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La Corte Insistirá con aumento salarial para magistrados y funcionarios

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander Dans, adelantó que insistirán con el pedido de aumento para todos los magistrados del país, así como para todos los funcionarios del Poder Judicial.

Agregó que ya habían incluido en el presupuesto un aumento salarial para todos los jueces de la República, pero esto no fue acogido favorablemente, pero, dijo que van a seguir insistiendo hasta lograr la merecida reivindicación salarial para magistrados y funcionarios.

Dijo que es un tema pendiente para la Corte Suprema Justicia, conseguir el aumento salarial para los administradores de justicia, por lo que, durante la gestión de los nuevos integrantes del Consejo de Superintendencia, insistirán con ello.

“El salario digno para el magistrado y funcionario judicial es un tema pendiente para nosotros y vamos a insistir para lograr eso”, subrayó.

El alto magistrado recordó la delicada labor que cumplen los magistrados en la sociedad para proteger la libertad y los bienes de las personas y que considera que sus remuneraciones deben estar adecuadamente compensadas.

El año pasado magistrados de todos los fueros y asociaciones se unieron para protestar y marchar por un aumento salarial ya que hace una década, sus salarios no han experimentado ninguna variación positiva.

Registro único de violencia contra la mujer: blindar los datos será el principal desafío, afirman

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La fiscal Adjunta Artemisa Marchuck, explicó a Judiciales Net cómo vienen trabajando las distintas instituciones públicas a fin de crear un registro único de violencia contra la mujer, señaló que el principal desafío será evitar la vulneración del sistema.

Mencionó que es un desafío tener un registro único de violencia y que la información sea compartida en tiempo real, la idea es adaptar el sistema y habilitar un campo de acceso común para todas las instituciones involucradas en combatir este flagelo.

Agregó que el sistema a ser utilizado no solo debe ser eficaz para las instituciones sino deberá cuidar todos los aspectos relacionados a los datos de las usuarias y usuarios del servicio que brinda el Estado.

“La idea es ir adaptando y perfeccionando el sistema a fin de unificar los números en tiempo real. Queremos habilitar un campo de acceso colectivo, lo que más tenemos que trabajar a fin habilitar ese sistema unificado es la protección de datos. Tenemos la obligación de resguardar los derechos y garantías constitucionales, sin que ninguna persona con mala intención pueda atropellar los derechos de las usuarias, porque el sistema tenga una debilidad”, señaló Marchuck.

Todas las instituciones que conforman la mesa de trabajo, realizaron la primera reunión este 2024 para avanzar en la puesta en marcha del sistema único de registro estandarizado de violencia contra la mujer en Paraguay.

“Hicimos la presentación de cómo realizar la primera etapa para cumplir con la ley de protección a la mujer” acotó la doctora Artemisa Marchuck.

La iniciativa está liderada por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, la defensora general; la doctora Lorena Segovia, la secretaria de Género del Poder Judicial; Silvia López Safi, la Fiscal adjunta; doctora Artemisa Marchuk, el director general de la dirección de Innovación Estadística del INE; Oscar Barrios y la consultora contratada por la FIIAPP; María Victoria Heikel.

Vicepresidente promete transparencia y combate frontal a la corrupción interna

En una entrevista exclusiva con Judiciales Net, el flamante vicepresidente primero Gustavo Santander Dans, señaló que tiene bien marcada las prioridades que pretenden llevar adelante los nuevos integrantes de la mesa directiva de la Corte Suprema de Justicia.

Una de ellas es la de actuar con transparencia en la administración de recursos, así como la de difundir las decisiones asumidas a nivel administrativo y jurisdiccional. “Transparencia es difundir el resultado de las auditorías, voy a insistir con eso. Los periodistas no deberían tener ninguna traba para acceder al resultado de estas”, señaló Santander Dans.

Agregó que con sus colegas buscarán fortalecer la Dirección de Auditoría Jurisdiccional, que es un mecanismo eficaz para combatir la mora judicial y la corrupción. “La corrupción interna debe combatirse con fuerza, eso se logra por medio de las auditorías, los operadores del sistema deben sentirse controlados por la Corte”, acotó.

Remarcó que la ciudadanía clama por una mejor administración de justicia, y con esa premisa harán todo lo que esté al alcance de ellos para mejorar el servicio de justicia.

Por último, señaló que su elección lo toma como un reconocimiento de sus colegas hacia su labor ya que recientemente llegó a la máxima instancia. Que contribuirá para que se siga construyendo una mejor justicia en base al consenso y pese a las diferencias naturales o de criterio que puedan surgir.

