La Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés” convocó a una manifestación pacífica y silenciosa frente a la sede judicial de Villa Hayes, coincidiendo con las jornadas previstas para el juicio oral contra la abogada Zully Ortiz y los propietarios de Vanessa y Asociados.

Las víctimas del denominado caso “Mafia de los Pagarés” se preparan para acompañar de cerca el inicio del juicio oral y público que tendrá como acusados a la abogada Zully Concepción Ortiz, además de Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, propietarios de la firma Vanessa y Asociados.

El Tribunal de Sentencia fijó las jornadas de debate para los días 14, 17 y 18 de agosto de 2026, a partir de las 08:30, en la sede judicial de Villa Hayes. Ante el inicio del juzgamiento, la Coordinadora de Víctimas emitió un comunicado en el que convoca a afectados, familiares y ciudadanos solidarios a concentrarse frente al edificio judicial.

La movilización será de carácter pacífico y silencioso, según anunciaron los organizadores. La convocatoria contempla la presencia de víctimas y familiares con pancartas y mensajes en los que exigirán justicia y un fallo que, según expresaron, sea ejemplar frente a los hechos que denunciaron.

La Coordinadora señaló que su intención es acompañar y vigilar de cerca el desarrollo del proceso, pero sin interferir con la labor de los magistrados, fiscales, abogados y demás operadores de justicia. También aseguró que durante las jornadas se buscará mantener el orden, respetar a los transeúntes y garantizar el libre tránsito en las inmediaciones de la sede judicial.

Reclamo de las víctimas

En su pronunciamiento, los afectados sostienen que la movilización busca mantener visible su reclamo y exigir respuestas de la Justicia. La organización también reclamó el “cese definitivo de los atropellos financieros a los trabajadores” y un castigo para quienes sean encontrados responsables dentro del proceso.

Los organizadores invocaron además el derecho constitucional a la libertad de reunión y manifestación como fundamento de la convocatoria, señalando que la protesta se desarrollará dentro del marco establecido por las normas vigentes.

El juicio oral representa una instancia largamente esperada por quienes aseguran haber sido afectados por las operaciones atribuidas a la denominada “Mafia de los Pagarés”. Durante las tres jornadas fijadas por el tribunal, las partes deberán presentar sus respectivas posiciones y será el órgano de sentencia el encargado de valorar las pruebas producidas durante el debate.

La presencia de las víctimas frente a la sede judicial busca convertirse, de esta manera, en una forma de acompañamiento ciudadano al proceso. Sin interferir en el desarrollo del juicio, pretenden hacer visible su pedido de justicia mientras se define la eventual responsabilidad penal de los acusados.

Las jornadas del 14, 17 y 18 de agosto, desde las 08:30, estarán así marcadas no solo por el inicio del debate oral, sino también por la presencia de las víctimas que anunciaron que permanecerán frente a la sede judicial para seguir de cerca uno de los procesos que consideran de suma relevancia para obtener respuestas sobre el esquema de pagarés que los afectó.

La abogada Zully Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos fueron condenadas a dos años de prisión, con suspensión de la ejecución, tras reconocer los hechos investigados. La causa se originó por mensajes intimidatorios dirigidos contra el director de El Observador por publicaciones vinculadas a la denominada “Mafia de los Pagarés”.

La Justicia condenó a Zully Concepción Ortiz García y Evelin Librada Paredes Frutos a dos años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de coacción y amenaza, tras una investigación del Ministerio Público relacionada con intimidaciones contra un periodista y su equipo de trabajo.

La agente fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, tuvo a su cargo el proceso que culminó con la condena de ambas mujeres. El caso se vinculó directamente con una serie de publicaciones periodísticas sobre la denominada “Mafia de los Pagarés”, que habrían generado posteriormente una serie de mensajes intimidatorios dirigidos al director del medio El Observador.

La sentencia fue dictada por el juez Penal de Garantías de la Capital, José Agustín Delmás Aguiar, mediante la Sentencia Definitiva N.º 47. El magistrado declaró acreditada la existencia de los hechos y la responsabilidad penal de las acusadas.

Investigación por amenazas en redes sociales

La investigación fiscal comenzó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2025. A partir de ese momento, los investigadores analizaron publicaciones y comunicaciones difundidas desde distintos perfiles de redes sociales que contenían expresiones consideradas amenazantes y coactivas contra el periodista y personas de su entorno laboral.

