Gustavo Auadre Canela, otro de los camaristas que votó por la nulidad parcial de la condena de Óscar González Cháves, señala en su voto que, en los casos de competencia especial como delitos económicos y crimen organizado, los jueces deben dar respuestas eficaces sin vulnerar garantías fundamentales.
Situación que se da con la valoración correcta de las pruebas, así como sana crítica, lo que no ocurrió con el tribunal de sentencia y tampoco con los camaristas que estudiaron el caso de González Cháves, quien deberá afrontar un nuevo juicio oral por el tipo penal de lavado de dinero y declaración falsa, así como la de realizar una nueva medición de la pena.
Este miércoles se emitió la sentencia que anula parcialmente la condena de González Cháves y se ordena un nuevo juicio oral. Igualmente, se confirmó la condena por enriquecimiento ilícito y el comiso de sus bienes por un monto millonario.
“Estimamos que ello se ubica en torno a una impronta a la cual deben responder eficazmente los operadores del sistema de justicia penal ordinario, o los de la competencia especial en delitos económicos y crimen organizado, para poder ocuparse mejor de los hechos de lavado de dinero, buscando así consolidar una jurisprudencia en la materia, lo que posibilitará la aplicación práctica de la legislación, pero, cuidando que ello no implique sacrificar derechos y garantías fundamentales del procesado”, señala una parte del voto del camarista Gustavo Auadre Canela, que actuó de ministro en esta causa.
Agrega que, el tribunal de sentencia no puede poner en duda la autonomía del tipo penal de lavado de dinero, ya que ello implicaría una obstrucción, entorpecimiento o traba de la labor de investigación, juzgamiento y sanción de un ilícito de relevancia como lo es el lavado de activos.
Que, incluso internacionalmente se han dictado leyes para criminalizar este tipo penal de directa afectación al principio de prevención general, pues en base a un criterio consecuencialista se envía un mensaje a la sociedad.
Además, subraya Auadre Canela, que, dicha posibilidad implicaría una verdadera incoherencia teniendo presente el generalizado esquema de corrupción en el cual se tiene a personas expuestas políticamente o PEP, y la potencial impunidad que sobre éstos siempre gravita.