La nueva mesa directora de la Corte Suprema de Justicia asumirá el próximo 26 de febrero y quedó integrada con el doctor Luis María Benítez Riera, como presidente, Gustavo Santander como vicepresidente primero Alberto Martínez Simón, como vicepresidente segundo.

Fiscalía reporta que recibieron más de 95.000 denuncias relacionadas a hurto y robos en el 2023

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Mientras la Policía Nacional reposta un importante descenso de casos de robo o asaltos, no es lo que refleja la estadística del Ministerio Público que recibió un total de 65.025 denuncias por hurto y hurto gravado, más 20.382 casos de robo y robo agravado.

La alarmante cifra demuestra que los índices de robo y hurto están a la orden del día y son las personas asaltadas o robadas camino al trabajo, en sus trabajos o hasta sus casas.

Según los Datos Abiertos del Ministerio Público, en el 2023, a nivel país se registraron 33.140 casos de hurto agravado y 31.885 casos de hurto simple, además 5.884 hechos de robo, 14.498 robo agravado, hurto especialmente grave con 962 casos. Asimismo, se registra 9.134 casos de apropiación. De esta manera, totalizan 95.503 casos de hechos contra la propiedad, aproximadamente 262 a 265 por día y 11 a 10 hechos por hora.

En enero se registraron 2602 casos de hurto y 2656 de hurto agravado. En febrero, 2370 casos de hurto y 2411 de hurto agravado. En marzo, 2824 y 2979, respectivamente. Entretanto en abril fueron 2480 y 2623. En el mes de mayo se registraron 3027 casos de hurto y 3087 de hurto agravado.

 Asimismo, en Junio se denunciaron 2816 Hurtos y 3010 hechos de hurto agravado, en julio 2701 y 2852, en agosto 2745 y 2744, en septiembre fueron 2392 y 2576, en octubre 2924 y 3033, que en noviembre 2613 y 2796, mientras que en diciembre 2391 casos de hurto y 2373 de hurto agravado.

En lo que respecta a robo, se registraron, en el mes de enero 471 casos; en febrero, 403; marzo, 516; abril 449; mayo 596, junio 488, julio 552, agosto 500, septiembre 471, octubre 566, noviembre 456, y diciembre tuvo 416 denuncias.

Cabe destacar que los hechos de robo, robo agravado, hurto, hurto agravado y apropiación se encuentran entre los 10 hechos más frecuentemente atendidos en el Ministerio Público.

Avanza plan para tener un Registro Unificado de Violencia contra la mujer

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Este jueves se realizó una importante reunión entre autoridades de varias institucional que trabajan en el abordaje de la violencia contra la mujer en nuestro país, con el fin de seguir avanzando con la implementación de una plataforma unificada de servicio.

Las instituciones encargadas en abordar la problemática que va en aumento están trabajando para mejorar la comprensión de la magnitud del problema, identificar patrones y áreas críticas, y en última instancia, fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante la violencia de en nuestro país, trabajo que está financiado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Para el efecto se desarrolló la reunión en el Ministerio de la Mujer, para presentar a las autoridades la estrategia con la que será llevado el proyecto de construcción del Sistema de información estadística, que permitirá conocer los servicios prestados a las mujeres y poder lograr así el monitoreo real de la política pública en el ámbito de la violencia y dar cumplimiento al Art. 29 de la Ley No 5.777/16, de “Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia”.

Fue elcabezado el encuentro, por la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, participaron la ministra de la Defensa Pública; la doctora Lorena Segovia, la secretaria de Género del Poder Judicial; Silvia López Safi, la Fiscal adjunta; doctora Artemisa Marchuk, el director general de la dirección de Innovación Estadística del INE; Oscar Barrios y la consultora contratada por la FIIAPP; María Victoria Heikel.

Por el Ministerio de la Mujer además estuvieron las viceministras Silvia Blasco y Sonia Brucke, la directora general Contra Toda Forma de Violencia, Noelia Velazco, la directora general de Políticas de Igualdad y No Discriminación; Ana Pavón y el director de Tecnologías; Richard Suarez.

Se pretende avanzar en el cumplimiento del mencionado de la Ley No 5777/16, que establece la creación del Sistema Unificado y Estandarizado de Registro de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el actual Instituto Nacional de Estadística, el objetivo es mejorar la eficiencia y precisión en la recopilación de información relacionada con casos de violencia en el país. El protocolo propuesto busca establecer un sistema integrado que permita registrar de manera uniforme y detallada los incidentes de violencia, facilitando así la generación de estadística más precisa.

Reglamentan la ley de armas que pone límites a importaciones

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Con el fin de combatir el crimen organizado con el tráfico de armas, miembros del Comité de Defensa Nacional, CODENA, redactó el reglamento que tiene como objetivo principal un mejor control sobre armas de fuego en Paraguay.