El Ministerio Público desplegó una serie de diligencias para determinar quiénes estaban detrás de las cuentas utilizadas para emitir los mensajes. La pesquisa incluyó declaraciones testimoniales, informes técnicos, datos de telefonía, análisis de perfiles y cuentas de redes sociales, además de otros elementos incorporados a la carpeta fiscal.

La investigación también derivó en allanamientos autorizados judicialmente, durante los cuales fueron incautados dispositivos electrónicos que posteriormente fueron sometidos a análisis y utilizados como elementos probatorios dentro de la causa.

Uno de los puntos relevantes de la pesquisa fue la identificación del usuario de un perfil de Facebook denominado “Luis Alberto Quintana”, desde el cual se habrían realizado algunas de las publicaciones cuestionadas.

Según la investigación fiscal, la cuenta habría sido utilizada por Paredes Frutos, quien tenía acceso al teléfono celular de su entonces pareja. Desde ese perfil se habrían emitido mensajes dirigidos al periodista Carlos Benítez con el propósito de que cesara la cobertura periodística relacionada con la denominada “Mafia de los Pagarés”.

La sentencia tuvo en cuenta la actuación coordinada

La hipótesis presentada por la Fiscalía sostuvo además que Paredes Frutos habría actuado de manera coordinada con Ortiz García, en el contexto de las publicaciones periodísticas que eran objeto de cuestionamientos.

Esta tesis fue posteriormente recogida en la resolución judicial, que estableció la participación de ambas acusadas en los hechos investigados.

Durante la audiencia preliminar, las dos reconocieron los hechos atribuidos y solicitaron someterse a un procedimiento abreviado. Ante esta situación y considerando los presupuestos establecidos por la legislación penal, así como la expectativa de pena aplicable, el Ministerio Público prestó conformidad para la utilización de esta salida procesal.

El procedimiento concluyó con la imposición de una pena de dos años de prisión para cada una, aunque el juzgado dispuso la suspensión de la ejecución de la condena por el mismo periodo.

Restricciones y reparación del daño

La suspensión de la pena quedó condicionada al cumplimiento de determinadas reglas de conducta. Entre ellas figura una medida especialmente vinculada a la protección de la víctima: ambas tienen prohibido acercarse o comunicarse, por cualquier medio, con el periodista afectado.

Además, deberán comparecer periódicamente ante el Juzgado de Ejecución y cumplir con las demás obligaciones establecidas por la resolución judicial.

Como medida de reparación del daño social, el juzgado dispuso que Ortiz García realice durante dos años una donación mensual de G. 2 millones al Centro de Salud de San José de los Arroyos.

En el caso de Paredes Frutos, la obligación será de G. 1 millón mensualmente, también durante dos años y a favor de la misma institución.

Finalmente, ambas fueron declaradas civilmente responsables por los hechos indagados.

Los familiares del fiscal Marcelo Pecci, volvieron a pronunciarse ante las recientes declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y le pidieron no escudarse en la jurisdicción colombiana. Sostienen que existen indicios de que la planificación y la orden para ejecutar el crimen se gestaron en Paraguay.

La familia del fiscal Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia, salió nuevamente al cruce de las declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y expresó su preocupación de lo que consideran una postura evasiva del Ministerio Público paraguayo en la investigación del crimen.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública y al Ministerio Público, los familiares y el equipo legal de Pecci manifestaron su “categórica disconformidad y rechazo” a las reiteradas referencias de Rolón sobre la jurisdicción colombiana. Según la familia, sostener que Colombia tiene la jurisdicción principal y que Paraguay se limita a una cooperación internacional reduce la importancia de una de las principales líneas de investigación: determinar quién ordenó y planificó el asesinato del fiscal.

La familia sostiene que los indicios conocidos hasta ahora apuntan a que la estructura criminal que decidió acabar con la vida de Pecci habría operado desde Paraguay, por lo que considera indispensable que las autoridades nacionales asuman un papel activo en la búsqueda de los autores intelectuales.

La propia Fiscalía paraguaya abrió una investigación

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la familia apunta a una aparente contradicción en la actuación institucional del Ministerio Público.

Según el comunicado, la causa inicialmente vinculada a la cooperación internacional fue abierta durante la administración de la exfiscal general Sandra Quiñónez. Sin embargo, posteriormente, ya durante la gestión de Emiliano Rolón, el Ministerio Público paraguayo abrió en octubre de 2023 una carpeta de investigación independiente, bajo la figura de homicidio doloso y con una numeración propia.

En esa investigación fueron designados los fiscales Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Cristian Ortiz, quienes continúan interviniendo en el caso.

