender que el perito se excuse en que las mismas no fueron reconocidas”, señala parte del escrito de la defensa para que la pericia de imagen sea excluida de la carpeta fiscal por ser una prueba nula, por faltar a la verdad.

Juliana Romero, es la única funcionaria imputada por el Ministerio Público imputada por sabotaje a sistemas informáticos, por haber supuestamente camuflado el expediente del usurero Ramón González Daher con su usuario y contraseña.

El abogado Guillermo Ferreiro presentó este martes sus alegatos finales en el marco del proceso abierto contra la agente fiscal Stella Mary Cano por haber montado un proceso penal contra el exintendente de Asunción, Mario Ferreiro.

Durante la sesión plenaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Guillermo Ferreiro, presentó sus alegatos finales y señaló que la enjuiciada y suspendida en sus funciones acusó sin prueba alguna, llevó a juicio oral y pidió condena a personas inocentes entre ellas su cliente Mario Ferreiro.

“Aquí hubo mala fe, hubo un procesamiento indebido de personas que nunca debieron ser imputadas y un pedido de condena que no fue convalidado. La sentencia del tribunal fue lapidaria y les insto que lean. Tosa esta causa fue montada, hay una denuncia penal pendiente contra esta fiscal, en cuatro años no tenemos un agente fiscal designado para investigar. Hay malapraxis, se violó la cadena de custodia”, señaló Ferreiro.

Agregó que no se puede tener en el sistema de justicia una agente fiscal que acusa por lesión de confianza sin decir en qué consistió el perjuicio patrimonial. Subrayó que se le acusa a la agente fiscal no por perder un caso, sino por procesar y pedir condena sin ningún elemento probatorio. No describió la conducta de ninguno de los procesados, sentenció el profesional abogado.

El abogado denunciante pidió que la fiscal sea separada del cargo por su grave actuar en la causa de Mario Ferreiro y otros.

La Cámara de Apelación Penal especializada, confirmó la decisión de la jueza Lici Sánchez de inhibir los bienes y cuentas y de la firma Internacional Automóvil Supply y de 12 imputados por integrar el mayor esquema de tráfico de armas en la región.

La firma Suply es considerada el medio principal utilizado para importar las armas que posteriormente fueron entregadas a facciones criminales de Brasil, según la investigación conjunta entre Paraguay y el vecino país.

Los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Andrea Vera Aldana, confirmaron por unanimidad la decisión de la magistrada, para así asegurar al patrimonio en bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo para un eventual comiso.

La operación Dakovo se desarrolló en nuestro país con apoyo de Brasil y Estados Unidos. La investigación desmanteló una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

Tras la pesquisa conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos, se logró dar con un mega esquema de arma tráfico que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de arma en complicidad de efectivos militares.

Dirisio y Nardi recientemente fueron detenidos en Argentina, serán extraditados a Brasil donde responderán por los cargos de tráfico de armas, asociación criminal entre otros crímenes.

El juez penal de garantías Matías Garcete decretó este lunes la prisión preventiva de Rodrigo Montalva. El hombre fue detenido el fin de semana y es una pieza clave de la estructura criminal, para el Ministerio Público.

Según la resolución del Magistrado, Montalva, deberá ir a la penitenciaría más adecuada para su protección y establecida por la Dirección de Institutos penales de acuerdo a la disponibilidad de lugares.

 Rodrigo Emilio Montalva Agüero de 41 años detenido en el caso A Ultranza y considerado presunto operador logístico de la Estructura narco liderada por Sebastián Marset y Miguel Insfrán se presentó a Tribunales para su audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Matías Garcete.

 Fue detenido el pasado sábado por agentes especiales de la SENAD cuando intentaba salir del país hacia Brasil con documentos falsos en Aduanas de Ciudad del Este.

Según la información de inteligencia de la SENAD Rodrigo Montalva ocupaba un papel relevante dentro de la estructura Criminal Liderada por el uruguayo prófugo Sebastián Marset y Miguel Insfrán Alias “Tío Rico”. Se encargaba de la logística para los envíos de cocaína al Brasil y también al lavado de dinero, según las investigaciones.