El documento contempla varios aspectos como; establece una limitación en cantidad de armas y municiones que pueden ser importadas anualmente, como también los requisitos de control y seguridad de las armas ensambladas y fabricadas en nuestro país. Se unifica el costo del registro de armas para todas las clasificaciones y categorías en un jornal mínimo diario.

Se establecen reglas claras y plazos determinados para todas las gestiones a realizar por particulares, comerciantes y usuarios de armas de fuego, explosivos y afines, aplicando la tecnología al servicio del ciudadano, con la implementación del Sistema Informático Dimabel (SID). 

Igualmente, se modificó el enfoque de control por parte de la DIMABEL, estableciendo parámetros para la comercialización y uso de armas, centrando mayor atención en el diseño y mecanismo de las mismas, no solo en los calibres, como tradicionalmente ocurría.

La reglamentación tuvo como base las necesidades institucionales del estado, a fin de establecer un control efectivo en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el crimen organizado transnacional. Con esta implementación, se busca que la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), como autoridad de aplicación, pueda realizar su gestión de forma más transparente.

La reglamentación también incluye la facilidades para el registro de armas, a fin de incentivar a todos los ciudadanos a registrar sus armas, se brinda facilidades en la gestión y se reduce el costo de registro durante un año a partir de la implementación de este reglamento, mediante la figura del registro de tenencia condicional. Esto significa una disminución del 50 % del costo para el registro de armas y 100% del costo del test de manejo seguro.

Recientemente en Paraguay se desmanteló el mayor esquema de tráfico de armas, que operó a través de la firma IAS, cuyos propietarios están indiciados de haber entregado armas a grupos criminales de Brasil.

Camarista pide a jueces, “no sacrificar derechos y garantías fundamentales”  

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Gustavo Auadre Canela, otro de los camaristas que votó por la nulidad parcial de la condena de Óscar González Cháves, señala en su voto que, en los casos de competencia especial como delitos económicos y crimen organizado, los jueces deben dar respuestas eficaces sin vulnerar garantías fundamentales.

Situación que se da con la valoración correcta de las pruebas, así como sana crítica, lo que no ocurrió con el tribunal de sentencia y tampoco con los camaristas que estudiaron el caso de González Cháves, quien deberá afrontar un nuevo juicio oral por el tipo penal de lavado de dinero y declaración falsa, así como la de realizar una nueva medición de la pena.

Este miércoles se emitió la sentencia que anula parcialmente la condena de González Cháves y se ordena un nuevo juicio oral. Igualmente, se confirmó la condena por enriquecimiento ilícito y el comiso de sus bienes por un monto millonario.

“Estimamos que ello se ubica en torno a una impronta a la cual deben responder eficazmente los operadores del sistema de justicia penal ordinario, o los de la competencia especial en delitos económicos y crimen organizado, para poder ocuparse mejor de los hechos de lavado de dinero, buscando así consolidar una jurisprudencia en la materia, lo que posibilitará la aplicación práctica de la legislación, pero, cuidando que ello no implique sacrificar derechos y garantías fundamentales del procesado”, señala una parte del voto del camarista Gustavo Auadre Canela, que actuó de ministro en esta causa.

Agrega que, el tribunal de sentencia no puede poner en duda la autonomía del tipo penal de lavado de dinero, ya que ello implicaría una obstrucción, entorpecimiento o traba de la labor de investigación, juzgamiento y sanción de un ilícito de relevancia como lo es el lavado de activos.

Que, incluso internacionalmente se han dictado leyes para criminalizar este tipo penal de directa afectación al principio de prevención general, pues en base a un criterio consecuencialista se envía un mensaje a la sociedad.

Además, subraya Auadre Canela, que, dicha posibilidad implicaría una verdadera incoherencia teniendo presente el generalizado esquema de corrupción en el cual se tiene a personas expuestas políticamente o PEP, y la potencial impunidad que sobre éstos siempre gravita.

El Ministerio Público investiga la explosión en la fábrica de Ochsi

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Son dos los agentes fiscales que se encuentran indagando lo ocurrido en la fábrica de Ochsi, donde resultaron afectados más de 30 trabajadores. La fiscalía indaga si existe responsabilidad penal por parte de los dueños de la firma.

El fiscal de turno de San Lorenzo, Gerardo Mosqueira y la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, Lorena Ledesma, intervienen en el caso ocurrido en horas de la tarde del miércoles en la fábrica de embutidos “Ochsi” en la ciudad de San Lorenzo.