Para la familia Pecci, este antecedente resulta incompatible con la afirmación de que Paraguay únicamente cumple un rol de cooperación con Colombia. Sostienen que la existencia de una investigación penal autónoma demuestra que el Ministerio Público paraguayo asumió competencias concretas para investigar el crimen.

Investigación conjunta con Colombia

Otro de los puntos destacados en el comunicado es el funcionamiento de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre fiscales paraguayos y colombianos.

La familia sostiene que los fiscales paraguayos no están actuando como simples receptores o transmisores de información proveniente de Colombia, sino que forman parte de una estructura investigativa conjunta destinada a esclarecer el asesinato.

En ese contexto, cuestionan que las declaraciones públicas del fiscal general del Estado puedan transmitir la idea de que Paraguay mantiene una participación meramente secundaria, cuando los investigadores paraguayos continúan trabajando en una causa que busca determinar las responsabilidades detrás del magnicidio.

“La orden salió de Paraguay”, el principal argumento

Uno de los argumentos más contundentes planteados por los familiares tiene que ver con declaraciones realizadas en Colombia pocos días después del asesinato.

El comunicado recuerda que el entonces comandante de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, y el entonces fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, señalaron públicamente, el 7 de junio de 2022, que la orden para ejecutar el asesinato habría salido desde Paraguay.

Para la familia, esta afirmación constituye un elemento que no puede ser ignorado por las autoridades paraguayas y refuerza la necesidad de investigar en profundidad el eventual origen de la planificación criminal.

Por ello, reclaman directamente a Emiliano Rolón que no se aparte de la investigación bajo el argumento de la territorialidad, especialmente cuando existen indicios que apuntan hacia Paraguay como posible lugar de planificación y emisión de la orden criminal.

“¿Por qué abrió una carpeta por homicidio doloso?”

La familia formula además una pregunta directa al fiscal general del Estado: si considera que Paraguay carece de jurisdicción o que su intervención se limita a la asistencia internacional, ¿por qué durante su administración se abrió una investigación penal autónoma por homicidio doloso?

El cuestionamiento constituye el eje central del comunicado y busca poner en evidencia lo que los familiares consideran una contradicción entre el discurso público de la máxima autoridad del Ministerio Público y la actuación de la propia institución en el expediente.

También advierten que una postura que califican de contradictoria o evasiva podría terminar favoreciendo las estrategias de defensa de quienes eventualmente sean imputados como responsables del crimen.

Reclamo a la Corte Suprema

La familia Pecci también dirigió su reclamo a las autoridades judiciales y, particularmente, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Sostienen que el paso del tiempo sin resultados respecto de los responsables intelectuales del asesinato aumenta el riesgo de que el caso termine en la impunidad.

En el tramo final de su pronunciamiento, los familiares cuestionan el desempeño del sistema de justicia paraguayo y sostienen que el Estado está fallando no solamente a Marcelo Pecci y a sus allegados, sino también a la sociedad paraguaya.

Un conflicto por la reparación de un televisor de 65 pulgadas derivó en una investigación penal, un allanamiento autorizado judicialmente y ahora en un pedido del Ministerio Público para llevar el caso al debate oral. El episodio vuelve a poner en discusión la utilización de recursos del sistema penal para controversias de bienes de relativamente bajo valor.

Un televisor que ingresó a un servicio técnico para un diagnóstico terminó movilizando distintas instancias del sistema de justicia. La agente fiscal de Ñemby, Gladys González, presentó acusación contra un técnico en electrónica por el supuesto hecho punible de apropiación y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Según la acusación, el caso comenzó el 23 de febrero de 2025, cuando un hombre entregó al técnico un televisor JVC de 65 pulgadas que presentaba problemas de funcionamiento. La finalidad inicial habría sido determinar cuál era la avería del aparato.

Sin embargo, de acuerdo con la versión fiscal, el técnico habría procedido a reparar el televisor sin contar con la autorización previa del propietario y posteriormente estableció en G. 700.000 el costo del trabajo realizado.

El dueño del aparato se habría negado a abonar ese monto, alegando que nunca autorizó la reparación. Ante esa situación, solicitó la devolución de su televisor, pero la restitución no se habría producido de manera inmediata.

El episodio adquirió una dimensión penal cuando, según la acusación, finalmente el técnico entregó al propietario otro televisor: un KOLKE de 60 pulgadas, en lugar del JVC de 65 pulgadas que había recibido originalmente.