Ante esta situación, la agente fiscal Lorena Ledesma junto con el técnico especializado de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público se constituyeron de forma inmediata a verificar la información preliminar y a recabar elementos indiciarios sobre el hecho en sí, así como la eventual responsabilidad por la fuga de este gas. Además, se indaga el cumplimiento o no de las medidas de manipulación de este tipo de compuestos químicos.

En el lugar se visualizó otro balón con similares características, que se encontraba en el mismo lugar. Debido al alto riesgo de una nueva explosión, se realizaron operaciones por parte del técnico especializado para neutralizar, que consistió en abrir la válvula y se conectaron tambores de agua para convertir el amonio en hidróxido de amonio que no es tóxico, y así evitar la propagación de la sustancia tóxica.

Se coordinan las tareas con el agente fiscal de la zona todos los trabajos realizados. Esta mañana el fiscal Mosqueira se constituirá nuevamente en el sitio, con apoyo del departamento de Criminalística de la Policía Nacional, a fin de recabar más elementos.

Según los datos, uno de los balones que contenía el ácido amoniaco explosionó durante la labor de los trabajadores por lo que se produjo la fuga del compuesto químico y en consecuencia resultaron heridas una treintena de trabajadores.

El reporte médico refiere que de las 33 personas afectadas, un total de 14 están en estado crítico, intubadas y en terapia intensiva. A tempranas horas de este jueves se reportó el fallecimiento de un joven de 24 años de edad.

Suspenden audiencia preliminar de defensora pública acusada por coima

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A pedido de la defensa el juez Humberto Otazú suspendió la audiencia preliminar para la defensora pública Yrene Peña Cabral, acusada por el Ministerio Público por presunta coima.

La diligencia debía practicarse en la fecha, pero su defensor tenía otra audiencia marcada en el mismo horario, por lo que requirió que esta sea suspendida ye le magistrado hizo lugar a la solicitud de la defensa.

Peña Cabral, fue acusada por los tipos penales de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, por haber solicitado supuestamente dinero a su asistido para fiscales, abogado y jueces.

La defensora pública fue denunciada por haber requerido suma de dinero presuntamente para las demás partes en un proceso penal donde la misma ejercía la representación de un procesado, incluso habló que el dinero también era para el tribunal de sentencia que debía estudiar el caso.

La acusación del Ministerio Público versa en mensajes extraídos del aparato celular de la hoy acusada, que permite construir el relato fáctico de cómo se perpetro el hecho investigado.

Además de la declaración testifical de la persona a quien asistió la defensora pública Yrene Peña Cabral, son los elementos principales ofrecidos por la fiscalía para probar los extremos acusados. Luego de la audiencia preliminar el juzgado resolverá si eleva de la causa a juicio oral y público como lo requiere el Ministerio Público.

Sala Penal integrada anula parcialmente condena de Óscar González Chaves

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Con los votos de Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre Canela, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló parcialmente la causa y ordena un nuevo juicio oral para el hijo de Óscar González Daher, procesado por lavado de dinero y declaración falsa.

Para los camaristas que actuaron en calidad de ministros, el tribunal de sentencia incurrió en vicios insalvables como la incongruencia omisiva al no responder a las requisitorias de la defensa, tampoco cuenta con requisitos la sentencia por lo que la misma es nula y debía aplicarse lo establecido en el artículo 473, la de reenviar el caso a un nuevo tribunal de sentencia.

Con los votos en mayoría la Sala Penal, resolvió hacer lugar al recurso de casación planteado por Claudio Lovera, defensor de González Chaves. Igualmente, el tribunal resolvió confirmar el fallo respecto al enriquecimiento ilícito.

Señala el voto del preopinante Cristóbal Sánchez, que. “En atención a lo expuesto, corresponde, declarar la nulidad del apartado 16, de la parte resolutiva de la Sentencia Definitiva Nº 318 de fecha 19 de agosto de 2.021 dictada por el tribunal de sentencia integrado por los Jueces penales: Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús María Riera, dejando sin efecto dicho apartado, por resultar violatorio del principio de congruencia: lo resuelto en acto público, difiere de lo plasmado en la sentencia. Por lo expuesto, a mi criterio corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de casación interpuesto”.

Sigue diciendo el preopinante, “puntualmente en lo que respecta a los hechos punibles de declaración falsa y lavado de dinero, y, en atención a los alcances previstos en los artículos 4 7 3, 4 7 4 y 4 8 O del CPP, considero el reenvío a un nuevo tribunal de sentencia para la reposición del juicio con respecto a los hechos punibles de declaración falsa y lavado de dinero, así corno a la medición de la pena”, dicta el fallo del preopinante al que se sumó luego unas breves consideraciones Gustavo Auadre.

Por su parte la doctora Andrea Vera Aldana, cotó en disidencia por la confirmación del fallo recurrido.

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