Un allanamiento detrás de un televisor

La investigación no quedó solamente en la denuncia y la posterior acusación. Para recuperar el aparato, el Ministerio Público recurrió a la Justicia y obtuvo una autorización judicial para allanar el domicilio del técnico.

Durante el procedimiento, el acusado manifestó que ya no tenía en su poder el televisor JVC que era objeto de la investigación. De esta manera, el operativo no logró inicialmente recuperar el bien denunciado.

Tras la etapa investigativa, la Fiscalía considera que reunió elementos suficientes para sostener la existencia del supuesto hecho punible y la participación del acusado, por lo que ahora pretende que un Tribunal de Sentencia analice el caso en un juicio oral y público.

La Justicia movilizada por una TV

El caso deja una particular postal sobre las prioridades y el despliegue de recursos del sistema penal: un conflicto originado por un televisor terminó con intervención fiscal, actuación judicial, una orden de allanamiento y ahora un pedido de juicio oral.

No se trata solamente del valor económico del aparato, sino de la conducta que la Fiscalía atribuye al acusado y de si esta reúne los elementos necesarios para configurar el delito de apropiación. Esa será, eventualmente, una cuestión que deberá resolver el tribunal competente.

Sin embargo, desde una mirada sobre el funcionamiento del sistema de justicia, el expediente también evidencia cómo el aparato estatal puede desplegar una importante estructura de investigación para resolver una controversia vinculada a un bien de uso doméstico.

La Fiscalía sostiene que su acusación está respaldada por los elementos reunidos durante la etapa preparatoria. Será ahora el órgano jurisdiccional el que determine si corresponde abrir el debate oral y, llegado el caso, si las pruebas permiten establecer responsabilidad penal.

El juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas se puso en marcha este lunes en la causa en la que enfrenta acusación por la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso, relacionada con las certificaciones utilizadas para acreditar su formación en la carrera de Derecho.

Al inicio del debate, el Ministerio Público planteó incidentes para solicitar la inclusión de nuevos elementos probatorios, pese a las dificultades que atravesó la investigación desde su apertura según afirmaron. La Fiscalía recordó que la imputación fue revocada en tres oportunidades, situación que incluso llevó al Ministerio Público a requerir en su momento un sobreseimiento provisional.

Ante el Tribunal de Sentencia, los fiscales sostuvieron que cuentan con elementos suficientes para demostrar la eventual responsabilidad penal de Rivas, pero consideraron necesario incorporar determinados testimonios así como otras evidencias para reforzar la hipótesis sostenida en la acusación.

Entre los testigos cuya incorporación fue solicitada figuran José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES); Óscar Pacielo, además del abogado Federico López Moreira, según lo planteado durante el inicio del juicio.

La causa gira en torno a las presuntas irregularidades detectadas en la documentación con la que Rivas habría acreditado haber cursado y culminado la carrera de Derecho entre los años 2010 y 2015. De acuerdo con la acusación fiscal, no existirían registros académicos suficientes que respalden que el entonces legislador haya cumplido efectivamente con dicho trayecto universitario.

La investigación cobró especial relevancia debido al uso que posteriormente se habría dado a los documentos cuestionados. Según la hipótesis del Ministerio Público, las certificaciones fueron utilizadas para realizar trámites de importancia institucional, entre ellos la obtención de la matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020.

Posteriormente, esa documentación también habría tenido incidencia en su designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La Fiscalía sostiene que Rivas no necesariamente habría elaborado personalmente los documentos cuestionados. La tesis acusatoria apunta a que, presuntamente, habría promovido o inducido su emisión mediante información que no se correspondería con su verdadera trayectoria académica, razón por la cual enfrenta cargos por producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

El debate oral deberá determinar ahora, a partir de las pruebas admitidas y las que eventualmente sean incorporadas, si la acusación fiscal logra demostrar la responsabilidad penal que atribuye al acusado. Como en todo proceso penal, Rivas mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El Tribunal de Sentencia encargado del juzgamiento está integrado por las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo, y el juez Juan Carlos Zárate.

El proceso llega a esta instancia después de una serie de incidencias que marcaron la etapa preparatoria y que incluyeron las sucesivas revocatorias de la imputación y el pedido de sobreseimiento provisional planteado por el propio Ministerio Público. Ahora, con el juicio oral en marcha, las partes deberán confrontar sus respectivas teorías del caso ante el tribunal, que tendrá la responsabilidad de valorar las pruebas y determinar si existe o no responsabilidad penal.